El secretario del comité de Higiene y Seguridad del Sindicato de Trabajadores de Aluminios de Caroní (Sintralcasa), Javier Torres, denunció que las autoridades de CVG Alcasa preparan balances y maquillan las cifras financieras de la estatal con el fin de evitar que se descubran actos de corrupción, blanqueo de recursos y malversación de fondos, en el marco del operativo ejecutado por la Policía Nacional contra la Corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
El dirigente, quien además representa al Movimiento 7, organización laboral conformada por trabajadores de Alcasa, declaró que las autoridades de la empresa buscan encubrir la desaparición de recursos a la nueva junta interventora del holding, la cual fue nombrada tras la detención del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, por su vinculación con actos de corrupción.
“Se debe hacer una auditoría financiera realizada por especialistas contables que puedan evaluar toda la información y operaciones. Todas las transacciones deberían tener sus soportes debidamente certificados y apegados a la normativa interna de la empresa”, señaló Torres, quien enfatizó en la importancia de que el actual presidente y junta directiva se mantengan al margen de estas investigaciones, las cuales, por obvias razones, deben ser desarrolladas por personas externas.
Robo hacia los trabajadores
Tras el allanamiento de la CVG se ha informado a la colectividad a través de las instituciones oficiales que, tal como denunciaban los empleados hay irregularidades, malversación de fondos y violaciones a los derechos laborales.
Estas últimas constatada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante el 2018, año en el que una comisión de encuesta comprobó violaciones a los derechos laborales en Venezuela.
En este sentido, los trabajadores alcasianos exigen que se restituyan todos los beneficios que se perdieron durante la gestión de Pedro Maldonado, los diferenciales salariales que les quitaron de sus sueldos y el incumplimiento de las convenciones colectivas.
“En CVG Alcasa, al igual que en otras empresas, se han cometido ligerezas, omisiones, desviaciones y violaciones en los pagos. Cancelan vacaciones mal calculadas, intereses mal calculados. Además hacen ver a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que se cancelan completas las nóminas cuando en realidad se estaban robando el pago de los trabajadores”, enfatizó el dirigente laboral.
Esta versión es respaldada por sidoristas, quienes aseguran que tienen evidencias de presuntos pagos que la directiva le informó al Estado que hizo a los trabajadores en forma de bonos, sin embargo estos nunca los recibieron.
Estos hechos se traducen como vulneración al derecho del trabajador y, a su vez, un robo al presupuesto nacional.
“¿Quién se queda con esas variaciones? Los ingresos y egresos de la empresa deberían cuadrar. Cualquier variación es una desviación de fondos públicos y se tipifica como malversación del patrimonio público”, alertaron los voceros de la organización.
Asimismo, durante 2022, Movimiento 7 denunció el despido masivo de 900 empleados de la compañía, denuncia que elevaron al Foro de Diálogo Social moderado por la OIT en Caracas.
Los obreros se mantienen firmes en que debe investigarse a la gerencia de personal, comercialización, logística, entre otros departamentos de la estatal del aluminio con el fin de comprobarse cuál ha sido el manejo que han hecho de los recursos.
“De comprobarse un acto de corrupción, pueden ser objetos de sanción penal de 3 a 6 años y no podrán ejercer nunca más un cargo de control en la administración pública”, finalizó Torres.
Este 3 de marzo, trabajadores y líderes laborales miembros de la Intersectorial de Trabajadores (ITG) manifestaron en CVG casa matriz para hacer la misma exigencia, puesto que los empleados consideran necesario que se investigue cada compañía según sus características.
Hasta el momento se tiene conocimiento de que la junta interventora la presidirá Héctor José Silva y Alexis Rodríguez Cabello, en la vicepresidencia.
