Trabajadores que integran la agrupación Parlamento Obrero de Base protestaron en la sede del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) para exigir que el organismo les ofrezca alguna respuesta sobre los más de 100 accidentes denunciados por delegados de prevención de las empresas básicas de Guayana.
Desde hace un año y medio esta organización viene introduciendo denuncias y reclamos por las condiciones de inseguridad laboral en las plantas, toda vez que durante el 2022 los medios de comunicación reportaron una docena de accidentes laborales entre ellos en noviembre, el del trabajador Julio Barroso que murió triturado por uno de los vagones de Ferrominera Orinoco.
José Amezquita, líder del Parlamento Obrero de Base, manifestó que la protesta busca que Inpsasel les ofrezca algún resultado en torno a las investigaciones que deberían haberse desarrollado para saber la causa y emitir responsabilidades de todos los accidentes laborales.
El pasado 5 de abril, una explosión en una planta de la estatal Industria Venezolana del Gas (Invegas) cobró la vida del trabajador Héctor Fajardo. Por el mismo accidente 8 trabajadores permanecen heridos y, hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial.
“Fuimos a buscar respuestas. Tenemos más de 12 denuncias introducidas en Inpsasel de todas las irregularidades. Inpsasel, organismo para resguardar la salud de los trabajadores, no está haciendo el trabajo. Hemos hecho múltiples denuncias y no nos dan respuesta. Las empresas privadas sí tienen sus delegados de prevención activos y su comité; pero las públicas no. El Inpsasel se convirtió en un brazo ejecutor de la CVG. Si una empresa no cumple con la seguridad laboral, por ley, debería ser multada y ninguna de esas empresas del Estado ha sido multada ni auditada. No se hacen inspecciones”, manifestó Amezquita.
Según el registro del año 2022 realizado por Correo del Caroní, todos los accidentes cubiertos por este medio se debieron a falta de equipos de protección personal, cumplimiento de las normativas de seguridad industrial y desidia por parte de las estatales. Asimismo, el director de Inpsasel, Daniel Alviarez, admitió durante el mismo año que las empresas han dejado de reportar los accidentes.
En este sentido, los trabajadores afirman que el ente ha hecho “caso omiso” a las denuncias que han introducido en Ministerio Público, Fiscalía y demás entes correspondientes.
Solicitan investigación al ente de seguridad
Debido a la inacción por parte de Inpsasel, el Parlamento Obrero de Base exige que se abra una investigación hacia el organismo con el fin de determinar responsabilidades.
“Pedimos al fiscal general de la República que se haga una investigación a Inpsasel. Estamos convencidos de que se hacen de la vista gorda y no atienden a los trabajadores. ¿Por qué con tantas denuncias de accidentes no se hacen charlas, evaluaciones de accidentes…? Hay compañeros que están lesionados, uno de Bolívar perdió un ojo, otro que le cayó una saca. Julio Barroso que murió triturado. Debe haber respuesta”, manifestó el dirigente de la agrupación laboral.
Altercado por uso de espacios
Con el fin de ofrecer sus declaraciones, los obreros decidieron entrar al edificio de Inpsasel para ser escuchados por los funcionarios que laboran en el ente. Sin embargo, el jefe de seguridad de la institución apareció y les hizo saber que no tenían permitido estar en el lugar, a pesar de que la mayoría son delegados de prevención que tienen competencias para dirigirse al organismo.
“Ustedes no tienen permiso de hacer una rueda de prensa. Esto no está autorizado aquí. Entran como perro por su casa”, alegó el jefe de seguridad.
Personal de Inpsasel exigió a los periodistas apagar las cámaras y no estuvieron prestos a escuchar los reclamos de los trabajadores presentes, alegando que este tipo de reclamos se deben hacer por recepción de documentos. No obstante, los obreros mostraron toda la documentación que poseen como “recibida” y, más de un año después, sigue sin respuesta.
