martes, 20 febrero 2024
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Ramón Sosa: “Levantamiento de los lapsos en materia sindical es una oportunidad para defender beneficios contractuales arrebatados”

El abogado y docente de la UCAB Guayana estableció que la clase obrera ahora puede defender los beneficios contractuales arrebatados en el 2018.

Tras 5 años de mora electoral dentro de las organizaciones sindicales y gremiales fue publicada en la Gaceta Electoral 1012 la resolución Nº 220425-023 que levanta la suspensión de los lapsos en materia sindical, gremial y electoral. Al respecto, el abogado y especialista en Derecho Procesal, Ramón Darío Sosa, explicó que esta resolución abre un abanico de posibilidades, entre ellas, la discusión de nuevos contratos colectivos y esgrimió que la suspensión electoral nunca estuvo justificada más allá de fines políticos.

La suspensión oficial fue publicada en Gaceta Oficial durante julio de 2020, la justificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue la crisis de la pandemia; no obstante, Sosa aseveró que la última vez que se renovaron representantes sindicales fue en el 2018.

“Aquí en Guayana no se discuten convenciones colectivas desde hace cuatro años. La ley establece que el CNE es quien está autorizado para organizar las elecciones de las organizaciones sindicales y gremiales. El CNE no le permitía a los sindicatos y gremios hacer elecciones, eso retrasó los procesos en los sindicatos del país”, explicó.

La mora electoral en materia sindical obstaculiza la efectividad de la defensa y lucha por los derechos laborales, debido a que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) restringe las atribuciones de los sindicatos ante la desactualización de los directivos, estableciendo que “la junta directiva cuyo período para el cual fueron electos haya vencido no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos, no podrán presentar, tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo ni actas convenio”.

Politización sindical pulverizó el derecho electoral 

De acuerdo con las cifras del Ministerio del Trabajo, para 2018, 66% de las organizaciones sindicales del país eran víctimas de mora electoral. La libertad sindical y el derecho a asociación fue uno de los puntos a tratar durante el Foro de Diálogo Social desarrollado entre Fedecámaras (empleadores), organizaciones sindicales (trabajadores) y Estado durante el mes de abril de 2022 en Caracas, cuando además se debatió la precarización de los estipendios públicos y la falta de acuerdo tripartito entre los actores laborales.

El abogado y docente asegura que la suspensión de las elecciones sindicales fue la alternativa del régimen ante la pérdida del apoyo de la clase trabajadora

El diálogo contó con la moderación de la Organización Internacional del Trabajo, institución que hizo presencia en Venezuela, ya que el país tiene abierto un proceso investigativo relativo a la Comisión de Encuesta impuesta desde el 2018, esto en razón de una serie de denuncias presentadas en el 2015 que exponen la violación de los derechos laborales en Venezuela.

Hasta la fecha, el Estado no ha rendido cuentas sobre los avances en estas negociaciones más allá de que habrá una segunda reunión en septiembre.

– ¿Por qué se decidió suspender las elecciones para renovar a los representantes sindicales? 

– Nunca dijeron por qué lo hacen. Los que nos encargamos de estudiar el tema, llegamos a la conclusión de que tiene un componente político. La situación país afectó que el gobierno pudiera tener control de las organizaciones sindicales, entonces decidieron que no iba a haber más elecciones. Sus candidatos o prospectos para dirigir sindicatos estaban siendo muy mal vistos por la sociedad, el gobierno perdió muchas elecciones donde ganaba la oposición. Creemos que a eso se debió la suspensión de las elecciones.

– ¿Qué influencia tiene la presencia de la OIT en esta decisión? 

Esto lo hemos estado discutiendo entre el gremio y creemos que esto es una reacción ante la presencia de la comisión de la OIT que recientemente visitó Caracas. Hay también mucha presión con el tema de los derechos humanos, ya que la actividad sindical es considerada un derecho humano por las organizaciones internacionales. El hecho de que el CNE era quien autorizaba las elecciones en una organización sindical, estaba siendo considerado una violación al derecho de los trabajadores. 

