El Partido Comunista de Venezuela (PCV), a través de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), hizo un llamado este 10 de diciembre a los demás sindicatos que hacen vida en el país, así como a los trabajadores, a unirse bajo una sola causa de lucha por el rescate del salario mínimo; esto luego de reiterar las críticas hacia la administración de Nicolás Maduro y la empresa privada contra la bonificación del mismo.
Vía comunicado, el PCV sugiere hacer esta lucha conjunta por medio de distintas tácticas como acciones judiciales, movilizaciones en tribunales estadales, entre otras, a fin de demandar el pago de todos los beneficios laborales que no han recibido debido a la violación de la Ley del Trabajo en su artículo 104.
El texto, enmarcado en el Día de los Derechos Humanos, enfatiza que van 1.000 días sin que el Ejecutivo decrete un aumento del salario mínimo -estancado desde 2022 en 130 bolívares-; en un momento donde Venezuela enfrenta una “aguda crisis económica, social, política y moral” que, a juicio de la dirigencia del PCV, es generada desde el gobierno y la oposición. Además, la misma se ve acentuada por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y las políticas económicas del Ejecutivo.
Por ello consideran que tanto las autoridades como los privados avanzan en la destrucción del salario por los bonos y el “ingreso mínimo integral”, ya que así están eliminando otras reivindicaciones como las prestaciones sociales, las vacaciones, aguinaldos y utilidades.
“Las convenciones colectivas de trabajo no se discuten sino que son desmejoradas, en aplicación del memorando-circular 2792 y del Instructivo de la Onapre. Todo lo anterior ha producido una situación general de sobre explotación y precarización extrema de la fuerza de trabajo venezolana, que empuja a una migración masiva de trabajadores en búsqueda de condiciones dignas de vida y trabajo”, dice el texto de los sindicatos.
Además los sindicatos señalan a la administración de Nicolás Maduro de suspender las garantías de facto; ejecutando además una sistemática criminalización y judicialización de los que pelean por mejorar el salario mínimo. “Es inadmisible la criminalización de la participación en la actividad política nacional, así como la criminalización de la lucha sindical”, señalan.
Exigieron la libertad de los presos políticos, en especial para el dirigente sindical sidorista Daniel Romero, así como al directivo sindical Leonardo Azócar y Jean Mendoza.
