El reciente aumento de los casos de COVID-19 develó el vulnerable estado de los trabajadores pertenecientes a las empresas filiales a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Hoy abundan petitorios de ayuda y súplicas por atención médica, sin respuesta alguna de las empresas básicas que deben garantizar este beneficio.
José Jiménez, exdirector laboral de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), murió a causa del coronavirus el 31 de marzo sin que se le activara el seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), pero este no es un caso aislado en las industrias de Guayana.
Los empleados están más indefensos que nunca y sin capacidad económica para atender sus carencias de salud, señalan representantes sindicales.
“Deben haber muerto más de 30 trabajadores de Alcasa por COVID y por falta de atención medica”, estima Henry Arias, secretario de Trabajo y Reclamo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa).
Uno de los casos más conocidos del sector aluminio fue la muerte de Gabriel Berroterán a finales de marzo, quien también falleció por COVID-19. Arias recriminó que “Alcasa nunca dio una respuesta. La CVG nunca aprobó una respuesta”.
Recordó a su vez el caso de Miguel Ekar, dirigente sindical de Alcasa, que murió en un hospital de la ciudad a la espera que se le activara el seguro HCM y tampoco tuvo atención por la estatal del aluminio.
Desde marzo de 2019, Alcasa está paralizada luego de que el apagón nacional la dejara inoperativa. A finales de 2020 desmontaron las celdas reductoras de la empresa terminando de liquidar cualquier posibilidad cercana de producir aluminio primario y de generar ingresos que permitan mejorar la calidad de vida de sus empleados.
“Con todo el dinero que sacaron de la chatarra de CVG Alcasa se hubiesen puesto al día con todas las clínicas, pero son maulas, estamos frente a un gobierno maula y todos los que lo siguen, gerentes y presidentes son maulas”, dijo Arias.
Pero los trabajadores no solo quedan desamparados con respecto a la atención médica privada, los bajos salarios no les permiten alimentarse bien, mucho menos comprar medicamentos u oxígeno para atenderse desde casa. “El daño que le hicieron a Guayana y a la clase trabajadora debe tener un castigo (…) detrás de los pecados de ellos, está el crimen capital, han causado demasiadas muertes”, expresó.
Arias recriminó que incluso los trabajadores quedaron sin servicio farmacéutico y servicio funerario, por lo que deben pagar más de 600 dólares por una fosa con una empresa funeraria privada, cuando la CVG tiene terrenos para hacer dichos entierros.
Expuestos por la propaganda política
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), resaltó que fue una política de Estado, a través del memorando 2792 en 2018, eliminar los beneficios laborales, donde se incluía el seguro HCM, fundamental para salvar la vida de los empleados en tiempos de pandemia.
“No garantizan la medicina para los trabajadores y la familia, no garantizan la atención médica, no garantizan ningún beneficio que está contemplado en las convenciones colectivas”, recriminó el secretario, cuando a su vez el presidente de Ferrominera Orinoco, Abel Jiménez, recibió atención en una clínica por afecciones de salud similares a COVID-19.
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Jiménez fue calificado de terrorista, cuando es un dirigente sindical, eso es parte de la persecución, de la violación de la libertad sindical, seguramente como venganza no se le prestó la atención debida”.González recordó que a comienzos de marzo los trabajadores fueron -bajo intimidación- expuestos al COVID-19 en una marcha oficialista en la que no se cumplió distanciamiento social y no trajo ningún beneficio laboral, más allá de la propaganda política que hicieron los diputados del oficialismo.
“En esa marcha mucho de esos compañeros salieron contaminados con el COVID y muchos de esos compañeros lamentablemente murieron, a alguno de esos compañeros que se contaminaron con el COVID después de la marcha tú le puedes preguntar si tuvieron atención y no tuvieron, los utilizaron para la marcha no importa que se contaminaran, que se murieran”, advirtió.
Los trabajadores de las empresas básicas ante la necesidad de seguir recibiendo los bonos de asistencia y producción por trasladarse a la planta, en ocasiones, omiten síntomas de fiebre o dolor de cabeza e incluso dejan de denunciar las pocas medidas de bioseguridad de las compañías para no ser sacados de la estatal. “Los trabajadores sucumben por la necesidad, porque la bioseguridad no la cumplen”, lamentó el dirigente.
Sistema de salud deficiente
Ni atención médica privada, ni medidas preventivas, ni insumos para prevenir el COVID-19. A comienzos de marzo, dirigentes de la CVG denunciaban que los edificios no tenían agua para prevenir los contagios, a esto se suman la limitada entrega de mascarillas y las aglomeraciones en los autobuses de las empresas.
Al menos ocho jubilados de la CVG han fallecido desde comienzos de año por COVID-19, según Ramón Gómez, secretario general de Sunep-CVG. Estos también carecen de insumos mínimos para su atención.
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Aunque la corporación tiene un servicio primario a través del Centro Médico Comandante Supremo Hugo Chávez ubicado en el antiguo edificio Maxy’s de Alta Vista, el dirigente insiste en que la atención es deficiente e improvisada. Denunció que los medicamentos no llegan en cantidad suficiente ni con regularidad para lo que requieren los empleados o personas enfermos y hay preferencia en cuanto a la atención medica que se le va a dar los trabajadores.
“Con el COVID no ha habido un plan para atender a los trabajadores de las empresas básicas”, lamentó. Ante esto reitera que los empleados terminan en hospitales, en centros de diagnóstico integral o atendiéndose en sus casas, ante el miedo que implica ir a un hospital público.
Gómez pidió que se reactive el seguro HCM y que se desarrolle un plan para atender a los trabajadores ante sus carencias de salud.
Seguir internacionalmente
Eleuterio Benítez, abogado, especialista laboral y exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), expresó: “Se han conculcado todos los beneficios de las convenciones, incluido el derecho a negociación colectiva que es un derecho internacional”.
Señaló que, aunque hay responsabilidades legales, pero no hay donde ir a exigir que se cumplan ya que el Poder Judicial también es responsable en parte de la condición de los trabajadores.
“Llegará el momento que habrá que juzgarlos (…) todos esos funcionarios son responsables, si empiezas a hacer una lista de todo lo que han conducido la destrucción de Venezuela, de las empresas básicas, de las muertes ¿cuántos responsables hay? toda esa gente debería ser juzgada en su momento (…) llegará el momento de hacer justicia”, indicó.
Para el abogado hay que seguir documentando este tipo de violaciones en la OIT. “Jiménez fue calificado de terrorista, cuando es un dirigente sindical, eso es parte de la persecución, de la violación de la libertad sindical, seguramente como venganza no se le prestó la atención debida”, sostuvo.
