La concentración de jubilados y pensionados en Ciudad Guayana, que atendieron a la convocatoria nacional en reclamo de pensiones dignas, quizás no fue la más numerosa, pero entre sus asistentes se recoge ese sentimiento de frustración por los años de servicio que hoy no se les retribuyen.
Así lo hizo saber la mayoría en sus carteles, con mensajes como: “tantos años de trabajo, ¿para qué?”.
Maritza Fuentes, por ejemplo, comentó que salió hace poco de un cáncer de mama. Para su tratamiento tuvo que invertir todos los recursos que tenía por falta de seguro HCM.
¿Qué le diría a Nicolás Maduro? “Que no sea indolente porque hay gente que está sufriendo por hambre y medicinas”.
Entre quienes llevan algunos panfletos no escapan aquellos que llegaron a Ciudad Guayana atraídos por todas las bondades que para entonces ofrecieron las industrias y que prometía un gran desarrollo en la región.
Jesús Ortiz llegó de Caracas cuando tenía 22 años. Su hermano, quien trabajaba en la otrora Edelca en la capital venezolana, lo ayudó a conseguir un puesto en Guri, donde se desempeñó por 23 años como jefe de almacén, y otros siete años más en Macagua.
“Si no fuera por los familiares que nos apoyan económicamente y anímicamente, y si no hubiera sido previsivo en invertir hace más de 25 años que empecé a guardar mis realitos, tener mi casa, comprar mis cosas, estaría debajo de un puente”, asegura Ortiz.
De la empresa en la que se desempeñó lamenta que hoy está en decadencia por falta de mantenimiento e inversión.
“Da lástima si quisiera ir a las oficinas, ni hablar de las centrales. Me siento muy triste por Corpoelec, por las empresas básicas y la comunidad guayanesa que me ha dado tanto”, agregó.
Su esposa Oneida es pensionada del Seguro Social y trabajó 14 años en Guri.
“Jamás pensamos que podíamos vivir esta situación. Gracias a Dios preparamos a nuestros hijos con educación y son los que nos están apoyando, porque si no nos hubiéramos muerto de hambre. Los medicamentos ascienden a unos 50 dólares mensuales, porque mi esposo es diabético, hipertenso, cardiópata. Una consulta con el cardiólogo cuesta 50 o 60 dólares, más los exámenes”.
Su vida de pensionada la imaginó viajando, compartiendo con la familia, con los nietos. Pero actualmente está lejos de ese sueño. De sus tres hijos, dos están fuera del país.
“El mayor trabajaba con empresas petroleras y cuando comenzó la debacle se tuvo que ir, pero el menor nunca se hubiera ido de Venezuela, solo a pasear. De hecho, él dice que inmediatamente esto cambie, él se regresa”, afirma.
Un futuro incierto
Los manifestantes no solo fueron de las empresas básicas o estatales, también estuvieron del sector educación y de enfermería. En este último estuvo Yusmila Leonard, enfermera jubilada.
“Me encanta mi profesión y me siento competente para seguir trabajando, pero bueno, ya estoy jubilada, pero hago mis actividades comunitarias porque me gusta trabajar al servicio de la comunidad. Si pudiera seguir trabajando lo haría, pero con esa situación del gobierno es imposible vivir con un sueldo mísero. Con ese sueldo ni se sobrevive, porque no da ni para comprar un rubro de la canasta básica, porque la pensión no da para eso y el sueldo de jubilada te da para comer una sola comida un día”, denunció.
Para Yusmila, el futuro de otras enfermeras es incierto. “Veo el futuro de mis compañeras con tristeza porque el que no tiene un familiar en el extranjero no puede vivir en este país. Las enfermeras no tienen un buen par de zapatos, ropa, los uniformes son carísimos y es algo que le exigen para trabajar”, destacó.
Representantes de los jubilados y pensionados hicieron entrega de un documento en la caja regional del IVSS, con el petitorio del cumplimiento del artículo 91 de la Constitución.
Luis Linares, secretario de organización y trabajo del Comité de Derechos Humanos en Caroní, señaló que la respuesta recibida fue “que lo canalizarán por Caracas porque está fuera de su alcance. Quedamos pendiente de reunirnos una vez al mes para solventar cualquier situación con los jubilados y pensionados”.
Hugo Medina, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados en el estado Bolívar, señaló que esperan que el documento “llegue a donde tiene que llegar. Tenemos que entender que este es un problema social y de Estado, que tiene que solucionar el Presidente de la República. El artículo 236 obliga a darle cumplimiento a la Constitución, por lo que tiene que cumplir con el artículo 91, el cual establece que el salario del trabajador debe tener como referencia el costo de la canasta básica familiar. Ese es el salario que queremos tener y de allí se desprenderán los salarios de los trabajadores”.
