El secretario de organización de la empresa Suramericana de Aleaciones (Sural), Winder Reinosa, denunció en entrevista con Correo del Caroní que tras el incremento del valor del bono de alimentación en 2022, la compañía suspendió los pagos al personal que desde 2017 se mantenía fuera de planta, debido a la crisis económica. En este sentido, el dirigente consideró esto como una ola de despidos indirectos y exige que el sindicato pueda tener una reunión con la directiva de la empresa.
“La empresa fue vendida en un porcentaje. Es lo que nosotros conocemos. Hay una gente que está invirtiendo en esta empresa desde el año 2019, hay mesas de diálogo para invertir. Tenemos conocimiento de que compañeros nuestros han sido llamados para que hagan algunas labores allá. Una vez que se aumentó el cestaticket a 40 dólares, el año pasado, Sural suspendió el salario y eso se entiende como un despido indirecto”, expresó Reinosa.
Sural es una empresa privada productora de conductores de aluminio, cuya materia prima le compraban a CVG Venalum. En 2017 la empresa ejecutó un cierre técnico cuando envió a los trabajadores a sus casas y continuaba pagándoles el salario mínimo sin beneficios. No obstante, ante la subida del valor del cestaticket a 40 dólares durante el 2023, el sindicato refiere que la empresa suspendió los pagos de forma definitiva.
En junio de 2023, un grupo de trabajadores denunció a este medio que la empresa había sido presuntamente vendida; sin embargo, no había claridad en cuanto a esta negociación y además aseguraron que les adeudaban 6 años de beneficios incumplidos.
“Durante 2023 todavía cobrábamos el salario, debido a un acta que se firmó en diciembre de 2022 para cumplir con los compromisos adquiridos de la empresa, se supone que la planta arrancaría en marzo de 2023 y los trabajadores permanecerían en sus puestos. Cuando llegó el aumento del cestaticket, la empresa incumplió ese punto. Actualmente la empresa se está preparando para un arranque desde el año 2021. Hacen mantenimiento preventivo y correctivo para ese posible arranque. Había unos acuerdos firmados con la directiva de Pedro Maldonado, cuando llegó la junta interventora ese negocio se cayó y todo quedó en un limbo, inclusive los trabajadores”, acotó Reinosa.
300 dólares en concepto de prestaciones
El dirigente sindical manifestó que la empresa está “jugando al desgaste” para que los trabajadores decidan renunciar, ofreciendo arreglos bajo presión de 300 dólares.
“Queremos sentarnos a dialogar con los inversionistas o los que estén a cargo de Sural. El diálogo es el camino para aprovechar ambas partes. Estos inversionistas son de origen colombiano y representan un grupo llamado grupo Galco. Esta empresa se creó con sede en Miami justamente en 2018 cuando nosotros salimos de Sural. Ellos fabrican lo mismo que nosotros. Eso nos llama mucho la atención”, acotó el dirigente sindical de la compañía.
Ministerio del Trabajo fue notificado
El abogado de los trabajadores, Roberto Reinosa, informó que acudieron la semana pasada al Ministerio del Trabajo para introducir una comunicación dirigida al ministro del Trabajo, Alexis Corredor, para informarle de esta situación.
“Quisiéramos que atiendan el caso de Sural. Es una empresa privada que tiene cerradas sus puertas a los trabajadores. Desde el año 2022 se llegó a un acuerdo donde se pagaban los beneficios, y que en el mes de mayo de 2023 iban a abrir la empresa. Ocurrió un hecho que perjudicó a los trabajadores porque el acuerdo se hizo cuando estaba en la presidencia Pedro Maldonado, la nueva directiva echó por tierra esos acuerdos. Los trabajadores están esperando que la empresa arranque a trabajar. La empresa suspendió sus labores y ha dejado de pagar a los trabajadores sus salarios, además, desde el año pasado no paga cestaticket producto de que el cestaticket subió de 45 bolívares a 40 dólares. Entonces, la empresa no siguió pagando”, reiteró el representante legal del personal.
Los obreros destacaron que viven en incertidumbre, ya que desconocen cuál es el estatus legal de la empresa y cuándo retomarán actividades. Esta es la realidad de otras empresas privadas que trabajaban con empresas de CVG como la Ferroatlántica de Venezuela (Ferroven).
“La ley indica que la suspensión de labores lo más lejos que puede llegar son 60 días. Y ellos ya van a cumplir un año y no ha habido manera ni intención de parte del Gobierno, porque enviamos carta al ministro y al Presidente de la junta interventora, para que sienten a la empresa Sural que compra aluminio a CVG Venalum para producir su material”, finalizó el jurista.