La presión internacional se ha impuesto en las cúpulas del chavismo durante el primer trimestre de 2022: las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017 se popularizaron y saltaron al ojo público debido a unas misivas enviadas al presidente Joe Biden; la Organización Internacional del Trabajo se presentó en Caracas para evaluar la situación laboral y el régimen también recibió a una comisión de la Corte Penal Internacional que se mantiene investigando crímenes de lesa humanidad en el país.

En este contexto, la administración de Maduro ha iniciado un viraje en sus políticas económicas y cambia las reglas del juego para restaurar la legalidad sindical en el país.

En esta materia, Sosa alegó que esta última medida atañe más a un tema de opinión pública y percepción del gobierno: “Esto lo están permitiendo por la presión internacional de la OIT y la presión de la visita de la Corte Penal Internacional. El gobierno ha tenido que modificar muchas cosas para quedar bien internacionalmente y no verse como un régimen autoritario”.

Nuevos sindicatos, nuevas convenciones colectivas 

La renovación de autoridades responde al clamor que han levantado los trabajadores durante años: la discusión de las condiciones laborales y los contratos colectivos. Desde la promulgación del memorándum 2792, redactado por el Ministerio de Trabajo, que buscaba promover la “justa distribución de riquezas” y proteger la “fuente de empleo”, la clase obrera perdió sus beneficios contractuales que, según el memorándum, “son enviados a revisión por ser onerosos”.

El listín de pago, un tabulador justo, el acceso a la salud y la libre asociación son algunos de los derechos y beneficios que han sido vulnerados desde el año 2018. Asimismo, el movimiento sindical se volvió una piedra en el zapato para el régimen, que ha perseguido y hostigado a numerosos dirigentes, entre ellos, destaca Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, quien estuvo preso 17 meses en el marco de protestas laborales.

Sosa calificó esta situación como positiva para los trabajadores y, a su vez, aseguró que con la renovación de autoridades se tendrán facultades para dirimir los beneficios arrebatados a los trabajadores.

“Hay beneficios pactados como fiestas de fin de año, del Día del Trabajador… que no se cumplen porque las empresas no tienen recursos para darles cumplimiento. Es una oportunidad para establecer obligaciones de cumplimiento alternativo. Por ejemplo, con pagos o intercambios. Mientras eso no se regularice, se va generando un pasivo con el trabajador”, arguyó.

Respecto a los beneficios laborales, la vulneración al derecho a la salud ha sido uno de los más golpeados en los últimos años cobrando la vida de jubilados y enfermos ocupacionales.

El beneficio del seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad permitía a los trabajadores asistir a cualquier centro médico en el territorio nacional y ser atendidos; no obstante, el expresidente Hugo Chávez se mostró crítico con este sistema, proponiendo crear centros de atención independientes. Hoy día la Corporación Venezolana de Guayana cuenta con 5 hospitales y ninguno puede dar respuesta oportuna a la necesidad de atención médica a trabajadores activos y jubilados de las empresas básicas.

Al respecto, Sosa estableció la importancia de involucrar obligaciones alternativas en el proceso de negociación. Estas obligaciones deberían tener las características de poder ser costeadas por la empresa y coadyuvar a la situación de los trabajadores.

El CNE no organizará los comicios sindicales 

Además de levantar la suspensión, el CNE también modificó las condiciones electorales, ya que, hasta ahora, el desarrollo y organización del proceso recaía en la institución. Sin embargo, el levantamiento viene acompañado de la autonomía de los trabajadores para realizar las elecciones a través de la comisión electoral, mientras que el papel del Poder Electoral es solo como acompañamiento y no como líder del proceso.

“La comisión se debe registrar en el CNE. Esta comisión organizará las elecciones y recibirá las planchas, los candidatos, las fechas… Una vez que se hacen los comicios, participan el resultado al CNE y al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (Renos). Estos organismos validan y dan legalidad el asunto”, explicó el abogado.

– ¿Hay garantías de que será un proceso justo y no una adjudicación a trabajadores afines al chavismo? 

– Yo realmente creo que no es un proceso donde haya mayor control de la parte política. Al permitírsele a los trabajadores que organicen sus comisiones electorales, ya queda en libertad del trabajador hacer sus postulaciones. Es una elección vigilada por los demás trabajadores.