Nicolás Maduro adelantó el pasado 12 de junio que ese mismo mes daría “buenas noticias” a los pensionados, pero más de 30 días después no hay anuncios y las pensiones siguen como quedaron establecidas el 15 de marzo de 2022: en 130 bolívares.
A pesar de ser un año electoral, en el que Maduro busca reelegirse en las elecciones del próximo 28 de julio, el gobierno no ha abandonado sus políticas de un gasto más moderado como las que ha venido adoptando desde 2019. Por ejemplo, en 2018 el gobernante ajustó el salario cuatro veces, pero en 2019 solo lo hizo dos veces. Una decisión que se volvió más firme en los últimos años, donde pese a las constantes protestas de trabajadores, no ha habido aumento salarial efectivo desde 2022.
El país estableció en marzo de 2022 un diálogo social entre Gobierno, empleadores y trabajadores. La hoja de ruta era llegar a un consenso tripartito para fijar un salario mínimo que cubriera la canasta alimentaria, como lo establece la Constitución, pero dos años después esta petición sigue sin cumplirse. Desde las organizaciones sindicales, que participan en las conversaciones, indican que la administración de Maduro sigue firme en la decisión de sólo incrementar a través de bonificaciones.
El 12 de junio, durante un Consejo de Economía Productiva, Nicolás Maduro dijo: “Ese dinerito (aumento de la recaudación) se transforma en mejoría de las pensiones, que va a tener muy buenas noticias este mes de junio porque la nueva ley (de pensiones) pegó más de lo que creíamos y va ir a la mejoría”.
Todos los 20 de cada mes, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) suele pagar las pensiones. No obstante, el aumento de este ingreso no se hizo efectivo en junio, y existe la incertidumbre sobre si se hará efectivo el próximo 20 de julio.
Para la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis) y profesora universitaria, Jacqueline Richter, este anuncio fue “profundamente irresponsable y electoral”. Para la especialista en Derecho del Trabajo el Gobierno está negado a aumentar el salario mínimo y así lo ha dejado ver en las mesas de diálogo.
“En las reuniones del foro de diálogo social de la semana pasada el Gobierno dijo que había cumplido con la recomendación de encuesta sobre el convenio 26 del salario mínimo, porque se había acordado de manera consensuada el método y sí se determinó el método, pero las confederaciones les dijeron: ‘Disculpe, ya tenemos el método, ¿pero cuándo va a aumentar el salario?”, comenta Richter a TalCual.
La profesora universitaria agrega que si en las reuniones se le pregunta a los representantes del Estado sobre el relegado aumento salarial estos “simplemente no hablan del tema”. “El ministro dice a las organizaciones sindicales que no sean mentirosas, que por el sistema patria el ingreso del trabajador público es de 130 dólares y que el Estado puede pagar como se le da la gana”.
El 1 de mayo de este año, el diputado y exministro del Trabajo Francisco Torrealba, informó que el ingreso mínimo integral de un mes por trabajador quedaba compuesto de la siguiente manera: bono de guerra 90 dólares y cestaticket en 40 dólares, para un monto total de 130 dólares.
Para la organización Acceso a la Justicia, que se encarga de monitorear el Estado de derecho en el país, la información divulgada por el exministro a través de la red social X llama la atención, motivado a que ni en el Decreto N° 4.952, publicado en la Gaceta Oficial N° 42.880 del 16 de mayo de 2024, ni la Providencia N° SNAT/2024/000042 emitida por el Seniat en Gaceta Oficial N° 42.881 del 17 de mayo, indican que el ingreso mínimo integral indexado como base mínima tributable sea de 130 dólares.
En los últimos años los aumentos salariales se comunican bajo esta fórmula de opacidad y en muchos casos generan confusión en la población. Un ejemplo de ello es que estos anuncios siguen a cargo de Torrealba, pese a no ocupar ya el cargo de ministro del Trabajo. A esto se suma la falta de información pública sobre el número de jubilados, pensionados y trabajadores activos, tanto de la administración pública como privada, pues desde los entes estatales no se publica información desde hace años.
Sobre la respuesta de las autoridades de que estos sectores perciben ingresos mayores obtenidos a través de los bonos, desde el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical afirman que es insuficiente, pues no todos los jubilados están registrados en el sistema patria, lo que significa que este bono de 40 dólares no está garantizado para todos. Además apuntan que aunque fuera así, este es un monto irrisorio frente a las necesidades que tienen los jubilados y pensionados.
Felicita Chacón, una jubilada de 73 años, entra en esa población que a pesar de recibir bonos por el sistema patria ve su pensión deteriorada, pero también en ese grupo al que ya las promesas de buenas noticias no despiertan esperanzas.
“La experiencia nos dice que las promesas se han quedado en promesas. Posiblemente el Gobierno quiera convencernos para ver si votamos por ellos, pero no hay manera de que haya una mejora de verdad de aquí al 28 de julio, yo no creo que la mejora vaya a ser tal”, duda Felicita, quien agrega que en los últimos años la inflación también acabó con las pensiones.
En mayo de este año el Gobierno aprobó una nueva Ley de Pensiones para sostener y atender un sector “agredido por las sanciones”. La ley establece que todas las empresas del sector privado, excluyendo al sector público pese a ser el mayor empleador, deben transferir mensualmente hasta 15% del total de su nómina a un fondo especial para financiar este beneficio.
