Trabajadores del Complejo Siderúrgico Planta Casima denunciaron a Correo del Caroní el anuncio de una medida que pretende tomar la directiva y que implica ejecutar un “plan de contingencia” que suscitaría la desincorporación de 500 empleados.
Los obreros expusieron que fueron informados de estas medidas el día 31 de mayo en horas de la mañana, a su vez aseguran que la propuesta la hace el gerente de operaciones de la compañía, Juan Díaz, a quien desde finales de 2022 señalan como un “enemigo de los trabajadores”.
Según lo informado al personal, este plan busca aminorar costos, por ejemplo, en el área de transporte imitando las medidas tomadas en cuarentena y trabajando con el personal mínimo. Esto genera preocupación entre los trabajadores ante un posible recorte de beneficios.
“Están orquestando toda esta jugada. La razón que nos dieron es que deben seis meses del servicio de transporte. Ellos hacen lo que les da la gana en la empresa y piensan desincorporar 500 trabajadores. Eso nos lo avisaron hoy (miércoles): seremos desincorporados. Nos mandaron a decir eso y no hay información sobre cómo nos van a pagar”, alegó un obrero que prefirió mantenerse en el anonimato.
#Laboral| A las 7:00 pm de este 31 de mayo, trabajadores de Planta Casima denuncian que la directiva de la empresa les informó que se aplicará un “plan de contingencia” en la estatal que suscitaría la desincorporación de 500 trabajadores pic.twitter.com/hGmaPKfRkE
— Francesca Díaz (@francescadiazm) June 1, 2023
“Aquí estamos todos los compañeros de la cuadrilla B. Hay rumores que se han venido convirtiendo en realidad acerca de un plan de contingencia. Si esto se da y envían la flota de transporte sin personal, vamos a ir a protestar al portón y nos plantaremos allí. Haremos pública esta denuncia. Nos quieren mandar a nuestras casas sin saber los motivos ni qué beneficios vamos a percibir. Nos tienen que decir por escrito cuáles son las condiciones”, alegó un trabajador en un video difundido por el personal de Casima.
Dirigentes de la empresa ya han sido notificados de medidas cautelares de despido en su contra, mientras que el secretario general del sindicato permanece como “no requerido”.
A pesar de que los obreros han intentado denunciar las arbitrariedades y malas condiciones laborales a la nueva junta interventora, reclaman que esta instancia no ha respondido a sus peticiones.
Desde noviembre de 2022 el personal de la estatal viene denunciando impago de horas extras, negativa al pago de prestaciones sociales y malas condiciones laborales. Entonces, la empresa disipó los reclamos con una comisión de la Guardia Nacional.
