Un audio en el que interviene el candidato a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, José Ramón Rivero, en reunión con la Federación Bolivariana de Trabajadores y el Movimiento 21, plantea la posibilidad de proponer a la clase trabajadora la discusión de un nuevo contrato colectivo.
El tema causa suspicacia porque se menciona precisamente en época electoral, y cuyos dirigentes de esos movimientos avalaron el secuestro de las contrataciones colectivas y eliminación de tablas salariales en agosto de 2018. Desde entonces no hay cumplimiento de los beneficios contractuales en ninguna de las industrias de Guayana.
“José Ramón Rivero se reunió con un grupito y buscan manera de armar una parafernalia con una supuesta discusión de contrato, que no es más que buscar incautos para que los acompañen en la candidatura a las parlamentarias del 6 de diciembre. Nuestra posición es que eso es otra fachada, no se puede discutir un contrato, ya que el que se discutió y aprobó en 2016 no lo están honrando. De la base de ese contrato es que los sindicatos del sector aluminio debemos partir para discutir uno nuevo, y si no están cumpliendo con esos beneficios, qué garantías hay de que vayan a cumplir con los nuevos”, manifestó Ángel Brito, secretario de Finanzas del sindicato de profesionales de Venalum, Sutrapuval.
El dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias, alertó sobre posible maniobra capta votos.
“¿Cómo se puede explicar que estos traidores estén llamando a discutir los mismos contratos colectivos que su jefe el patrono no cumple, porque nos eliminó las tablas salariales y se inventó los acuerdos plasmados en el memorándum 2792 para llevarnos a la miseria?”, manifestó Arias.
Agregó que CVG Alcasa sigue con sus celdas apagadas y no ha podido costear el contrato milmillonario de 141 cláusulas que ya tiene con los trabajadores. “De hecho, los intereses de prestaciones sociales que son de rango constitucional y de pago obligatorio, no han sido cancelados por falta de recursos”.
Miguel Ekar, dirigente sindical de Alcasa, sostuvo también que pretenden sacar a relucir el tema de las discusiones contractuales, como una campaña capta votos.
“Eso es justamente una campaña electoral que está haciendo la FBT. Las convenciones colectivas están congeladas y fueron ellos los que desmejoraron el flujo de cálculo, el salario quedó en el piso, ahora pretenden hacer campaña política con estas elecciones que son fraudulentas. Cuando no se le paga a los trabajadores los intereses, cómo van a pagar un retroactivo desde 2018 aun sabiendo que el gobierno no tiene dinero, las briqueteras son las que están cubriendo las nóminas”.
Restitución de beneficios
El secretario de Acta y Correspondencia del Sindicato Único de Trabajadores de Carbonorca (Sutracarbonorca), Ali Prieto, aclaró que no están negados a la discusión de un nuevo contrato colectivo, pero exigen la restitución del que secuestraron en 2018 y desmejoró aún más la calidad de vida del sector obrero.
Acotó a su vez que las discusiones de convenciones colectivas deben hacerse con la dirigencia sindical legítima, y no con los consejos productivos de trabajadores.
“No podemos discutir un contrato colectivo con un Estado patrono que nos engaña, con estos que nos robaron los contratos. No es que no queramos discutir una nueva convención colectiva, pero que nos restituyan lo que nos quitaron”, sostuvo Prieto.
El secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (Sunep-CVG), Ramón Gómez, coincidió que en caso de darse esa discusión, no debe ser con los CPT o personas nombradas a dedo, sino con la representación genuina de los trabajadores.
Recordó también que entre las acciones tomadas en contra de los sindicatos, está el cierre de sus sedes, como precisamente ocurrió con Sunep-CVH, Sintraferrominera, y los sindicatos del Complejo Siderúrgico-Planta Casima.
“Soy secretario general y me cerraron la sede de Sunep-CVG. En Ferrominera, ¿con quién van a discutir nuevo contrato colectivo? ¿Con el sindicato paralelo? A Ramón Espino, de Carbonorca, también le dieron jubilación. Bajo estas circunstancias no se puede discutir contratos. Se exige que se restituyan todos los beneficios y luego, si están dadas las condiciones, se discuta un contrato en dólares”, afirmó.
La propuesta de que las cláusulas económicas estén ancladas al valor del dólar, se justifica en la creciente hiperinflación en Venezuela, y un sistema económico dolarizado en el país, que el mismo régimen asumió para el pago de transacciones legales, como la emisión de pasaporte, o la venta de gasolina.