Pero hasta ahora al menos desde el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) tienen dudas de cómo esta ley beneficiará a la población, de hecho, José Elías Torres, secretario general de la organización, indica que a la fecha no tienen conocimiento del primer beneficiario de esta ley.
Esta semana la CTV tuvo una reunión con la Federación de Jubilados y Pensionados y los reclamos que reciben y que planean llevar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que “nada de eso se ha cumplido”. “Lo que nos dicen es que nada de eso se ha llevado a la práctica, ni ese supuesto aumento convalidado con el sector empresarial, donde los empresarios dicen que esta ley les sale mejor que aumentar los salarios”, dice Torres.
En los sectores sindicales desconocen además cómo será utilizada esta ley para mejorar las pensiones y cuál será el monto que destinarán para cada beneficiario, pues hasta ahora la normativa publicada en Gaceta Oficial no lo detalla.
Desde la CTV plantearon ajustar el salario mínimo a 200 dólares en mayo pasado. La organización gremial señala que este monto no se trató de una propuesta “irresponsable”, sino que se basó en el desempeño que ha mostrado la economía en los últimos años, donde el propio gobierno indica que el producto interno bruto (PIB) crecerá este año 8% y que la inflación seguirá baja. Para el secretario general estas son muestras de que existe una estructura estatal que pueda sostener el incremento.
En mayo la confederación no obtuvo respuesta a la propuesta, pero además, indican que les consultaron sobre la Ley de Pensiones un día antes de ser aprobada, pese a haber hecho observaciones al instrumento. El 14 de junio la CTV señaló que volvieron a reiterar ante la OIT que el Gobierno sigue sin cumplir las recomendaciones.
Las organizaciones gremiales dicen que hasta ahora Venezuela sigue sin dar la acreditación para el asesor técnico de la OIT, así que este participa en las reuniones de forma virtual. Richter explica que hasta el momento el asesor no habla en las conversaciones y que se mantiene en los encuentros como observador.
Desde el espacio sindical expresan que el Gobierno hace todo para que se retiren y se cansen, sin embargo, explican que hay pequeños avances en los plazos en los que se dan las reuniones y en la entrega de información, pero además porque esta es la única instancia donde los trabajadores pueden llevar sus demandas. “Esta mesa de diálogo social es la única instancia de diálogo que está más o menos funcionando y para los sindicatos su esencia es la negociación”, apunta la directora del Ovlis.
Las medidas del presidente obrero
Maduro usa la bandera de “presidente obrero” al ser un antiguo conductor del sistema metro, pero los sectores de la fuerza laboral y de los pensionados son los que más protagonizan protestas en el país, al percibir un salario o pensión al mes que equivale a apenas 3,50 dólares a la tasa de cambio oficial.
Sobre esto, la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter, dice que “es un presidente obrero que aplica políticas anti trabajadores, yo me puedo autoproclamar como sea, pero lo que vale son los hechos, ni Milei se ha atrevido a tanto, este es el Gobierno más neoliberal en política laboral que existe, aplica las medidas más liberales y violatorias de todos los derechos de los trabajadores”.
Richter toma de ejemplo al presidente de Argentina, electo en diciembre de 2023, quien ha aplicado un agresivo paquete de ajustes para reducir el gasto del Gobierno y que es cuestionado por algunos sectores sobre los beneficios que traerá a la población. Sin embargo, a pesar de las drásticas medidas de Milei, en ese país el salario mínimo vital y móvil, como es denominado, es de unos 235 dólares y aumentó 30% entre febrero y marzo de este año.
En 2019 Nicolás Maduro dijo: “Somos el único país con 100% de pensionados, debemos cuidar eso y mantener esa meta; eso nació de las visitas casa por casa del Movimiento Somos Venezuela”. Pero los pensionados manifiestan constantemente que son el sector menos “cuidado” y que han tenido que enfrentar la vejez sin poder cubrir las necesidades más básicas.
Por ejemplo, Irene Dorta de 75 años, dice que esperaba una mejora antes de las elecciones. “Me parece que fue una errada decisión que él hizo, porque los pensionados somos los que en parte le damos votos a los candidatos, entonces no me parece bien, además de que estamos pasando por miles de dificultades”.
Comenta que atravesar cualquier situación de salud es complicado. Por ejemplo, indica que si logra conseguir alguna consulta médica gratis, esto queda allí, pues dice que en ningún lado hacen exámenes gratis. “Vas a un hospital y pasas por un triaje, te dicen venga dentro de dos o tres meses”.
Irene es tajante y dice: “Hace mucho tiempo que la pensión no sirve para absolutamente nada”.
Un informe de HumVenezuela, de julio y agosto de 2023, señala que la pobreza en el país sigue siendo generalizada. Para ese momento los escasos ingresos fueron el principal problema para 86,3% de los hogares. La media de los ingresos de los hogares en 20 estados del país fue de 102,5 dólares al mes, equivalente a 3,4 dólares al día.
Las pensiones son las que menos peso tienen en los ingresos de los hogares. La investigación de HumVenezuela muestra que las fuentes de estos bajos ingresos se reparten entre: 55% por ganancias propias, 55% por bonos y ayudas, 49,9% por remuneraciones, 30,8% por pensiones y 13% por remesas.
Mientras que el peso de los bonos y ayudas refuerzan el impacto de las políticas del Gobierno, donde se priorizan las bonificaciones. “Los bonos y las ayudas han tenido un peso importante en las fuentes de ingresos de los hogares durante los últimos años. Esta fuente supera las remuneraciones y se encuentra a la par de las ganancias propias”, resalta HumVezuela.