jueves, 22 febrero 2024
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Trabajadores de Sural exigen reactivación de la empresa y pago de beneficios acumulados tras 6 años de paralización

Los afectados solicitan la intermediación del Estado venezolano para reunirse con el propietario de la compañía, alegando que se han vulnerado todas las cláusulas de la contratación colectiva.

Un grupo de trabajadores de la empresa privada Suramericana de Aleaciones denunciaron a Correo del Caroní la incertidumbre en la que viven tras la paralización de la compañía en 2017, desde entonces permanecen en sus casas sin percibir el pago de sus beneficios. Los afectados exigen que se reanuden las actividades o que se les paguen sus prestaciones, en caso de que sea un cierre definitivo.

Según el sitio web de la compañía, Sural fue fundada en 1975 siendo “fabricantes de alambres, conductores de aluminio y aleaciones para el mercado mundial”. Asimismo se aclara que la empresa labora con materiales de CVG Venalum y CVG Alcasa. La compañía es propiedad del empresario colombiano Alfredo Riviere.

Los trabajadores Pablo Salmerón, Richard Rodríguez, Yorbi González, José Córdova e Isaac Carvajal expusieron que la compañía estaba estrechamente ligada a Venalum, ya que le proporcionaba la materia prima para la fabricación de conductores de aluminio.

No obstante, ante la baja productividad de CVG Venalum (en 2017 se acentuó la crisis energética en el país y con ella la muerte de celdas en la estatal), la empresa decidió cerrar sus operaciones y enviar a los empleados a sus casas en el 2017, fecha desde la cual no han vuelto a ser llamados para retomar sus labores.

En este orden de ideas, los trabajadores afirman estar viviendo en la pobreza y la incertidumbre, puesto que no reciben pagos de ningún beneficio más allá del salario mínimo nacional.

“Necesitamos la intervención del Estado venezolano para discutir con Alfredo Riviere cuál será el destino de sus trabajadores. Necesitamos que este empresario dé la cara y que no se esconda tras una supuesta venta. Queremos respuestas por el incumplimiento del contrato colectivo vigente de la empresa. ¿Qué pasará con nuestros años de servicio? Muchos de nosotros tenemos 10, 15, 20 y 30 años de servicio”, manifestaron los perjudicados.

“Desconocemos quiénes son los dueños de la empresa”

Estas declaraciones hacen referencia a una presunta venta de la compañía que fue informada hace un año a los trabajadores. Sin embargo, los obreros aseguran que los gerentes y personal siguen siendo las mismas personas.

“Quizás para evitar presiones de acreedores y trabajadores, ellos salieron con que esa empresa estaba en proceso de venta. Pero nosotros tenemos suspicacias porque vemos al mismo gerente y personal que son los únicos que asisten. Eso es raro. Es como una forma de lavarse las manos del dueño. No sabemos qué objetivo tienen, si están recuperando espacios para venderla o qué sucede. Queremos hablar con los dueños, sea quien sea, para que nos den respuesta sobre qué pasó con nuestros beneficios. Si van a arrancar o no van arrancar”, expuso uno de los afectados.

Hasta el momento, la gerencia tiene comunicación solo con el sindicato, a quien los obreros acusan de estar del lado del patrono y, además, de tener intereses ajenos a los del trabajador. Asimismo, el sindicato permanece en mora electoral.

“Nosotros teníamos un buen contrato colectivo, con tabulador, vacaciones, utilidades. Desde que eso lo cerraron, esa empresa le está pagando a todo el mundo sin importar su rango, semanalmente, 28 bolívares. Eso es hasta ilegal porque esas 4 semanas de 28 bolívares ni siquiera llegan a los 130 bolívares de salario mínimo. Hoy que es 1 de junio todavía no han pagado los mil bolívares de cestaticket que ordenó el gobierno. ¿A quién llamamos si esos son unos dueños que uno no conoce? Según el sindicato, la empresa está contactando con los bancos para gestionar el pago de los mil bolívares”, expresaron los obreros.

Realidad de las empresas privadas en Venezuela

La situación de Sural no es un caso aislado, por el contrario, son muchas las compañías privadas que trabajaban en alianza con las empresas básicas de Guayana y han decidido retirarse del país dejando a sus empleados en un panorama incierto.

Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven) vive la misma situación, la empresa cesó sus operaciones en 2017, mismo año en el que se paralizó Sural, debido a la falta de materias primas y la crisis energética. En el caso de Ferroven, la compañía trabajaba en alianza con las siderúrgicas de Guayana.

Gustavo Barrios, secretario de Trabajo y Reclamo del sindicato de Ferroven, ha venido reclamando y exigiendo una explicación para los obreros desde el año 2021. Sin embargo, el propietario de la empresa, cuya sede principal está en Madrid, no ofrece respuestas.

Otras compañías como CVG Alunasa, ubicada en Costa Rica, también han visto sus operaciones cesadas dada la crisis económica venezolana y, hasta el momento, tampoco se han ofrecido respuestas concretas sobre el futuro de las compañías.