Rodney Álvarez, obrero de 36 años e injustamente encarcelado durante casi 11 años, pide a CVG Ferrominera Orinoco el reenganche a su puesto de trabajo y el pago de 10 años y 10 meses de trabajo y beneficios que, en su caso, los pasó recluido en la cárcel Rodeo II.
“Quiero reincorporarme para poder suplir y generar el ingreso diario para mis hijos, así como vivienda, alimentación, educación y demás necesidades básicas que ellos necesitan y yo tengo que cubrir”, expresó en entrevista con Correo del Caroní.
El exferrominero relató que la mañana del lunes 27 de junio acudió a la estatal para entregar la solicitud de reenganche, solicitud que fue recibida, firmada y sellada. Le dijeron que el lunes 4 de julio recibirá respuesta a su petición.
Álvarez trabajó por tres años en la compañía como electricista antes de ser arbitrariamente apresado y luego encarcelado por el homicidio de Ronny Rojas, otro trabajador de Ferrominera Orinoco. Tras su encarcelamiento, la estatal lo despidió y su familia dejó de percibir los beneficios laborales.
“Fui detenido ilegalmente, sin ningún tipo de pruebas. Después de casi 11 años se verificó mi inocencia y por eso pido a la empresa CVG Ferrominera Orinoco que cumpla lo que consta la contratación colectiva: yo puedo ser reenganchado en mi puesto de trabajo siempre y cuando no me haya declarado culpable, y así pasó”, señaló.
Actualmente Álvarez depende de su familia y oenegés para sostenerse, pues está desempleado.
Informó que, además, requiere asistencia médica que no ha podido recibir por completo por falta de recursos y porque las oenegés que lo apoyaban solo tienen incidencia en Caracas (actualmente él está en Bolívar).
Álvarez padece constantes dolores de cabeza, restricción de movilidad en el brazo derecho tras recibir una puñalada en la cárcel, fémur izquierdo dislocado y dolor en ambas rodillas. Además perdió tres piezas dentales.
El Tribunal 11 de Juicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó sentencia absolutoria para Álvarez el 18 de mayo. Álvarez atribuye su liberación a que el Estado no tenía más elementos para mantenerlo privado de libertad.
Para muchos trabajadores y dirigentes sindicales, la libertad plena de Rodney Álvarez es una victoria que moraliza la lucha de los trabajadores por reivindicaciones laborales en Guayana: un salario anclado a la canasta básica alimentaria, exigencia de contratos justos y la reivindicación de organizaciones sindicales desarticuladas o secuestradas por el Gobierno.
Injusta prisión
Rodney Álvarez fue arrestado en Ciudad Piar el 17 de junio de 2011 por el homicidio de Ronny Rojas, obrero de Ferrominera Orinoco que fue asesinado ocho días antes frente a los portones de la estatal durante una asamblea de trabajadores, a propósito de las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
En esa asamblea de convocatoria masiva se reunieron miembros de Sintraferrominera y miembros del sindicato oficialista de la empresa. La estatal estaba militarizada, hubo tensión desde el inicio porque meses antes fue liberado Rubén González, secretario general de Sintraferrominera encarcelado por el régimen después de liderar varias protestas por exigencias laborales ese año.
Rodney no era una figura relevante en el movimiento sindical, solo asistió a la asamblea -junto a otros trabajadores de Ciudad Piar- a respaldar al sindicalista Rubén González.
Tres forcejeos entre empleados fue la antesala de un breve tiroteo que acabó con un ciudadano muerto: el obrero y militante de Juventud de Trabajadores del PSUV, Ronny Rojas, de 28 años.
Quienes asistieron a la asamblea acusaron a Héctor Maicán de disparar contra los trabajadores. Maicán también era militante del PSUV, secretario de finanzas de Sintraferrominera y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT) -organización en aquel entonces dirigida a nivel central por Nicolás Maduro y cuyos miembros procuraban el control burocrático de las empresas básicas-.
El hombre fue resguardado dentro de la estatal y luego fue arrestado. Aunque todos pensaban que se le imputarían los cargos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, el Tribunal Segundo de Control desestimó los cargos de homicidio y precalificó los delitos de porte ilícito de armas y lesiones leves.
El resultado: se le otorgó medida cautelar de libertad con régimen de presentación cada 30 días.
Ocho días después apresaron a Rodney Álvarez quien a partir de ese momento estuvo por casi 11 años a más de 700 kilómetros de su familia y se enfrentó a un proceso judicial sin garantías de justicia: sufrió cuatro atentados contra su vida dentro de la cárcel, seis reinicios de juicio y violaciones a sus derechos humanos.
Aunque no había pruebas en su contra, el exferrominero estuvo preso por decisión política, señala la defensa legal. El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, denunció una y otra vez que Rodney fue utilizado por el régimen como chivo expiatorio porque Maicán, el acusado por los trabajadores de haber disparado, era no solo dirigente del PSUV, sino aliado del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.