El secretario general del sindicato del Complejo Siderúrgico Nacional-Planta Casima (Sidernac), antigua Sidetur, Alejandro Álvarez Aular, acudió la mañana de este lunes a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en Puerto Ordaz, para hacer seguimiento a los casos interpuestos en este ente y que, datan desde hace más de tres años, así como a denunciar nuevos atropellos que atentan contra la libertad sindical.
En primer lugar se refirió precisamente a las prácticas antisindicales por parte del presidente de la compañía, luego de que la semana pasada le impidiera el ingreso a él y otros dos dirigentes que harían una asamblea para recoger firmas y presentar la memoria y cuenta del sindicato a los trabajadores, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).
En segundo lugar, Álvarez solicitó el reenganche de más de 20 empleados que asegura fueron despedidos ilegalmente hace casi tres años, y sin embargo la inspectoría sigue sin dar respuesta al respecto.
“No sé qué hacemos acá, denunciando lo mismo desde hace tres años, si desde el ámbito jurídico nuestros derechos están garantizados en la Constitución nacional, también ratificados en los convenios y normas internacionales con la OIT, la Ley del Trabajo los desarrolla muy bien pero pareciera que es letra muerta. En el plano jurídico estamos blindados, pero en el plano político también deberíamos estar consolidados”, expresó Álvarez.
Agregó: “Tenemos un presidente que dice ser obrerista, y al mismo tiempo un ministro como José Ramón Rivero, que es de Guayana, conoce la situación de Planta Casima, y un gobernador que viene de la clase trabajadora de Sidor, con quien me reuní el viernes pasado por intermedio del diputado Luis Blanca, y se comprometió a ser mediador en toda la problemática que está ocurriendo en Planta Casima e instalar una mesa para el reconocimiento del sindicato y el reenganche de los trabajadores despedidos”.
Cuestionó que los gerentes en planta manden más que las autoridades gubernamentales e insistió en que es momento de la rectificación, recuperar el estado de derecho e impulsar la productividad para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida.
El jueves pasado cuando se le impidió el ingreso a la estatal a Álvarez, así como a los secretarios de trabajo y reclamo, Arjenio Farrera, y el secretario de finanzas Javier Rosales, también se les negó la entrega de alimentos que la empresa dio al resto de los empleados.
