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El Sindicato de Trabajadores Cementeros (Sintracemex) en Guayana solicitó a la Inspectoría del Trabajo definir fecha y ser árbitro en una mesa de negociación con la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos) para la discusión de cláusulas urgentes en materia económica.
“Necesitamos que se active la mesa técnica para sentarnos con la empresa y discutir cláusulas contractuales”, dijo Jhonny Linares, secretario general de Sintracemex. Recriminó que mientras la estatal vende el cemento en dólares, la compañía paga en bolívares a los trabajadores.
Linares sostuvo que la solicitud de la mesa de negociación fue entregada desde enero de 2021 y hasta la fecha han sido desatendidos por la Inspectoría del Trabajo. “No puede ser que todavía recibamos salario de la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto)”, comentó. “Necesitamos unas tablas salariales que se adapten a la realidad de ahora”, insistió.
En 2018 el Gobierno nacional impuso el memorando 2792, un documento que eliminó los contratos colectivos, tablas salariales y los beneficios de los trabajadores dependientes del Estado. Tras casi tres años de la destrucción de los salarios, el gobierno poco se preocupa por generar garantías económicas y de vida.
Además pesa la baja producción. La planta de cemento ubicada en la zona industrial Matanzas pertenecía a la multinacional mexicana Cemex, expropiada por el gobierno de Hugo Chávez en 2008. La desinversión y el mal manejo la mantienen operando a menos del 10% y con salarios que no permiten acceder a alimentos.
Los cementeros cobran menos de 5 dólares mensuales, los cuales no alcanzan para comprar la cesta básica que en el mes de abril se ubicó en 321 dólares. De acuerdo con Linares con lo poco que se produce la compañía ha generado cerca de 200 mil dólares en ventas mensuales. “Hacer cemento con la mano de obra esclava que tenemos es super rentable para la empresa”, recriminó.
Hermes Bastardo, secretario de organización, comentó que principalmente lo que quieren negociar es un mejor salario, atención de seguro médico, prestaciones, jubilaciones y los bonos de alimentación. “Para por lo menos oxigenar el bolsillo del trabajador”, sostuvo.
“Aquí un trabajador está saliendo de vacaciones con siete a dólares a lo sumo (.,.) lo que lo están poniendo es a pasar hambre”, sostuvo. Según Bastardo, la empresa en el 2020 produjo poco menos de 20 mil toneladas de las 340 mil toneladas de capacidad instalada. Señaló que los números son extremadamente bajos y la entrada dinero ha caído, pero que aún así permitiría mejoras económicas para los empleados.
Paralelismo sindical
Bastardo denunció que desde hace tres meses la empresa ha buscado conformar un sindicato paralelo, complaciente y sin elecciones. Esto a través de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), los cuales son adeptos al oficialismo y solo reciben lineamientos de la misma compañía. “Se reúnen es con ellos y a nosotros nos desconocen”, sostuvo.
Esta práctica del paralelismo sindical ha sido muy utilizada en Bolívar, sobre todo en las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. En el caso del sindicato Sintracemex, padecen el paralelismo incluso con su periodo vigente hasta 2022.
El secretario señaló que estos miembros de UBT son beneficiados con bonos extraordinarios, asignación de vehículos, gasoil y viáticos para viajar hasta Caracas a reunirse con autoridades de la estatal, donde no reclaman mejoras para los trabajadores.
