El Sindicato Único de Trabajadores Briqueteros Similares, Inherentes y Conexos (Sutrabriqven) a través de su secretario general, Isnaldo Rodríguez, denunció que lleva dos años en espera para que se acate la orden emitida por la Dirección de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Público, con fecha noviembre de 2022, y se discuta una nueva convención colectiva para el personal de la compañía.
Los trabajadores presentaron a Correo del Caroní un documento dirigido a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en la cual la directora de la institución nacional, Luisa Lezama, solicita a la inspectora en Puerto Ordaz, Kenny Bello, “conocer de la negociación del Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo y demás actuaciones administrativas que fueran pertinentes (…) a los efectos legales correspondientes y demás tramitaciones conforme a derecho se requieran para garantizar así las negociaciones colectivas de trabajo”.
A pesar de que este documento tiene fecha de hace dos años, los trabajadores afirman que, hasta ahora y como en la mayoría de las empresas básicas de Guayana, no se han conformado las mesas de trabajo ni ha habido discusión sobre la contratación colectiva que está vencida desde 2018.
“Nosotros como organización sindical cumplimos los procedimientos para discutir contrato colectivo. En el 2022 tenemos una sentencia de la Inspectoría Nacional y de un tribunal laboral para que se creen las mesas de negociación, esa solicitud fue introducida en 2018. Cuando nombran al inspector ad hoc, Douglas Quintero, era el encargado de dar celeridad a esos casos. Nunca le vimos la cara. Hay una orden verbal de que la Inspectoría del Trabajo vuelva a tomar los casos de las empresas básicas y todo ese tipo de cosas. Metimos los oficios pertinentes para darle impulso a nuestro expediente, hemos reclamado por falta de autonomía sindical, la conformación de mesa técnica y discusión de contrato colectivo. La inspectora Kenny Bello nos dijo que el expediente estaba en Caracas, después que se perdió y nuestro asesor habló con ella y a él le dijo que está en la CVG”, declaró Isnaldo Rodríguez, secretario general de Sutrabriqven.
Más de 2 años sin conocer el estatus del caso
Según Rodríguez, Bello les manifestó que el inspector ad hoc habría sido destituido de su cargo; sin embargo, afirmó que aún no posee competencias para tratar los casos respectivos a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), por tanto, el sindicalista consideró que estos casos “están en el aire”.
En 2023, la organización sindical consignó un escrito para solicitar respuestas a la orden emitida por la inspectoría nacional a la sede de Puerto Ordaz y que se informe sobre “el estatus procesal administrativo del expediente”; no obstante, no hubo respuesta por parte de las autoridades.
“Hemos visto que, dentro de la inspectoría, a pesar de que nombraron un nuevo ministro del Trabajo y él dijo que respetaba a los sindicatos, por qué en la zona no se le da respeto a nuestra organización, que tenemos pruebas y orden legal para discutir el contrato. La funcionaria Kenny Bello está parcializada por una cúpula y ella obvia el mandato de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. Está obviando una sentencia de su tribunal superior, de la Inspectoría Nacional. En diciembre de 2022 nos dieron esa sentencia que determinaba con lugar la instalación de mesa de negociación. Tenemos dos años esperando. Lastimosamente la inspectora no contribuye a que ese expediente avance”, puntualizó Rodríguez.
Correo del Caroní ha acompañado entre 2021 y 2024 al menos 8 denuncias a la Inspectoría del Trabajo que no han prosperado, todas vinculadas a violaciones de derechos laborales y pérdida de beneficios contractuales; a pesar de ello, el ente no ofrece respuestas sobre estos casos.
“Nos dijeron además que ahora las mesas técnicas se crean por Caracas. No pueden crear la mesa técnica, discutir contratos colectivos… No tiene competencia legal. El señor Quintero no puede avanzar tampoco porque está destituido. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es lo que reclamamos como organización sindical. Que se nos dé respuesta. Es una falta de respeto que un funcionario público no proteja al trabajador y le dé cumplimiento a lo que dice la ley”, acotó el dirigente sindical.
En Guayana, las principales empresas de CVG, entre ellas, CVG Sidor y CVG Ferrominera Orinoco no discuten contratación colectiva desde hace más de 5 años, a su vez tampoco se han realizado nuevas elecciones sindicales, por lo que toda la representación laboral permanece vencida.
Salarios bonificados y pérdida de beneficios
Rodríguez puntualizó que la organización desea mejorar sus condiciones laborales, ya que perciben quincenas de aproximadamente 30 dólares, todo lo demás corresponde a bonificaciones. ¿La consecuencia? Cálculos de vacaciones menores a 200 dólares, situación que les preocupa de cara al pago de utilidades para finales de 2024.
“A nosotros todo el salario se nos bonificó, prácticamente. Cumplen con bono de guerra, tarjeta de alimentación… Pero el salario de un briquetero oscila entre los 60 dólares mensuales. Eso es lo que ganamos nosotros en salario y lo que reflejan nuestros depósitos. Nosotros restamos los bonos y el salario es de 60 dólares. Eso es lo que se usa para el cálculo de beneficios. Para las vacaciones fueron 220 dólares: todo un año trabajando para no poder comprarte ni un aire acondicionado. No puedes tener esparcimiento con tu familia ni irte de vacaciones. Vienen las utilidades, los útiles escolares, uniformes escolares. ¿Cómo afrontar eso con estos salarios pírricos?”, concluyó el denunciante.
