Años atrás quedó la jactancia del gobierno de Hugo Chávez, quien se vanagloriaba de ser la gestión que más aumentos ofreció a los trabajadores venezolanos. Actualmente, el sucesor del barinense, Nicolás Maduro, alcanzó la mayor bonificación salarial vista en el país, medida con la que mantiene estancado el sueldo mínimo en menos de dos dólares.
Desde marzo del año 2022, el salario mínimo es de 130 bolívares. Este monto, que representa un poco más de un dólar alcanza, si acaso, para comprar un paquete de harina pan y nada más.
Tampoco se repitieron los anuncios de cada 1 de mayo, los cuales incluían siempre un aumento del sueldo mínimo: la expectativa actual es “una subidita del bono de guerra”. Bonificación que se paga a discreción del Estado y no está contemplada en la legislación laboral y que el año pasado subió a 90 dólares indexados.
Esto ocurre a pesar de la mirada de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país, que desde 2018 ha alertado violaciones en materia salarial en el país.
Para la presidenta de la central de trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), Leyda Marcela León, el Foro de Diálogo Social instalado en 2022 con asistencia técnica de la OIT no ha arrojado grandes resultados; sin embargo, expresó que en la última mesa de consulta salarial- desarrollada en enero de 2025- ASI planteó la necesidad imperiosa de aumentar el salario a 377 dólares.
“Todos estamos de acuerdo en que debe recuperarse el poder adquisitivo del salario y en que hay una incertidumbre por la situación económica, pero que debe recuperarse el salario. No podemos seguir con la problemática de un salario inexistente y menos aún con bonos que no tienen incidencia. En ese sentido, propusimos que se recuperara progresivamente el salario en dos fases: una primera fase en la que el salario cubra el costo de la canasta de alimentos que para diciembre era de 377 dólares. Y en la segunda fase lograr llevarlo a la canasta básica, que incluye servicios, y supera los 550 dólares”, expresó.
Por su parte, las Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Confederación General de Trabajadores, quienes también forman parte del diálogo, insistieron con la propuesta que se elevó en el 2024: que el salario mínimo sea fijado en 200 dólares. Por supuesto, la misma no se cumplió.
Congelar el salario impide que se disparen los costos de la seguridad social
Una duda frecuente es por qué el Estado prefiere incrementar el valor de bonos y no subir directamente el salario. La realidad es que estos bonos tienen incidencia únicamente en el momento de ser pagados, mientras que beneficios como jubilaciones y vacaciones siguen pagándose calculados con base en 130 bolívares. Aumentar el salario dispararía el valor de todos los beneficios de seguridad social, representando un costo muy elevado por trabajador.
Esta situación no solo atañe al gobierno, puesto que León aclaró que Fedecámaras, representando al empresario privado, aceptó aumentar el ingreso mínimo a 200 dólares, pero sin que esto tenga incidencia en beneficios sociales, puesto que lo haría “impagable”. Según las cifras presentadas por el gobierno, la fuerza de trabajo activa en el sector privado es de 3.956.122; sin embargo, este sector ya maneja sueldos superiores -en promedio- a los 150 dólares mensuales.
Para la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Ritcher, la situación violenta todo el sistema de protección social del trabajador, resultando en un Estado que incumple con todas las normas que buscan salvaguardar la calidad de vida de trabajadores públicos y privados.
“No hay un sistema de protección social. Esa política del Estado venezolano es fraude a la ley. Cualquier remuneración que yo recibe a cambio de trabajo es salario según la ley. Esa política lo que ha hecho es destruir y se ha acompañado con la criminalización de la actividad sindical. Tenemos cuatro dirigentes sindicales presos, uno condenado a 30 años. El gobierno se niega a cumplir las mínimas recomendaciones de la comisión de encuesta. Desde el 2019 tiene una deuda enorme con los trabajadores, se comprometió a un diálogo social efectivo y lo que ha hecho es incumplir. No tengo ningún tipo de expectativa con los anuncios que se darán, seguramente, serán aumentos de bonos”, manifestó Ritcher.
