Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima solicitan la visita del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, a las instalaciones de la estatal para discutir situaciones irregulares que ocurren en la compañía debido a la mala gestión que desde hace un año viene haciendo la junta directiva.
Freddy Acosta, trabajador de la empresa, alegó que el hostigamiento y los abusos contra los trabajadores son constantes. Destacó que las malas decisiones operacionales han provocado bajas en la producción, no obstante, la directiva responsabiliza a los empleados de saboteo.
“Hay malas prácticas de dirección ordenadas y ejecutadas por los señores Juan Díaz, jefe de operaciones, y Danny Oliveros, jefe de mantenimiento. Sus prácticas han generado daños en los equipos y deterioro en la planta, ya que hacen imposiciones y dan órdenes erróneas, pero siempre tratan de señalar e incriminar al trabajador”, expresó Acosta.
Según los denunciantes, la directiva falta a su compromiso de entregar las bolsas de comida, no cancela oportunamente las horas de trabajo extra y retira los beneficios a los obreros que salen de reposo, sin importar su estado de salud.
Trabajadores aseguran que se han hecho informes sobre las malas prácticas dentro de la empresa, que están encabezadas con el reiterativo eslogan del holding liderado por Maldonado “producir es vencer”. Sin embargo, personal de todas las empresas básicas denuncia que el afán de producir a toda costa ha suscitado inseguridad laboral, accidentes y daños a los equipos.
Ante esta situación, los trabajadores de Planta Casima afirman que se encuentran desamparados, ya que el sindicato de la compañía fue desarticulado durante el 2019, año en el cual se prohibió la entrada a planta a los miembros de la organización laboral, entre ellos, al secretario general Alejandro Álvarez.
Álvarez ha denunciado reiterativamente el irrespeto al debido proceso en la empresa y, además, destacó que se ha violentado el fuero sindical al mantener fuera de sus oficios a la mayoría de miembros del sindicato. Según su declaración, esta situación se debe a la negativa de la organización a firmar y respaldar el memorándum 2792 en el 2018.
35 trabajadores despedidos injustificadamente de la estatal durante el 2019 y que, además, cuentan con órdenes de reenganche responsabilizan a Juan Díaz, jefe de operaciones con una trayectoria de dos años en la empresa, de tomar medidas arbitrarias, ejecutar despidos y rechazar las órdenes de reenganche.
“Él (Juan Díaz) disfruta ordenando que no le entreguen las bolsas de comida a los trabajadores, las horas extras se cancelan cuando él esté y no cuando corresponde. Mantiene una posición de tiranía y se inmiscuye en asuntos que no son de su competencia”, adujeron los reclamantes.
Los afectados aseguraron que ya han introducido denuncias en los entes competentes, toda vez que han consignado reclamos en CVG, no obstante, hasta la fecha no hay respuesta.
