Este 19 de abril profesores y maestros protestaron en la Plaza Monumento CVG, tal como han hecho desde principios de año, para informar y ratificar a la colectividad que persisten en su lucha por mejores salarios.
A propósito de las actas que la Zona Educativa envió a un grupo de educadores, la secretaria general del Sindicato de Profesionales de la Docencia, Aida González, alegó que cualquier acta que hayan firmado los docentes es ilegal, toda vez que los funcionarios y directivos educativos no son titulares de sus cargos.
Asimismo enfatizó en que la asistencia a asambleas laborales está amparada en la cláusula 82 del contrato colectivo, el cual está vencido desde hace tres años.
“Los docentes sufren un acoso ilegal por la dirección regional. Los hacen firmar un acta por abandono de cargo, eso es ilegal. Empezando por la ilegalidad de los directores que no son titulares de sus cargos. Los supervisores de la Zona Educativa tampoco son titulares. Desde hace años no se hacen competiciones para asignar los cargos. El docente se apega al contrato colectivo que aún está vigente”, enfatizó González.
Entre las peticiones de los maestros figura, precisamente, la firma de una nueva contratación colectiva que responda a las problemáticas actuales. Sin embargo, las autoridades educativas vienen prometiendo un modelo de contrato colectivo desde 2022 y, hasta ahora, no ha habido ningún avance.
“Así el sindicato llame tres veces a la semana, el docente tiene derecho a asistir a las asambleas. ¿Cómo un directivo somete al docente para que no asista a una protesta donde se pide una reivindicación salarial, el HCM? El educador que más gana, gana siete dólares. Hago el llamado a los docentes de no firmar ese tipo de documentos”, manifestó la representante sindical.
Jonathan Bastardo, profesor especializado en matemáticas, manifestó que es importante la unidad para que el gremio pueda alcanzar los objetivos. A su vez enfatizó en que las bonificaciones ofrecidas por el Ejecutivo nacional a través de la plataforma Patria -el último de ellos de 1.100 bolívares- no solventan la precarización salarial.
“No queremos bonos: queremos una contratación colectiva. Vamos a continuar en esta lucha hasta las últimas consecuencias y haciendo el llamado al cumplimiento de beneficios”, expuso Bastardo.
