La directiva del Sindicato de Trabajadores Cementeros (Sintracemex), acompañada de trabajadores de Venezolana de Cementos (Vencemos), exigieron a la Inspectoría del Trabajo en Puerto Ordaz dar respuesta a la solicitud de discusión de cláusulas económicas.
Los trabajadores cementeros actualmente cobran cinco dólares quincenales, un monto insignificante cuando la canasta alimentaria de junio superó los 284 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
“Estamos cansados de esperar y complementar nuestro pobre salario que genera pobres prestaciones, pobres utilidades, pobres vacaciones, con combos de comida”, dijo el secretario general de Sintracemex, Jhonny Linares.
Los miembros del sindicato han solicitado discutir desde principios de año contrataciones colectivas o en su defecto, cinco cláusulas económicas: salario, atención de seguro médico, prestaciones, jubilaciones y los bonos de alimentación.
Esto con la idea de mejorar la condición económica de los trabajadores, sin embargo, la estatal Vencemos no ha aceptado la discusión y afirma tener unas mesas de “alto nivel” con el Ministerio del Trabajo y miembros de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), grupo laboral pro oficialista impuesto por la empresa.
Linares señaló que el único sindicato en Bolívar con sus tiempos vigentes es Sintracemex y debe ser escuchado, para poder responder a los trabajadores que votaron por ellos para que se encarguen de negociar mejores condiciones y garantías laborales.
Inspectoría apéndice del PSUV
El secretario general denunció que la Inspectoría del Trabajo en Bolívar está secuestrada y es otro apéndice de las políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “En vez de ayudarnos lo que han hecho es ignorarnos como sindicato legítimo y le están dando oportunidad a cuatro personas que puso la empresa a dedo”, recriminó.
“Somos la mano esclava del siglo 21”, cuestionó Hermes Bastardo, secretario de organización. Sostuvo que pese a las denuncias que han realizado nadie atiende sus reclamos, por lo que entienden que la instrucción del Estado es desestimar los reclamos laborales y cualquier exigencia que mejore la calidad de vida de los trabajadores.
Señaló que para atender un reclamo de un trabajador la inspectoría no agiliza ningún proceso, pero para despedir o sancionar algún empleado, sí actúa de manera rápida. “¿Por qué no tienen la misma diligencia para darle respuesta al trabajador?”, preguntó.
Recriminó que el inspector del Trabajo, Alfredo Spooner y la inspectora ad hoc, Kenny Bello sirven a las políticas de gobierno y no cumplen con las obligaciones que tienen como funcionarios.
El desconocimiento de los sindicatos viene ocurriendo desde hace varios años con la imposición de grupos adeptos al oficialismo, sobre todo dentro de las industrias de la Corporación Venezolana de Guayana.
Pese a que la Organización Internacional del Trabajo, a través de la Comisión de Encuestas ha instado al gobierno a cumplir con la discusión tripartita con las organizaciones representativas, esto sigue siendo desatendido por el Gobierno nacional.
