Sin cumplir con los requisitos de edad y años de servicio, trabajadores y dirigentes sindicales de empresas básicas están recibiendo jubilaciones de oficio sin haberlas solicitado, lo cual denuncian como una forma de represalia en respuesta a sus protestas y reclamos por el respeto a lo contemplado en sus contrataciones colectivas.
Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana denunciaron que los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, y del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SunepCVG), Ramón Gómez, recibieron recientemente una jubilación de oficio.
“Al trabajador que no es encarcelado o perseguido se le da una jubilación de oficio, aunque no la pida. El dirigente sindical goza de un fuero que se llama protección especial del Estado, con la que ningún patrono puede desmejorarlo y vulnerar sus derechos como sindicalista. Además, vulnera la inamovilidad por decreto presidencial, pero, en el caso de Ramón Gómez, hay una tercera inamovilidad, y es que convocó a elecciones en el sindicato. La intención es dejar acéfalo el sindicato, violando todo convenio internacional”, señaló Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato del Complejo Siderúrgico Nacional (Sidernac).
Denunciaron también que Noel Hernández, directivo de SunepCVG, recibió calificativo de despido por “injuria contra el presidente de CVG, Pedro Maldonado”.
“Esto no nos permite reconocer a (Nicolás) Maduro como presidente a partir del 10 de enero, ya que desde hace tiempo viene violando la Constitución aún vigente, ha destruido el poder adquisitivo de los trabajadores y en esas elecciones fraudulentas en las que dice que ganó, no fueron convocadas según lo que establece el reglamento electoral”, agregó Álvarez.
Más de 50 trabajadores presos
La intersectorial se pronunció también en protesta por los 15 trabajadores de Ciudad Guayana privados de libertad durante 2018: 11 de Ferrominera Orinoco y cuatro de Venalum.
Ramón Espino, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Carbonorca (Sutracarbonorca), señaló que en todo el país hay más de 50 dirigentes y trabajadores presos por manifestar. “Ya los compañeros deberían estar libres porque no han hecho nada. A Rubén (González) se le acusa de agredir a un guardia, eso no es para mantenerlo en una cárcel como La Pica ni ser juzgado por un tribunal militar”, afirmó.
Rubén González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre en Anaco (Anzoátegui) cuando regresaba de una marcha en Caracas, donde trabajadores de todo el país fueron a entregar un documento en Miraflores, dirigido a Nicolás Maduro, para exigir el respeto a sus contratos colectivos. El 1 de diciembre un tribunal militar dictó privativa de libertad y reclusión en la cárcel La Pica en Monagas.
El día anterior, nueve ferromineros también recibieron privativa de libertad con reclusión en la cárcel El Dorado en el municipio Sifontes de Bolívar. Sin embargo, su traslado no se efectuó porque presos comunes de este centro penitenciario se negaron a que fuesen recluidos allí. Permanecen apresados en los calabozos de la comisaría Guaiparo, en San Félix.
Cuatro trabajadores de Venalum fueron detenidos el 14 de diciembre en el área de colada de la empresa, y el 18 de ese mes se les dictó privativa de libertad y orden de reclusión en la cárcel La Pica. Sin embargo, por mediación con el presidente de la empresa, Pedro Tellechea, se evitó el traslado a este centro y permanecen recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Puerto Ordaz.
Miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana aseguraron que continuarán con reclamos de calle exigiendo sus reivindicaciones laborales, mas no detallaron sus próximas acciones. “La lucha no se trata solo de recuperar salarios, sino de recuperar la Constitución”, afirmó el secretario general de Sidernac.
