La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) pidió a los trabajadores de las industrias básicas respaldar el proyecto de Ley Especial de Protección al Salario, cuya segunda discusión está prevista en los próximos días en la plenaria de la Asamblea Nacional. La legislación, aprobada en primera discusión en julio de 2016, dispone de un mecanismo de ajuste periódico del salario mínimo que deberá ubicarse dentro de una “banda de protección” cuyos límites -mínimo y máximo- serán calculados con base en el dólar.
El salario mínimo legal del trabajador venezolano está fijado actualmente en Bs. 150.000, equivalente a $3,20, de acuerdo con la cotización informal del dólar. A este monto se suma el bono de alimentación de Bs. 150.000, pero el total no permite cubrir ni un día de alimentación de una familia promedio, en una economía en crisis que sigue migrando al dólar como principal moneda de referencia.
“Hoy 150 mil bolívares significan tres dólares, no hay forma ni cálculo matemático para vivir con tres dólares”, dijo el trabajador de Venalum y miembro de la ITG, Fernando Serrano, quien recalcó que los empleados de las industrias de metales sobreviven vendiendo electrodomésticos en uso de sus hogares.
“No es posible seguir viviendo con estos salarios que solo alcanzan para un desayuno”, indicó. “No es el momento del llanto, es el momento de levantar la bandera de la lucha reivindicativa, por rescatar nuestro salario y dolarizar, porque la economía está colapsada y necesitamos dolarizar el salario”, manifestó, al solicitar el respaldo a la normativa.
Aunque la propuesta de ley especial no estipula un monto exacto de salario base, el diputado Jorge Millán afirmó que los venezolanos tienen derecho a ganar “un salario de 100 dólares mínimo”.
La legislación establece que, una vez en vigencia, se tendrá la referencia en dólares de los límites inferior y máximo de la banda y, en adelante, cada vez que se dé una variación de la paridad cambiaria que haga disminuir el salario en bolívares, “deberá realizarse el ajuste de manera que la cantidad que corresponda al trabajador por concepto de salario se mantenga en el monto equivalente al valor mínimo de la banda, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, pero convertido a la moneda de curso legal en Venezuela a los efectos del pago del salario a los trabajadores”.
La exposición de motivos expresa que ese mecanismo permitirá un ajuste periódico del salario, con referencia a valores reales de poder adquisitivo, “mientras se mantenga el control de cambio y las condiciones que determinan el carácter inflacionario de nuestra economía”. Indica, además, que el proyecto de ley no obvia que es necesario prever el efecto de la normativa sobre el empleador “y la necesidad de establecer estímulos que permitan garantizar al sector privado que podrá mantener el nivel de empleo”.
En un análisis del Observatorio Económico Legislativo de Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), de abril de 2017, la organización manifestó su preocupación por los artículos que señalan el uso del dólar como referente “porque cualquier referente distinto a la productividad del trabajo y/o superior a este puede generar efectos lesivos a la economía y a los grupos poblacionales que pretende proteger”.
Retroceso de beneficios contractuales
La ITG también denunció el continuo retroceso de los beneficios contractuales, con foco en el caso de Venalum, cuya producción se detuvo tras un apagón nacional en marzo de 2019, lo que obligó a que miles de trabajadores fueran enviados a casa. “Nos mandaron a nuestras casas y solo un grupito tiene el beneficio de trabajar y solo ese grupito tiene ciertos beneficios, ciertas cantidades de comida, carne, unos kilos de sardina y nos discriminan al resto de los trabajadores que no nos permiten el acceso”, señaló la empleada de Venalum, Luisa Figuera.
Criticó que este año se repitiera el pago fraccionado de la bonificación de fin de año, aunque reconoció que de haberlas pagado completas no hubiesen permitido comprar vestido y calzado, como solían hacer las familias venezolanas en temporada decembrina. “Mis hijos tienen años que no saben lo que es un estreno, eso es inaceptable. Dejé mi hogar para trabajar y hoy no tengo nada en las manos, cada día se me hace más difícil darles a mis hijos una alimentación adecuada”, expresó.
Las prestaciones sociales, sostuvo, desaparecieron, impidiendo a los trabajadores recurrir a préstamos para solventar gastos imprevistos. “No tenemos ni un listín de pago, no sabemos cuánto ganamos. La situación de discriminación vengo a reclamarla y vengo a exigir que se haga justicia con todos los trabajadores y con los jubilados que fueron los pioneros y hoy están en sus casas esperando la muerte porque no tienen cómo comer”, señaló.
“A los trabajadores que sé que están desmoralizados, vamos a unirnos, vamos a hacer ideas para ver cómo recuperamos la planta”, agregó.
