Hace un año el fiscal Tarek William Saab anunció la intervención del Estado en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por hechos de corrupción e inmediatamente nombraron, mediante Gaceta Oficial, una Junta Interventora que tendría como objetivo paliar la crisis generalizada en la que está sumida el sector industrial de Guayana, el cual ha estado desde hace más de 20 años en manos del partido de gobierno.
Ese operativo dejó como saldo el arresto de varios presidentes de empresas básicas y, entre ellos, resaltaba el nombre de Pedro Maldonado, entonces presidente de la corporación. Maldonado, por cierto, era muy cercano al expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami, se mostraron imágenes detenido después de un año de incertidumbre sobre su paradero ni información sobre el proceso en su contra.
En todo caso, la Junta Interventora llegó para sanear los hechos de corrupción que habría dejado la administración de Maldonado, de los cuales no se tiene información, e impulsar el aparato productor que tiene Ciudad Guayana.
El pasado 26 de marzo la Junta Interventora dejó de ser interventora y, mediante Gaceta Oficial número 42847 pasó a ser oficial con la ratificación de Héctor Silva como presidente del holding.
Sin embargo, luego de un año los empleados de las industrias de la CVG denuncian que la situación es la misma que con la administración acusada por corrupción: bonificación del salario, incumplimiento de algunos elementos legales como el recibo de pago, la destrucción de los beneficios laborales mediante la no implementación de los contratos colectivos, falta de indumentaria básica de protección para el trabajo y hasta la criminalización de la protesta como método de reclamo.
En este sentido, algunos representantes sindicales protestaron frente a la sede de la CVG para recordar las malas condiciones a las que está sometido el sector laboral de Guayana.
“Queremos felicitar al presidente de la CVG y al administrador principal de esta corporación que se llama Nicolás Maduro. Los felicitamos porque nos dejaron sin contratos colectivos, nos dejaron sin HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad), nos dejaron sin ningún beneficio. Los felicitamos porque lo vienen haciendo muy bien”, dijo en tono de ironía el presidente de la Federación de Asociaciones y Jubilados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina.
Asimismo, como método de rechazo, algunos empleados se plantaron frente a la sede de la CVG para cantar cumpleaños a la directiva que preside Héctor Silva dentro del holding.
Hechos más importantes durante la gestión de Héctor Silva
Luego de que los trabajadores vieran pasar una administración -Pedro Maldonado- que no los recibió para adelantar procesos de negociación, los empleados se plantaron e impidieron el acceso a la casa matriz de la CVG para exigir que la nueva gestión se sentara con ellos.
Ante la presión inicial, la entonces Junta Interventora comenzó a recibir sectorialmente a los empleados para escuchar sus quejas; no obstante, este patrón de conducta terminó pronto y los portones volvieron a cerrarse.
Solo tuvieron que pasar tres días para que la criminalización de la protesta volviera a aparecer como medio de represión en contra de los trabajadores.
En junio de 2023 varios sidoristas, entre ellos Leonardo Azócar, fueron detenidos y trasladados a Caracas.
Estas medidas represivas se mantuvieron a lo largo del año de gestión de Héctor Silva, toda vez que un sindicato, adepto al chavismo incluso, denunció el arresto de su líder, Josué Tremaria, por haber participado en una manifestación.
Los reclamos que se hacían durante la administración anterior se mantuvieron: incumplimientos a las cláusulas educativas, el acceso a la salud entre otros derechos laborales que han sido violentados por el patrón Estado.
Luego, la gestión de Héctor Silva vio cómo un grupo de jubilados instalaron una huelga de hambre para que les cancelaran la liquidación de sus jubilaciones, hecho que ocurrieron bajo la mirada silenciosa de la Junta Interventora de la CVG.
