Cuatro trabajadores del área de Palanquillas y tres del área de Planta de Pellas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) recibieron, a través de dos fiscales de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, un decreto de medida cautelar dictada por el mismo ente referente al procedimiento de “autorización para despedir” que la compañía solicita en su contra.
La razón de este procedimiento responde a que la directiva considera que son los “cabecillas” de la huelga de brazos caídos que inició el día viernes 17. La razón de la huelga es el incumplimiento de un aumento salarial del 186% prometido por el presidente de la compañía, Néstor Astudillo.
Asimismo, Astudillo se comprometió a un pago de vacaciones que superaría casi al triple el monto de otras empresas de Guayana, no obstante, según los testimonios, los obreros recibieron la noticia de que ya no pueden solicitar vacaciones por el resto del año.
A las 2:00 de la tarde de este viernes hicieron acto de presencia dos fiscales de la Inspectoría del Trabajo en la planta para entregar 7 notificaciones de medida cautelar de despido a los trabajadores, en las cuales se alega que este grupo de empleados liderizó la paralización ilegal de sus respectivas áreas, comprometiendo las operaciones y el proceso productivo de la estatal.
El inspector de cintas del Área de Pellas, quien cuenta con 11 años de trayectoria en la compañía, Jonathan Grisales relató que “llegaron el gerente de operaciones, Francis Villegas, quien me dijo que había una inspección y me estaban solicitando. Allí llegó la fiscal, quien me dijo que tengo una calificación de despido y debo ir el día lunes a Fiscalía para solventar los problemas que tengo con la empresa”.
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Trabajadores del área de Pellas junto a la de Palanquillas estuvieron de brazos caídos durante la protesta que inició el viernes, no obstante, Pellas se vio obligada a retomar sus labores debido a la presencia del Ministerio Público, un fiscal y agentes de la Guardia Nacional enviados por la directiva, para amedrentar a los obreros y disipar la manifestación, según afirmaron los trabajadores.
“Esto sucedió a las cuatro de la tarde. Se nos está despidiendo, supuestamente, por pérdidas millonarios debido al paro en la producción. Esa es la excusa”, manifestó Grisales.
El inspector aseveró que funge como vocero de su área, un cargo que los trabajadores idearon para organizarse ante la desactivación de los líderes sindicales.
“Los voceros de planta nos reunimos y tomamos la decisión de parar la planta para que nos paguen lo que nos adeudan y nos expliquen la ausencia de beneficios. La empresa solo ha publicado un Sidor Informa diciendo que somos terroristas”, explicó.
Asimismo, Grisales manifestó que las áreas de Planchones, Palanquillas y Pellas consiguieron un abogado para que los represente ante la Fiscalía y, posteriormente, decidirán qué acciones tomar.
“No estamos luchando contra un contratista, luchamos contra un monstruo llamado gobierno. Las instituciones públicas están vendidas al gobierno. La fiscal me dijo que no me estaban despidiendo, sino que buscaban negociar una salida pronta”, criticó.
No todos los trabajadores corrieron con la misma suerte de Grisales, ya que algunos recibieron la noticia después de terminar sus turnos de trabajo, enterándose a través de mensajes y llamadas de sus compañeros.
“Yo no estaba en ese momento, me avisó un compañero a quien le entregaron la notificación en sus manos. A raíz de todo lo que está pasando, ellos nos ven a nosotros como los líderes negativos y tomaron esas acciones. Ellos consideran que somos quienes encabezan las huelgas. La empresa alega que va a hacer un aumento, pero nosotros ni siquiera tenemos recibo de pago. Todos los 15 y 30 tenemos ese problema. Cuadramos una cosa y la empresa alega que eso pasa a CVG, CVG alega que pasa a la Onapre, ellos dicen que al Sistema Patria… una comparsa. No tenemos recibo de pago, eso lo depositan hasta con 5 depósitos y no sabemos qué están pagando”, expresó otro de los afectados.
Circunstancia jurídica venezolana
La posibilidad de despido de estos obreros se comparece en un escenario legal diseñado por las políticas de Hugo Chávez, quien erradicó la facultad de los patronos para despedir personal a través de una serie de decretos de inamovilidad laboral promulgados a partir del año 2000 hasta la actualidad.
Al respecto, la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6611 publicada el 31 de diciembre de 2020, establece inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público por un lapso de 2 años hasta el 31 de diciembre de 2022.
Con base en estos decretos, la administración de la compañía solo puede proteger su facultad para destituir a un trabajador solicitando la autorización de despido a la Inspectoría del Trabajo según lo contemplado en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Al respecto, el abogado especialista en Derecho Procesal Ramón Sosa explicó que la medida cautelar es una solicitud de excepción contemplada en el artículo 423 de la ley ya antes mencionada.
Esta excepción aplica “cuando un trabajador o trabajadora haya incurrido en violencia que ponga en peligro la integridad física de otro u otros trabajadores o trabajadoras, del patrono o patrona o de sus representantes, y que pueda constituir un peligro a la seguridad de las personas o de las instalaciones y bienes del centro de trabajo”.
“En este caso no se están llevando los requisitos necesarios para llevar a cabo una medida cautelar. No están llenos los extremos para el decreto de una medida cautelar, según lo comentado, ahí no hay ningún tipo de violencia”, adujo Sosa.
El lunes 27 de junio los siete trabajadores deberán presentarse en la inspectoría para expresar sus alegatos y, según establece la ley, deberían contar con asesoría legal por parte del ente. A su vez, el inspector está llamado a buscar la conciliación de ambas partes. De no lograrse, se pasaría a la etapa de revisión de pruebas.