sábado, 24 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Salarios mínimos en la industria cerraron 2021 promediando $138

Conindustria reveló mediante su Encuesta de Coyuntura Industrial, correspondiente al IV trimestre de 2021, que los salarios del personal obrero aumentaron 76% ese año.

El sector privado ha tomado la batuta de los salarios en el país ante la desidia del gobierno chavista, que mantiene el salario mínimo en poco más de $2. Durante 2021 se hicieron esfuerzos importantes para incrementar las remuneraciones y ampliar la masa laboral, pues el ingreso familiar es vital pare recuperar el consumo en el país.

En este sentido, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reveló mediante su Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente al IV trimestre de 2021, que los salarios del personal obrero aumentaron 76% en el transcurso del año.

A inicios de 2021, un obrero u operador podía ganar un estimado de $78 mensuales. Esta cifra fue escalando con el paso de los meses hasta cerrar en los $138 en los que se promedia el sueldo actualmente.

Para otros rangos de profesionalización los salarios son mayores. Los profesionales y técnicos cobran 64% más que a inicios de 2021 al recibir unos $283, mientras que los gerentes ganan 30% más que a inicios de 2021 y se calculan sus salarios en $539.

De acuerdo con los resultados de esta encuesta, la industria supera en remuneración a otros sectores de la economía venezolana, pues según datos de estudios realizados por la consultora Anova y el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el salario mínimo promedio en la actividad comercial es de unos $89. Es decir, un 35,5% más bajo que la remuneración que reciben los trabajadores industriales en su escalafón más bajo.

Pese a los esfuerzos por incrementar el poder adquisitivo de sus colaboradores, la industria no ha sido capaz de ampliar su masa de trabajadores. Muchas empresas, más bien, registraron una reducción de personal.

Los datos de la encuesta de Conindustria destacan que 56% de las empresas mantuvieron la misma nómina si se comparan con el último trimestre de 2020 (un año atrás). Un 3% señaló que perdieron a muchos empleados, mientras que 21% destacaron que perdieron pocos. Tan solo 20% pudo ampliar su nómina ligeramente y ninguna compañía manifestó un aumento importante de trabajadores.

Para el próximo trimestre las expectativas son similares. Un 59% de las empresas encuestadas no prevén contrataciones ni pérdidas, 1% cree que perderá a muchos empleados, mientras que 11% podrían prescindir de algunos pocos. Mientras tanto, 29% prevé ampliar la contratación tímidamente. Nuevamente, ninguna compañía espera incrementar de manera importante su masa de colaboradores.

Sin inversión, la industria produce más

Los problemas para contratar están vinculados con la falta de inversión, otra de las principales barreras que enfrenta la industria venezolana.

Aunque se ha registrado un leve incremento en la actividad productiva, aún las empresas no encuentran un nivel de equilibrio lo suficientemente relevante como para invertir en aumentar su producción.

Apenas 30% de la industria reportó una inversión mayor. La mayor tajada, 49%, indicó que sus inversiones se mantuvieron iguales, mientras que las de 21% disminuyeron.

Pero incluso entre aquellos que invirtieron, la gran mayoría, 77%, se concentró en gastar dinero con fines operativos y para reponer inventarios. Es decir, prácticamente no existieron inversiones en adquisición de maquinaria o la ampliación de sus instalaciones.

La poca inversión se refleja en el mínimo uso de la capacidad instalada de la industria nacional, que se registra en 27%. Pese a que la cifra es demasiado baja para las necesidades y capacidades del país, se registró un incremento de 4% frente al trimestre anterior y recupera un nivel que no había tenido desde el segundo trimestre de 2018.

Y es que, con o sin inversión, 58% de las compañías encuestadas lograron incrementar su producción este año. Incluso la pequeña empresa, las más afectadas durante las encuestas de trimestres anteriores, lograron mejorar sus números. Pasaron de 24% que no produjo en absoluto a apenas 6%, frente a 67% que mantuvo o incrementó su producción.

El incremento de la capacidad utilizada es, sin lugar a dudas, una buena noticia para la industria venezolana y parece responder a medidas que van por un buen camino. No obstante, está muy lejos de alcanzar un nivel óptimo de operatividad.

Si se toman como referentes otros países de la región, se evidencia un colosal rezago en la industria, pues Brasil opera con 81% de su capacidad instalada, al igual que Colombia. Mientras tanto, Argentina, azotada también por problemas económicos e inflación, logra utilizar 66%.

Autosabotaje gubernamental

El tímido resurgir de la economía no se puede entender sin la postura del gobierno chavista. Las condiciones que hicieron que la industria y la empresa privada colapsaran fueron propiciadas por la administración de Nicolás Maduro y sus constantes regulaciones.

Un cambio en estas políticas se apreció desde 2019. El Gobierno apartó su mirada del sector privado y los empresarios aprovecharon para revivir a sus empresas progresivamente, mayormente con dinero propio y sin incentivos gubernamentales ni créditos bancarios.

Este cambio de postura, con un Estado menos presente como ente regulador, ha permitido el crecimiento de 2021. Pero ahora los actores del Gobierno toman nuevamente un papel protagónico que parece ser contraproducente para la empresa.

Aunque el Gobierno promueve en sus discursos la necesidad que tiene el país de apoyar a la empresa nacional y de potenciar a la industria, acaba por generar condiciones poco óptimas para hacerlo.

La exoneración de los aranceles de importación durante cuatro años son el perfecto ejemplo, puesto que privilegia a los productos importados que no generan empleo ni ofrecen valor agregado alguno para la actividad económica venezolana, mientras que se imponen barreras cada vez más grandes para el productor nacional.

Esta situación se evidencia mediante reformas aprobadas en el seno de la Asamblea Nacional (AN), como la Reforma de la Ley de Registros y del Notariado o la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

En el caso de la primera ley, se centra en incrementar las tarifas a pagar por los servicios que ofrece el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). Estas afectan no solo al venezolano promedio que intenta tramitar un pasaporte o cualquier otra documentación, sino también al empresario que desea crear una empresa o cumplir con cualquier trámite administrativo.

La IGTF, por su parte, supone una variedad de problemas. La imposición de 3% de impuesto a las transacciones en dólares no se aplicará solamente al producto final, sino que repercutirá en toda la cadena productiva.

Según explica el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, la materia prima ya vendrá con ese 3% adicional, pero al pasar al siguiente proceso, se suma otro 3% y así sucesivamente, hasta que el producto terminado se vende con un precio muy superior.

“Este tributo va orientado no solo a generar ingresos al Estado sino que también quien más lo paga es la industria nacional. Se pechará 3% a la materia prima. Cuando pase al siguiente proceso, aumenta de precio. Esto termina en una inmensa bola de nieve. Como consecuencia, ese producto experimenta un crecimiento de precio”, argumentó.

Por otra parte, el producto importado que ya está terminado, solo recibirá 3% adicional al momento de efectuar la venta.

A estos problemas, se añade la inacción del Gobierno frente a la mercancía que entra al país a través del contrabando. Cada vez son más los productos elaborados afuera de la misma marca que producen los locales.

Por ejemplo, una Coca-Cola producida en Colombia, con costos más económicos, es importada mediante contrabando a Venezuela para competir con la Coca-Cola nacional. Como consecuencia, los consumidores optan por el artículo más accesible y se perjudica la producción local.

“Están llegando productos de nuestros vecinos países sin autorización de quienes producen aquí. En cambio, en Venezuela no podemos exportar sin autorización de los fabricantes del país vecino. Esto va en perjuicio de la recuperación de la industria y de la economía nacional”, destacó.