Durante el mes de agosto en el marco de una visita del ministro de Industrias, Hipólito Abreu, a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, aseveró en rueda de prensa que todos los “no requeridos” serían reincorporados a finales de año, no obstante, a solo un día de terminar el año, Maldonado ha incumplido con su palabra.
La crisis económica que provocó la debacle productiva de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) continúa socavando la calidad de vida y los derechos humanos de los trabajadores, muestra de ello es el gran porcentaje de obreros que permanecen bajo la figura de no requeridos pese al compromiso del presidente del holding, Pedro Maldonado, de reincorporarlos a todos durante diciembre de 2022.
A propósito de estas declaraciones, Maldonado alegó que no se habían ejecutado las reincorporaciones correspondientes debido a que muchas áreas de las plantas se mantenían inoperativas, pese a que se pronosticaba la reactivación total para finales de 2022, este objetivo tampoco se ha alcanzado.
Empleados entrevistados por Correo del Caroní exigen que se respete su derecho al trabajo acelerando el proceso de reincorporación a sus labores, las cuales tienen más de 10 años desempeñando en las diferentes empresas básicas de Guayana.
El incumplimiento deja sin fechas tentativas de reincorporación a una masa laboral de más de 5 mil trabajadores, según los denunciantes, quienes al permanecer en este estatus padecen una reducción salarial de hasta el 70%. A esto hay que agregar que tampoco perciben beneficios como bonos, bolsas de comida o cualquier dádiva gubernamental.
Como muestra de ello, recientemente los trabajadores “no requeridos” fueron excluidos en la entrega del bono alimenticio navideño o combo hallaquero, dejándolos sin percibir los alimentos entregados a quienes permanecen activos.
Vulneración de contratación colectiva y precarización salarial
Pese a que hay más de 1.000 trabajadores que figuran como “no requeridos” en la nómina de la CVG, este estatus no existe en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).
El término surgió durante la pandemia, cuando las empresas determinaron que había una sobrepoblación en las plantas para ejecutar tareas que, según la versión oficial, se habían suspendido durante el confinamiento. Sin embargo, los obreros lo califican como una excusa para dirimir el exceso de personal ante la inoperatividad de las compañías.
Durante la contingencia, las estatales se comprometieron a reincorporar a los obreros cuando se terminara la pandemia, pero esto no fue acatado, ya que desde enero de 2022 el esquema 7×7 fue levantado y los afectados no fueron restituidos.
Posteriormente se tuvo diciembre como fecha tentativa de reincorporación, lo cual tampoco ocurrió.
De esta manera, los empleados se mantienen a la expectativa de recuperar sus trabajos y el monto total de sus salarios, esta situación de inestabilidad y desmejora de condiciones vulnera los principios de las contrataciones colectivas y la Lottt que abogan por la progresividad de las condiciones y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.
 No tenemos beneficios ni acceso a vacaciones, que es algo que está contemplado en la contratación colectiva. Tampoco percibimos combos proteicos, bolsas de comida… En nuestros hogares hay carencias”, César Marcano |
Ángel Bolívar, trabajador de Sidor, posee una trayectoria de 23 años en la compañía, durante el 2020 desempeñó el cargo de jefe de taller de alta tensión, tras más de dos décadas laborando, en agosto de 2020, mientras estaba en período de vacaciones, su ficha fue desactivada, ya que compañía lo consideró “no requerido”.
“Esto ha tenido repercusión hasta psicológica por el trato discriminatorio. Afecta psicológicamente a cualquier persona que ha laborado en estas empresas. La familia se ve afectada pues desapareció su calidad de vida, vivimos ahora en un ambiente de austeridad. Nuestro sueldo es solo el 40% de lo que recibe un activo. No la tenemos fácil”, expresó Bolívar, quien pertenece a la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG).
El obrero añadió que los activos tampoco perciben montos justos, ya que el escalafón más bajo de las empresas anteriormente ganaba 40% más del salario mínimo nacional, condiciones que, a su juicio, se han desmejorado considerablemente.
El panorama no es más favorable en Ferrominera Orinoco, donde también existe una alta cifra de trabajadores no requeridos. Entre ellos, César Marcano, obrero del área de Ferrocarril con una trayectoria de 15 años en la empresa y que fue desactivado en mayo de 2022.
“El salario de los no requeridos es rebajado en 30% en Ferrominera. Un sueldo del que ni siquiera sabemos qué nos están pagando porque tampoco entregan listín de pago. No tenemos beneficios ni acceso a vacaciones, que es algo que está contemplado en la contratación colectiva. Tampoco percibimos combos proteicos, bolsas de comida… En nuestros hogares hay carencias y anímicamente uno se pone mal”, expresó Marcano.
Durante 2022 trabajadores del holding denunciaron la suspensión de la asignación de vacaciones y pago de prestaciones, según los afectados, la compañía alegó no tener recursos para costear estos beneficios, esta restricción también incluye a los obreros activos.
Reincorporación preferencial
Si bien la mayoría de los entrevistados aseveró que no ha habido reincorporaciones, un obrero que prefirió mantenerse en el anonimato aseveró que fue reincorporado recientemente por la empresa en un grupo de 15 obreros.
Según el trabajador, las reincorporaciones se han ejecutado de forma discreta y solo ha pequeños grupos de entre 100 a 120 obreros por empresa.
“La realidad es que hay una gran población desincorporada. A mí me reincorporaron en un grupo de 15 trabajadores. Pero solo fue un grupo pequeño. Fue una lucha, hicimos presión y a raíz de eso decidieron darnos nuestros reingresos”, manifestó el trabajador.
Sin información oficial ni fecha de reintegro
El silencio administrativo incrementa los niveles de incertidumbre y desesperación de los no requeridos, ya que desconocen cuándo se normalizará su situación laboral, algunos no requeridos tienen tres años bajo este estatus y, desde su perspectiva, es básicamente un despido indirecto.
Pese a las declaraciones de las autoridades de la CVG y las presuntas fechas de reincorporación, cada una de ellas ha sido incumplida, toda vez que la administración de las estatales no ofrece información oficial o comunicados referentes a este tema.
“No hay ninguna respuesta por parte de la empresa. Lo único que tenemos es lo que Pedro Maldonado informó de que todos los trabajadores iban a estar reincorporados en el mes de diciembre, pero a eso no le hicieron caso en ninguna empresa básica. Seguimos desincorporados, lo digo porque tengo compañeros y amigos en otras empresas y tampoco han sido llamados”, puntualizó Marcano.
