El Movimiento 7, la Voz Alcasiana, el asesor legal Miguel Maita; el diputado Ramón Castillo y la junta directiva de la organización realizaron una asamblea informativa para los trabajadores de Aluminios del Caroní, S.A. (Alcasa), con el fin de dar respuesta a una serie de acciones que están ejecutando para dejar sin efecto una ola de despidos injustificados dentro de la compañía.
En el Parque Ruiz Pineda de Ciudad Bolívar se reunió un grupo de trabajadores que aseveran haber sido despedidos de forma injustificada u obligados a renunciar a la estatal. Según Javier Torres, presidente del Movimiento 7, son, al menos, 900 trabajadores los despedidos de la empresa, medida que viola la inamovilidad laboral que fue impuesta en el país.
“Están violando nuestro derecho a trabajar. Hoy venimos a ofrecer esta asamblea para explicar lo que estamos haciendo en Caracas. No se extrañen que antes de febrero empiecen a reincorporar a los trabajadores a sus puestos de trabajo. Hay presión internacional por parte de la OIT”, vociferó Torres.
 Están violando nuestro derecho a trabajar. Hoy venimos a ofrecer esta asamblea para explicar lo que estamos haciendo en Caracas. No se extrañen que antes de febrero empiecen a reincorporar a los trabajadores a sus puestos de trabajo. Hay presión internacional por parte de la OIT”, Javier Torres |
En este sentido, el dirigente se movilizó junto al presidente de la Federación de Trabajadores de Bolívar (Fetrabolívar), Fidel Brito; y el diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), Ramón Castillo, para consignar un documento en el que fueron plasmadas las denuncias de los empleados de las empresas básicas de Guayana.
En estos documentos se denuncia el despido masivo de 900 alcasianos de forma injustificada y, además, se expone el caso de un trabajador de la estatal que, pese a tener orden de reenganche homologada por la Inspectoría del Trabajo, no ha sido restituido a sus oficios.
Las denuncias fueron enviadas a la presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), Marcela León, cuya central forma parte del Foro de Diálogo Social asistido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene lugar en Caracas.
León avaló el documento como representante laboral en el ámbito nacional, y este fue recibido por autoridades de la OIT en Caracas.
Basamentos legales
El abogado de Movimiento 7, Miguel Maita, catalogó como ilegal el despido de este grupo de trabajadores debido al contexto pandémico y la emergencia sanitaria, que alcanzó su pico máximo en el país para ese momento.
“Este período fue utilizado por quienes administran la empresa para tomar todas estas medidas. Se afincaron en la emergencia sanitaria para suspendernos todos los beneficios e inventaron un decreto a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que nos ha quitado todos los derechos laborales”, destacó el jurista quien citó que la inamovilidad laboral en el país está vigente hasta el 31 de noviembre de 2022.
“No nos quedemos en la casa cuando llamemos a asamblea. Están en riesgo nuestros beneficios salariales y nuestro tiempo en la empresa. El que tiene menos tiempo aquí tiene 10 años. Se ha dicho que vienen jubilaciones forzadas en Alcasa”, esgrimió Maita para animar a los obreros a no dejar de asistir a las reuniones laborales.
Los obreros tienen previsto llevar a cabo otra reunión para discutir la misma problemática, esta vez, en la Plaza Bolívar del municipio Piar.
