viernes, 19 julio 2024
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Prejubilados de Orinoco Iron denuncian falta de claridad en estatus laboral e impago de beneficios

Los afectados exigen la restitución de sus beneficios, así como servicios médicos y seguridad alimentaria.

Un grupo de trabajadores que figuran como prejubilados o jubilables de la empresa Orinoco Iron, denominada por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como Briquetera del Orinoco, denunciaron la falta de claridad en la que permanecen tras ser catalogados como trabajadores “jubilables”, estando fuera de planta, pero sin recibir los beneficios de la jubilación.

“Nosotros estamos bajo la figura de jubilables. Ellos nos emparejaron con un personal de 30% que están como no requeridos. Nosotros ya cumplimos el tiempo que nos piden para jubilarnos, pero la empresa está en un limbo jurídico. Ellos aún funcionan como Orinoco Iron para cobrar y pagar, pero ahora dependen de la CVG. Los lineamientos que, según, CVG le pone, nos quita a nosotros todos los beneficios. Las vacaciones y prestaciones sociales las perdimos. Ellos son Orinoco Iron para cobrar y pagar a entes foráneos, pero para pagarnos a nosotros son Briquetera del Orinoco”, expresó la vocería de los trabajadores que prefirió permanecer en el anonimato para evitar represalias.

Desde el año 2020, la CVG ha impulsado diferentes estatus laborales como “no requerido”, “salario protegido” o “jubilable” para recortar gastos en la nómina y evitar cumplir con el pago de beneficios, dada la baja producción de las empresas básicas.

Durante el año 2013, las empresas Orinoco Iron y Venprecar fueron nacionalizadas. En este sentido, Orinoco Iron empezó a llamarse Briquetera del Orinoco; no obstante, los denunciantes aseguran que su figura jurídica sigue siendo la de una compañía privada.

La denuncia de irregularidades con los empleados que pasarán a nómina inactiva afecta a un grupo de aproximadamente 100 trabajadores, quienes superan los 60 años y afirman estar en un limbo laboral.

No requeridos y jubilables: figuras que sostienen el incumplimiento gubernamental

Los afectados refirieron a este medio que llevan varios años en esta situación, lo que los mantiene en un estatus poco claro, ya que no perciben el pago de prestaciones sociales ni sus jubilaciones; pero tampoco ganan como el personal activo en la compañía.

“Nosotros salimos de planta en el 2019. Salimos con permiso especial, ya que no tenían nuestra jubilación preparada. Se presenta la pandemia y ellos sacan a un personal por la coyuntura. A nosotros nos metieron en ese paquete y ahí nos quitaron las prestaciones. Nos trataron como no requeridos. El personal no requerido está fuera pagándole prácticamente nada como a nosotros. Nosotros deberíamos estar aparte porque no somos no requeridos. Somos jubilables o prejubilados”, destacaron los perjudicados.

La situación precaria en la que permanecen los “no requeridos” ha sido denunciada en varias ocasiones por este medio. Además, recientemente Nicolás Maduro rechazó esta figura y condicionó su reincorporación a la empresa a la evolución de una serie de inversiones que se harán a través de las Brics.

“Nosotros reunimos las condiciones para ser jubilados, pero como ellos no pueden jubilarnos, ya que no son empresa pública, figuran aún como empresa privada, no pueden jubilarnos, sino como Orinoco Iron. No nos jubilan como Briquetera del Orinoco, porque jurídicamente la empresa aún no ha cambiado su estatus. Dan 100 dólares mensuales de comida y a nosotros no nos la dan, daban bolsa de comida tampoco nos la daban. El que está activo saca 5 o 6 veces lo que saca una persona que está afuera. Nosotros ganamos aproximadamente 70 o 80 dólares mensuales. Mientras que el que está en la empresa saca entre 300 y 400 dólares mensuales”, alegó un trabajador prejubilado de la compañía.

Estas figuras jurídicas no existen en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), por tanto, son estatus que carecen de sustento legal. En consecuencia, estas figuras no están planteadas ni tienen una normativa exacta para resguardar los derechos del personal que compone estos grupos, lo que pone en riesgo la seguridad laboral de los afectados.

“Se está cometiendo una injusticia. Perdimos todos nuestros beneficios contractuales en lo que se refiere a prestaciones sociales, medicinas que nos las daban, el servicio médico, lo que se llama seguro. No tenemos ningún tipo de seguro”, manifiestan los denunciantes.

Según las declaraciones de las autoridades de la junta interventora, se espera reincorporar al personal no requerido; no obstante, esta promesa data desde la gestión del expresidente Pedro Maldonado, en el año 2022.