No hay semillas, fertilizantes ni agroquímicos para sembrar 1 millón 120 mil hectáreas como prometió Nicolás Maduro el 22 de abril, asegura el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins.
“Estamos preparados para producir”, dijo en televisión nacional Maduro. Sin embargo, la realidad del sector agropecuario es otra: escasez de combustible y de insumos para sembrar y distribuir los alimentos cosechados, reitera Hopkins en relación a la caída de la producción del sector agropecuario durante 13 años de forma continua.
“Si los hubiera, que no los hay, tampoco habría tractores ni sembradoras para sembrar 900 mil hectáreas de maíz, ni gandolas para transportar esa cosecha”, afirmó. Estima actualmente que máximo se puedan producir 150 mil hectáreas de este rubro.
Además de los problemas de insumos considera que no hay garantías de cumplir con la producción que precisó el Ejecutivo ya que no tienen gasolina ni gasoil para trasladarse a sus centros de producción. Están trabajando solo en el 10% de la tierra que tienen para sembrar.
 “El Estado tiene más del 60% de las instalaciones del sector agroindustrial, pero no producen más del 25% de los alimentos procesados disponibles”, afirma Edison Arciniega, de Ciudadanía en Acción |
Han registrado en la zona andina, y en estados como Guárico y Aragua, la pérdida de hortalizas y de alimentos como tomate, cebolla, pero Hopkins advierte que lo más preocupante son los alimentos que se están dejando de producir y que no habrá dentro de tres o cinco meses: “lo más importante no es cómo estamos hoy o cuánto estamos perdiendo hoy, sino cuánto no estamos sembrando hoy que es la cosecha y la comida de mañana”.
“No hay prácticamente nadie trabajando la tierra”, afirmó Roberto Di Berardino, productor agropecuario y directivo de Fedeagro. Aseguró que la escasez de combustible no solo paraliza el traslado de alimentos, sino que tampoco permite prender equipos como motobombas, y plantas eléctricas en áreas donde no hay electricidad.
En estados como Barinas y Portuguesa se debió de comenzar a condicionar las tierras para producir maíz, pero al no haber insumos como fertilizantes, semillas y combustible las labores están paralizadas, de acuerdo con Di Berardino.
Hopkins desconoce cuánto han dejado de producir desde que se agudizó la escasez de combustible ya que es un proceso que todavía se está desarrollando, pero ve inviable las posibilidades de lograr siquiera la mitad de los números que resaltó Maduro. “¿Con qué productores lo van a hacer? porque nosotros representábamos el 80% de la producción, no tenemos ni insumos ni combustible para comenzar el ciclo de producción”, indicó.
Para 1998 producían 70% del consumo nacional, pero para la actualidad superan apenas el 20%. Para Hopkins este descenso ha sido también por la priorización de las importaciones más que de la producción en los últimos dos años. El gobierno les ha negado el acceso a semillas y fertilizantes para traer en barcos maíz, arroz y azúcar desde 2018.
Para el presidente de Fedeagro son mayores las trabas contra los productores que las oportunidades de cosecha y venta de alimentos por parte del gobierno. “Cómo es posible que los cañicultores tienen 3 años sin que el Estado le venda fertilizantes porque supuestamente no hay plata, porque no son un rubro prioritario entonces en diciembre llega un barco de azúcar importado por el mismo Estado”, denunció.
Financiamiento nulo
La expropiación de Agroisleña en 2010, principal distribuidora de insumos al sector agroalimentario es para Di Berardino la principal razón de la caída productiva en el país, que no ha podido ser reactivada pese a los reiterados planes anunciados por el Estado. “Nunca hay una planificación para traer los insumos necesarios”, recalcó.
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Cada bolsa de semilla alcanza para una hectárea (10.000 m2) y puede costar alrededor de 100 dólares en mercados internacionales, pero por la baja oferta que hay el país en el mercado negro puede llegar hasta los 160 dólares cada una. Pequiven, productora de fertilizantes, paralizó su producción desde finales del año pasado por lo que este insumo revendido se puede encontrar entre 25 y 40 dólares cada saco de 50 kilos, de los que se requieren al menos seis por hectárea.
El directivo de Fedeagro señaló que la reventa de estos insumos, en parte, es porque el Gobierno nacional entrega estos fertilizantes y semillas a campesinos que no cuentan con el conocimiento necesario de lo que es la producción agropecuaria. No pueden asegurar la producción de alimentos al no haber un plan donde puedan ser asistidos con maquinaria y educación, indicó.
