domingo, 19 mayo 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sindicalistas de Guayana viajaron a Caracas para entregar denuncias a funcionarios de la OIT

En los documentos los trabajadores solicitan al ente que intervenga para que cese la persecución a dirigentes sindicales, y para que las empresas reincorporen a los empleados en situación de “no requeridos”.

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, Fidel Brito; el diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar y representante laboral de la Siderúrgica del Orinoco, Ramón Castillo; y el secretario general de la Comisión de Higiene del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa, Javier Torres, viajaron a Caracas para hacer entrega de una serie de denuncias emitidas por los obreros de las empresas básicas de Guayana a funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los representantes sindicales prepararon un documento de 10 folios, en el que aseguran consignaron evidencias de violaciones al derecho laboral que vienen ejecutando las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, entre ellas la desincorporación de trabajadores bajo la figura de “no requeridos”, el irrespeto a la inamovilidad laboral y el encarcelamiento de dirigentes sindicales vinculados con protestas.

 

Los denunciantes aseguran que las plantas se mantienen judicializadas y que las instituciones se parcializan hacia la línea política gubernamental

 

El documento fue firmado y avalado por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las cuales forma parten del Foro de Diálogo Social instalado en Venezuela desde abril del 2022.

En entrevista con Correo del Caroní la presidenta de ASI, Marcela León, confirmó su firma en los documentos y, además, manifestó su respaldo a las denuncias de los trabajadores de Guayana.

“El documento fue presentado a funcionarios de la OIT para que quede registro de esas denuncias. La documentación fue recibida por el director de la OIT Andina. Nosotros ofrecemos nuestro respaldo a estas denuncias”, declaró León.

Represión en aumento 

En el texto presentado a funcionarios de la OIT, los trabajadores aseguran que, desde la instauración del Foro de Diálogo Social en abril, la represión ha ido en aumento y enfatizan en que las instituciones públicas, quienes tienen el deber de defender a los trabajadores, abusan de sus competencias y funciones para prolongar las violaciones a sus derechos.

En este sentido, según el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical para septiembre de 2022, al menos 80 dirigentes sindicales están incursos en procesos penales, y ocho de ellos permanecen privados de libertad.

Asimismo, la oenegé Alerta Venezuela denunció que en los primeros días del mes de julio de 2022 cuerpos de seguridad del Estado detuvieron de forma arbitraria a dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y sus familiares.

En uno de los anexos de la documentación entregada a la OIT, los obreros hacen referencia al caso del sindicalista Douglas González, trabajador de CVG Venezolana de Aluminios (Venalum), quien fue detenido el 1 de agosto de 2022 a las 3:00 pm en una alcabala en Puerto Píritu.

González viajaba con un grupo de dirigentes hacia Caracas para interponer un amparo constitucional contra el memorándum 2792, emitido por el Ministerio del Trabajo en 2018. La detención se debió a la participación del trabajador en una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en 2018, lo cual violenta su derecho a la protesta establecido en las convenciones internacionales de trabajo.

Despidos injustificados 

En el aparto denominado “Caso CVG Alcasa”, los trabajadores alegan que el Estado se aprovechó de la crisis energética y la pandemia para sacarlos de sus puestos de trabajo denominándolos “no requeridos”, maniobra con la que sacaron a casi todos los dirigentes sindicales de las empresas básicas.

A su vez, en el caso puntual de CVG Alcasa, sostienen que la empresa alegando que es necesario sincerar la nómina, actualizó datos que les costó el puesto a 800 trabajadores, lo cual irrespeta la inamovilidad laboral impuesta por el Poder Ejecutivo y renovada hasta el 31 de noviembre de 2022.

Asimismo ejemplarizan con el caso puntual de un obrero que obtuvo una orden de reenganche por despido injustificado emitida por la Inspectoría Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz en el año 2021; sin embargo, un año y medio después, la empresa sigue sin ser notificada y el obrero continúa fuera de su puesto de trabajo.

Judicialización de trabajadores 

Un segundo apartado contiene las denuncias de sidoristas, quienes han sido visitados en varias oportunidades en planta por inspectores del trabajo y funcionarios de los cuerpos policiales del Estado, con el fin de disolver reclamos y paralizaciones ocurridas en el mes de junio.

Según los protestantes, el presidente de la estatal Néstor Astudillo se comprometió a darles un aumento salarial que no han recibido y que trajo como consecuencia que durante los meses de junio y julio paralizaran al menos tres áreas de la empresa, para exigir el cumplimiento del compromiso.

 

Los trabajadores aseguran que, desde la instauración del Foro de Diálogo Social en abril, la represión ha ido en aumento y enfatizan en que las instituciones públicas, quienes tienen el deber de defender a los trabajadores, abusan de sus competencias y funciones para prolongar las violaciones a sus derechos

 

Ante este escenario, la compañía en conjunto con la Inspectoría del Trabajo emitió 14 medidas cautelares de despido y la creación de expedientes a los presuntos líderes del paro, lo cual violenta el derecho a la protesta de los obreros y busca violentar la inamovilidad laboral nacional.

Los denunciantes aseguran que las plantas se mantienen judicializadas y que las instituciones se parcializan hacia la línea política gubernamental.

“Solicitamos a los altos expertos en convenios internacionales y a la OIT la intervención inmediata para que cese el acoso, hostigamiento, abuso de funciones administrativas, discriminación, división social del trabajo, la libertad plena de los trabajadores y dirigentes sindicales judicializados, y el reingreso a los puestos de trabajo a los trabajadores que fueron sacados de las industrias básicas de Guayana con el 40% de sus salarios en condición de no requeridos”, cierra la denuncia.