Trabajadores, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia en Caracas para exigir la liberación del exferrominero Rodney Álvarez y demás trabajadores presos.
“Rodney Álvarez está preso por un montaje judicial hace 10 años y ahora fue declarado culpable sin ninguna prueba”, cuestionó Omar Vásquez Heredia, representante del partido Socialismo y Libertad.
El dirigente recriminó que trabajadores sean sometidos a régimen de casa por cárcel o medidas sustitutivas que le impiden ejercer sus derechos sindicales y políticos. “La exigencia es la libertad inmediata y plena de los trabajadores presos”.
Álvarez ha padecido más de 10 aperturas de juicio, tres atentados
en las cárceles y más de 25 diferimientos de audiencia
Sostuvo que estas privativas de libertad son aplicadas como parte de las políticas antiobreras, que incluyen la eliminación de los contratos colectivos a través del memorando 2792 de 2018.
“La sentencia es espuria, no demuestra que en ningún momento Rodney haya percutado un arma, no demuestra que Rodney sea culpable de lo que se le acusa. La sentencia no demuestra absolutamente nada”, dijo Armando Guerra, representante de C-Cura.
Denunció que la sentencia no tiene “ni pies ni cabeza” y que la apelación desmonta el caso. “A Rodney no se le pudo determinar nada, en la sentencia todo lo que hablan es de supuestos”, recriminó.
Álvarez es un exferrominero que fue detenido hace más de 10 años acusado del asesinato con arma de fuego del obrero Renny Rojas en los portones de Ferrominera Orinoco, mientras se realizaba una asamblea para escoger la comisión electoral del sindicato de trabajadores de la estatal.

Pese a que empleados, testigos del hecho, culparon de la muerte de Rojas al dirigente de la Federación Bolivariana de Trabajadores y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Maicán, Álvarez fue apresado.
En 2019, la Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendó su liberación. Sin embargo, la medida ha sido desatendida por el gobierno de Nicolás Maduro y, al contrario, en junio fue sentenciado a 15 años de prisión tras un proceso viciado.
El 6 de julio la defensa de Álvarez apeló la sentencia contra el exferrominero. El tribunal tiene hasta el 4 de agosto para ratificar o anular la sentencia del trabajador. Hasta ahora los abogados siguen esperando respuestas de la apelación.
En la actividad participaron José Bodas, dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros; representantes de Alternativa Popular Revolucionaria, del Partido Socialismo y Libertad y familiares de Eudis Girot.
Además de la liberación de Álvarez, exigieron la libertad del trabajador de Petróleos de Venezuela, Guillermo Zárraga; del director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot y del trabajador de PDV Marina, Bartolo Guerra.