Estas declaraciones hacen referencia la comisión de encuesta aplicada en Venezuela durante el año 2018, debido a un reclamo internacional presentado en junio de 2015. Esta instancia arrojó que el país viola convenios internacional alusivos a métodos adecuados para la fijación de salarios mínimos (convenio 26), violenta la libertad sindical (convenio 87) y la consulta tripartita (convenio 144).
A pesar de que se instaló un Foro de Diálogo Social, la realidad es que varias centrales no afectas al gobierno fueron excluidas del proceso y, a la fecha, la instancia no ha conseguido un aumento de sueldo más allá de la bonificación salarial. Los bonos actualmente representan más del 90% del salario del trabajador.
Contrapropuesta de los trabajadores: incidencia porcentual
Sobre la situación, la presidenta de ASI explicó que tanto el Estado como Fedecámaras aseguran que es inviable tener un aumento de salario que tenga incidencia total en los beneficios sociales, es por ello que la central presentó una contrapropuesta en la que solicitan que la incidencia inicie en un 20% y luego, progresivamente, vaya subiendo el porcentaje hasta abarcar la totalidad.
“Ellos planean que no es pagable. Planteamos una tabla de incidencia salarial atípica que, de manera progresiva, se establecieran unos porcentajes, donde ese aumento de salario que se diese, en un primer momento tenga una incidencia del 20%, luego un 40%, luego un 60% hasta recuperar toda la incidencia. Esto fue lo que discutimos en la última consulta salarial que se instaló el 15 enero de 2025. Ahí debatimos las propuestas y cada quien plantea sus ideas. También hablamos el tema de la situación del transporte, pedimos un bono de transporte para trabajadores porque ni con bono alimentario ni bono de guerra se puede cubrir el transporte”, expresó León.
Al ser consultado sobre si tienen información de los posibles anuncios que hará Nicolás Maduro el próximo jueves, respondió que no. Ya que el año pasado la misma instancia propuso un aumento a 200 dólares del salario y, finalmente, los anuncios se distanciaron de la propuesta.
Asimismo, la central sostuvo que deben mantenerse los complementos como el bono de guerra y el cestaticket. Además, solicitan otras compensaciones como bono de transporte, bono de recreación y bono de fin de año.
Contratos colectivos: vencidos y enterrados
Para Ritcher, la situación va más allá del salario, puesto que el Estado también busca acabar con los agentes de cambio a través de la pulverización del movimiento sindical. Esta medida también busca esquivar la discusión de contrataciones colectivas, que en Guayana tienen entre 6 a 10 años vencidas en las diferentes empresas básicas.
“Te meten preso (a los sindicalistas) por una hora y te sueltan con medidas cautelares. El juicio nunca termina y las medidas cautelares están ahí presentes. Hay una negativa además de discutir contratos colectivos con las organizaciones sindicales autónomas. Las organizaciones reales de los trabajadores. Las últimas convocatorias del Foro de Diálogo Social no se han hecho con base al mandato de la comisión de encuesta, sino en base a decreto ley. Llaman para conversar sobre la posibilidad de un aumento salarial. Todas esas conversaciones han sido inútiles. La obligación que tienen es negociar y con voluntad de llegar a un acuerdo. Negociar no es solo sentarse”, explicó.
Para 2024, la representante de ASI denunció que, a pesar de haber llegado a un convenio basándose en los requerimientos de la familia venezolana- que superaban los 200 dólares planteados-, el Estado no cumplió con los compromisos hechos durante la instancia.
Ritcher aseguró que no hay voluntad política para llegar a un cambio, por lo que las negociaciones se vuelven instancia de diálogo infructuosas.
“Hasta este momento, el gobierno no ha dado mínima muestra de establecer un salario mínimo decente. No estamos hablando de canasta básica ni nada, la solicitud fue iniciar con un salario progresivo de 200 dólares mensuales y el gobierno tiene uno que está en menos de 2 dólares”, sentenció.
