domingo, 3 marzo 2024
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“No renunciaremos a los contratos colectivos porque son la representación del beneficio social del trabajador”

La organización de trabajadores Unidad en la Coincidencia anunció que redactará un informe de exigencias en cuanto al cobro de utilidades, disfrute de vacaciones y otros beneficios para entregarlo el próximo miércoles a CVG.

La organización de trabajadores sidoristas Unidad en la Coincidencia se pronunció este jueves 25 de agosto para manifestar su rechazo a la negativa por parte de la estatal de cumplir con los beneficios establecidos en los contratos colectivos y que, a su vez, están contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

En rueda de prensa los voceros enfatizaron en que no piensan dejar de exigir el cumplimiento de sus derechos.

Los temas a tratar fueron el incumplimiento de pago y disfrute de vacaciones, el posible pago fraccionado de las utilidades en cuatro partes y la ausencia del listín de pago desde hace cuatro años. El recibo de pago, según el artículo 106 de la Lottt, debería ser entregado cada quincena al trabajador.

El portavoz de Unidad en la Coincidencia, César Soto, afirmó que las desmejoras laborales son parte de la aplicación “malas metodologías políticas programadas y estudiadas que han sido aplicadas en Bolívar, estado industrial de Venezuela”.

“Los contratos colectivos costaron muerte, sudor y lágrimas. Hay un monstruo que se formó en Miraflores y que tiene sus tentáculos aquí en Guayana representados en esos presidentes de empresas que son inhumanos. No le quieren entregar las vacaciones a los trabajadores, ya están diciendo que pagarán las utilidades en tres y cuatro partes, les entregan comidas a los trabajadores como si fueran cochinos dentro de la fábrica. No hay producción. En Sidor la producción se mide en acero líquido no en sacar palanquillas ni planchones”, zanjó Soto.

Además puntualizó que el Estado debe tener seriedad, al respecto de los rumores de privatización en Sidor, esgrimió que el trabajador debe ser informado, ya que, en el caso de esta empresa, muchos de ellos figuran como accionistas clase B.

“Expliquen cuáles son las condiciones de negociación, quién va a estar allí, cuáles son los planes para la planta y cuál es el plan de inversión para los trabajadores. Esto no es información necesaria solo para los trabajadores, sino para todos los guayaneses. Toda la población debe estar interesada y levantar la voz ante posibles tramoyas”, alertó.

Unidad en la Coincidencia anunció que desarrollará un documento de exigencias en cuanto a vacaciones, listín de pago y utilidades para entregarlo en la Corporación Venezolana de Guayana el próximo miércoles 31 de agosto.

“Estaremos en CVG y vamos a invitar a los trabajadores porque necesitamos su participación con su firma y rúbrica. Es para aquellos que quieren defender sus utilidades. Cuando tengamos la cantidad de firmas suficientes se hará entrega a la CVG de todas esas exigencias”, expuso Soto. 

Vacaciones suspendidas: una violación al descanso del trabajador 

Desde el mes de junio, trabajadores de Sidor y Ferrominera Orinoco han denunciado la suspensión de las vacaciones en ambas empresas. Según los testimonios, las vacaciones ahora serán disfrutadas por “cupos” que van desde los 250 hasta los 300 trabajadores por mes, lo que deja a muchos obreros sin la posibilidad de disfrutar sus días de descanso.

A su vez, la cancelación de este beneficio obstaculiza el pago del bono vacacional, dinero con el que los obreros deberían contar para el disfrute de sus días libres.

César Marcano, empleado con 19 años de trayectoria en Ferrominera Orinoco, manifestó el desacuerdo de los trabajadores con las medidas tomadas por la administración. Marcano fue desactivado en el mes mayo de la empresa debido a su participación en protestas en los portones de la compañía.

“Le hablo a usted, señor presidente de Ferrominera Orinoco, Abel Jiménez, usted sacó un comunicado hace días diciendo que las vacaciones de Ferrominera se están respetando y se les están dando a los trabajadores. Eso no se está cumpliendo. Los desincorporados no tenemos opción, hemos llamado para que no den nuestras vacaciones y nos dicen que es imposible este año y, posiblemente, el año que viene tampoco”, esgrimió el ferrominero.

En el contexto de la pandemia, las empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana incorporaron la figura de “no requerido” para sacar trabajadores de planta y evitar la sobrepoblación tras el recorte de actividades, estos empleados han sido despojados de derechos como la entrega de bolsa de alimentos y perciben un porcentaje menor del salario.

Marcano afirmó que los trabajadores activos tienen que “rezarle al santo que más crean” para que les den sus vacaciones, ya que “ahora es por cupos y si no estás en la buena con tu jefe, no te dan tus vacaciones no importa si las programaste”.

“Señor presidente, las vacaciones son un derecho establecido en los contratos colectivos. Es una violación flagrante que se está haciendo en todas las empresas”.

Para dar respuesta a estas denuncias, durante el mes de junio Correo del Caroní conversó con la abogada, doctora en Sociología, magíster en Políticas Públicas y directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical Jacqueline Richter, quien aseveró que suspender las vacaciones es una política ilegal por parte de las empresas de Guayana.

“No tienen derecho a suspender las vacaciones, aunque aleguen que no tienen la productividad. No puede suspender vacaciones. Es una actitud absolutamente violatoria de toda norma. Ninguna norma jurídica permite a la empresa decidir quién va sale de vacaciones y quién no”, explicó Ritcher.

¿Dónde están los recibos de pago? 

Los representantes laborales explicaron que la ausencia del listín de pago es una de las violaciones más denunciadas por los obreros de las empresas, ya que este incumplimiento les impide saber si quiera cuál es su salario, cuántas bonificaciones reciben o qué les descuentan.

La opacidad salarial ha estado en la palestra durante los últimos meses desde que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) impusiera un instructivo de pago a los trabajadores del sector público, que rebaja los tabuladores cuyo inicio era un monto superior al salario mínimo y reduce los porcentajes de las primas salariales.

Estas modificaciones en los estipendios públicos han vulnerado aún más el derecho del trabajador a conocer cuáles son sus ganancias y cuánto mejoran sus ganancias por profesionalización y antigüedad.

“El gobierno no quiere entregar listín de pago para poder imponer su propia maqueta salarial”, manifestó César Soto.