“Usted puede darle un saco de semilla, dos litros de veneno, pero cuando él llegue a su conuco, a su parcela no tiene un tractor para labrar la tierra, no tiene los implementos, a lo mejor no tiene electricidad, no tiene agua, su familia no ha comido ¿entonces qué sucede? ese pequeño campesino pues coge esa semilla y ese insecticida y lo revende en la calle para obtener dinero, para entonces poder hacer un mercado”, comentó Di Berardino quien aseveró que estos programas de entrega de insumos solo dilapidan los pocos recursos que todavía se tienen para la producción dentro del país.
Panorama deprimente
Hopkins desconoce cuántos productores agropecuarios han abandonado sus campos por la imposibilidad de trabajar, pero advierte que gran parte del gremio están en “quiebre técnico” al no tener ingresos que permitan asumir costos de reposición de inventario y de maquinaria.
 El Estado tiene más del 60% de las instalaciones del sector agroindustrial, pero no producen más del 25% de los alimentos procesados disponibles”. Edison Arciniega |
“90% de los tractores agropecuarios que hay en Venezuela ya cumplieron su vida útil, son obsoletos”, mencionó Hopkins señalando a su vez que la situación económica del país no les permite reponer maquinaria, mucho menos mantenerse en la vanguardia del mundo y poder competir con otros países productores.
Considera que es inútil culpar a un tercero de los problemas económicos del país y del aumento de los alimentos cuando los costos del combustible y las medidas económicas dejan en medio de incertidumbre y sin posibilidad de reacción a todos en la cadena de producción. “¿Quién expande la liquidez monetaria? El Banco Central de Venezuela ¿Por orden de quién? del Ejecutivo, entonces ahora le vas a echar la culpa a los productores y a los comerciantes”, expresó indignado.
Ve necesario un plan de emergencia nacional donde se garantice acceso a créditos, a combustible e insumos y donde se garantice la seguridad y los servicios básicos en las unidades de producción. “Si seguimos en este camino el sector agroalimentario va colapsar”, cerró.
Pocos alimentos en el país
En febrero del 2019 el país contaba con 600 mil toneladas métricas, casi el doble de las que para el mes de marzo de 2020 se contabilizaron: 320 mil toneladas según Edison Arciniega, representante de Ciudadanía en Acción. La organización lleva registro de una disminución del 26% en la disponibilidad de alimentos desde el inicio de la cuarentena, lo que serían unas 45 mil toneladas métricas de comida.
De acuerdo con Arciniega la reducción se debe por la disminución de las importaciones de productos y materia prima, la pérdida de la rentabilidad, de la producción en muchas empresas y por la escasez de gasoil y combustible que no permite el traslado de alimentos con normalidad. “La región andina no pudo sacar probablemente unas dos mil hectáreas de hortalizas que eso alcanza para abastecer tres meses del requerimiento básico de hortalizas del país”, indicó.
“El sector agroindustrial el Estado tiene más del 60% de las instalaciones, pero no producen más del 25% de los alimentos procesados disponibles”, dijo. De las empresas expropiadas por el Estado estima que no todas están produciendo de acuerdo a su capacidad instalada: “Industrias Diana está produciendo el 18%, Lácteos Los Andes no llega al 30% de capacidad operativa, ese es el gran tema, el Estado como gerente del sector alimentario ha sido muy mal gerente”.
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Para Arciniega invertir en la producción del país no sirve de mucho cuando los ciudadanos no tienen los ingresos para acceder a esos alimentos o esa producción. Estima que por familia no se superen los 80 dólares de ingresos por mes lo que no permite un acceso a alimentos de manera óptima.
Ha visto en algunos estudios de mercado que solo hay 8 millones de consumidores efectivos en un país que tiene 23 millones de compradores potenciales por lo que considera que se debe reactivar la capacidad adquisitiva de las familias. “Nada hacemos incrementando la producción y que las personas no tengan cómo comprar”, cerró.
A pesar de la poca producción de las empresas expropiadas por el Estado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del país, informó la tarde del viernes la ocupación temporal del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa, S,A. (Coposa) y la supervisión de las ventas de las empresas: Alimentos Polar y Empresa Plumrose en Aragua como medida para asegurar la “producción de alimentos”.
Las medidas de control por parte del Estado han significado mayores complicaciones para el sector alimentario quienes incluso han sufrido mayores pérdidas desde la cuarentena. Productores agropecuarios han tenido que botar su producción ante la escasez de gasolina mientras la disponibilidad alimentaria en el país es cada vez menor.
