La semana pasada se reinició el juicio laboral de uno de los 640 trabajadores despedidos de Maderas del Orinoco en 2019. Carlos Silva, quien se desempeñaba como especialista en Seguridad Industrial en dicha empresa, recordó que ese despido masivo fue mediante una providencia administrativa.
El proceso de denuncia estuvo detenido desde el año 2020, a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Silva aseguró que hubo un mal manejo con respecto a la providencia que devino en un despido masivo.
“Maderas del Orinoco es una empresa que tiene una junta directiva. Para que haya un despido masivo se tiene que reunir la junta directiva y designar a uno de sus gerentes para que solicite la providencia, y esta la sacó fue el presidente”, señaló.
Además, el despido masivo habría sido avalado por la Inspectoría del Trabajo, en Maturín, sin que ninguno de los afectados tuviese calificación de despido.
El trabajador afectado agregó que otro de los vicios en el caso es que en los documentos de notificaciones de despidos figura una funcionaria que estaba en dos lugares distantes como Chaguaramas y Uverito, a la misma hora presentando el despido a distintos trabajadores. “Solicitamos una inspección judicial para revisar los libros de esos despidos, porque hubo firmas planas”.
Además de Silva, Raiza Pulido, William López y Ramón Juvenal conformaron un movimiento en defensa de los trabajadores de Maderas del Orinoco.
“Existe acoso, desactivaciones. Los compañeros están amenazados. Nosotros hemos hecho de tripas corazones desde que nos despidieron. Hay compañeros que han tenido que montarse de colector de bus para llevar el sustento a su hogar. Yo soy asesor laboral y he estado brindando asesorías, pero han sido más de dos años duros y tétricos”, aseguró Silva.
En diciembre de 2019 llegaron a denunciar que la cantidad de despidos masivos se elevó a 940 empleados. En 2020 denunciaron que la cifra sobrepasó las mil personas y cuestionaron la falta de respuesta ante estas denuncias.
