La audiencia conclusiva del juicio de Rodney Álvarez -injustamente privado de libertad durante casi 11 años- que estaba pautada para el martes 26 de abril no se realizó porque ante el Tribunal 11 de Juicio del TSJ en Caracas no compareció el fiscal de la causa, Regino Antonio Cova. El retardo procesal se mantiene.
La audiencia fue reprogramada para el miércoles 4 de mayo.
Luis Aguilera, abogado defensor de Rodney Álvarez, reportó que -como de costumbre- el tribunal no dio información sobre las razones de la inasistencia del fiscal.
“La repuesta del tribunal responde a la continuación de las tácticas dilatorias promovidas por el Ministerio Público para mantener bajo coacción a Rodney Álvarez”, denunció Aguilera.
La defensa de Álvarez informó que, además, hasta la fecha el fiscal no había aportado la información necesaria para notificar a los testigos que faltan por declarar, los datos faltantes son correo electrónico, dirección y números de teléfono. La información no está en el escrito acusatorio y después de una década es casi imposible ubicar a los testigos.
Entre estos, tres guardias nacionales y cinco funcionarios expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Lo que nos queda es hacer todas las diligencias posibles ante la Fiscalía General para exigir el cese al retardo procesal y la inmediata libertad de Rodney Álvarez”, manifestó el abogado del extrabajador de Ferrominera Orinoco.
Esta es una de las más de 20 audiencias que han sido diferidas. Durante su injusto encarcelamiento, Álvarez ha enfrentado seis reinicios de juicio, cuatro atentados en la cárcel y abusos, lejos de su familia, ubicada en el estado Bolívar.
Después de casi 11 años de pagar con cárcel más del 80% de la pena por un crimen que no cometió, el obrero quedó bajo libertad preventiva, con régimen de presentación cada 30 días.
Álvarez fue excarcelado el viernes 15 de abril en la madrugada -tres días después de haberse emitido la boleta de excarcelación- sin previa notificación a familiares y defensa legal, lo que lo expuso a la peligrosidad de las adyacencias de la cárcel Rodeo II, en Caracas.
Su defensa informó que, mientras permanezca en la ciudad capital, recibirá asistencia médica y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Preso político
Rodney Álvarez fue arrestado en Ciudad Piar, estado Bolívar, el 17 de junio de 2011 por el homicidio de Ronny Rojas, obrero de Ferrominera Orinoco que fue asesinado ocho días antes frente a los portones de la estatal durante una asamblea de trabajadores, que tenía como propósito la realización de elecciones dentro del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
Quienes asistieron a la asamblea acusaron a Héctor Maicán de disparar contra los trabajadores. Maicán era militante del PSUV, secretario de finanzas de Sintraferrominera y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT), organización en aquel entonces dirigida a nivel central por Nicolás Maduro y que nació como herramienta del oficialismo para procurar el control burocrático de las empresas básicas.
Aunque Maicán fue apresado al principio, el tribunal a cargo en ese momento desestimó los cargos por homicidio y solo lo acusaron por porte ilícito de armas y lesiones leves, así que a los pocos días fue puesto en libertad con régimen de presentación cada 30 días.
Rodney Álvarez no era un dirigente sindical, pero acudió ese día a la asamblea para apoyar al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González. Ocho días después le imputaron cargos por el delito de homicidio. A 11 años de lo sucedido no hay pruebas que lo vinculen con el hecho.
