Para un emprendedor, registrar una empresa ante el Registro Mercantil supone una inversión de al menos 300 dólares -aproximadamente- según las tarifas de las providencias administrativas de la Ley de Registros y Notarías emitida en la Gaceta Oficial número 42.301 del 20 de enero.
La reforma impone anclar los aranceles al petro (PTR). Aunque las cifras siguen siendo consideradas altas por los expertos, son menores que las tarifas máximas establecidas en la reforma de la ley, publicadas el 16 de diciembre de 2021.
El gremio empresarial del estado Bolívar señala que, lejos de incentivar la economía, la medida impulsa al sector productivo a la informalidad.
Raúl Gil Arias, consultor empresarial, contador público y abogado, explicó en entrevista con Correo del Caroní que las tarifas no solo afectan directamente a emprendedores y comerciantes que quieran registrar empresas, sino que también afecta de manera desproporcionada a compañías ya constituidas.
Cualquier modificación de cualquier documento constitutivo de la empresa, como cambio de domicilio fiscal, aumento de capital, cambio de junta directiva, entre otros, implica aranceles superiores a los 100 dólares.
Lo que supone un duro golpe para un sector económico que apenas se recupera de la pandemia por COVID-19, especialmente en el municipio Caroní, que es una de las entidades con los impuestos más altos para el sector comercial, de industria y servicios a nivel nacional, ubicándose en el percentil noventa del rango de tributos.
“El incremento de las tasas de gastos de registro se estableció sin consulta pública a los gremios empresariales y profesionales. Lo correcto para que esta reforma fuera legal era que se hubiese hecho una consulta pública y que además respetara principios constitucionales como la legalidad, capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad”, expresó Gil Arias.
El experto sostuvo que las tarifas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) son confiscatorias desde el momento en que no respetan la capacidad económica de los contribuyentes. “La manera de recaudar más impuestos es hacer incrementar el universo de empresas, no disminuirlo”, resaltó.
¿Cuánto cuesta registrar una empresa con la nueva reforma de la Ley de Registros y Notarías?
Entre la búsqueda del nombre, la inscripción de la empresa, el servicio de fotocopiado para -como mínimo- tres juegos de documentos y el sellado de los libros, los costos son de: 300 dólares (a la tasa del 4/02/22) sin incluir honorarios profesionales y otros trámites de gestoría.
Solamente la búsqueda del nombre de la compañía tiene una tarifa de 1 PTR, es decir, 60 dólares aproximadamente. La inscripción de la empresa, por otro lado, tiene una tarifa de 0,50 PTR (30 dólares).
Mandar a hacer y sellar cada libro contable tiene una tarifa 0,10 PTR, es decir, seis dólares. Cada compañía necesita obligatoriamente el sellado de cinco libros contables mínimo, el gasto sería de 30 dólares aproximadamente.
A eso se le suman: Honorarios del abogado por elaboración del documento y visado (200$), honorarios del contador por el balance de apertura e informe y visado (200$), carta de aceptación como comisario (100$) y otros gastos de gestoría (100$). Todos los montos son aproximados y varían.
“¿Cómo le dices a una empresa que está comenzando que tiene que disponer de todo ese capital solo para establecer la legalidad y obligatoriedad de mandar a hacer y sellar los libros contables?”, cuestionó Pedro Cambridge, presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado Bolívar.
Los expertos reconocen que las tarifas establecidas antes de la reforma de la ley no representaban el costo de los trámites, por lo que una reforma sí era necesaria, pero ajustada a la realidad económica del país y el contexto actual del sector privado.
¿Cómo las nuevas tarifas afectan a las empresas ya constituidas?
Mantenerse en la legalidad supone un reto para las grandes, medianas y pequeñas empresas que no solo deben enfrentarse a las altas alícuotas impositivas de los impuestos sobre actividades económicas, y a la excesiva facturación de servicios públicos, sino que, ante el Registro Mercantil, cualquier modificación de los documentos constitutivos de la compañía supondrán una tarifa no menor a 200 dólares dependiendo del trámite.
Una de las tarifas más altas es la de inscripción y aumento de capital, un trámite que las empresas deben hacer obligatoriamente para, por ejemplo, solicitar créditos bancarios. El trámite tiene una tarifa de 2% del capital de la compañía.
Es decir que, por ejemplo, si una empresa quiere aumentar su capital a un millón de dólares, tiene que pagar 20 mil dólares en el registro.
“Esto va a empeorar cuando una empresa tenga, por ejemplo, cinco estados financieros por aprobar. Las empresas deben aprobar anualmente sus estados financieros según establece el Código de Comercio. Muchas empresas fueron afectadas por la reconversión monetaria y por eso deben hacer un aumento de capital para poder solicitar créditos bancarios a la banca pública y privada, aprovechando la disminución del encaje legal”, explicó Gil Arias.
Entre los trámites mercantiles más solicitados están: Hacer el cambio de domicilio fiscal que tiene una tarifa de 3 PTR (180 dólares), las ventas de derechos y acciones cuesta 2 PTR (200 dólares), la inscripción de consorcios, sociedades empresariales o sociedades gestoras cuesta 10 PTR (6 mil dólares), la venta de acciones 5 PTR (300 dólares) y la inscripción de poderes 1 PTR (60 dólares).
La inscripción de sociedades extranjeras, domicíliales, o establecimiento de agencias y sucursales tiene una tarifa de 10 PTR (6 mil dólares). “Ellos (Poder Ejecutivo) hablan de repatriar capitales y dar apertura a capital extranjero, pero si tú vas a abrir una sociedad extranjera, tienes que pagar 6 mil dólares para la inscripción”, cuestionó Cambridge.
“La manera de recaudar más impuestos es hacer incrementar el universo de empresas, no disminuirlo”
Raúl Gil emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado para reactivar -y no desmotivar- la legalidad y la producción, entre esas, que se creen incentivos fiscales en lugar de aumentar los impuestos.
“Estamos de acuerdo con que debía haber un reajuste de las tasas porque eran montos irrisorios, pero que se reajusten de forma razonable, de forma que se sigan creando empresas, y las empresas que ya están creadas sigan funcionando, de tal manera que podamos producir en Venezuela y que el empresario no siga siendo el más afectado”, dijo.
También exhortó al Estado para emitir reformas de leyes y ordenanzas de actividades económicas que incentiven a la inversión en el municipio Caroní.
A nivel nacional, propone que se creen leyes que ayuden a reactivar la economía, a disminuir la inflación. “Porque al final queda afectado el empresario que genera empleos y que paga impuestos”, concluyó.
Solo hay dos escenarios posibles para que cambien las tarifas: Que el Poder Legislativo haga otra modificación de la ley, o que el Poder Judicial emita una medida de amparo. Los expertos piden una revisión de la reforma por su carácter inconstitucional.
