Con uniforme escolar y la consiga “aporte educativo al 100%”, trabajadores de CVG Bauxilum protestaron el 2 de octubre en las adyacencias de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), para exigir a la estatal que cumpla con la cláusula 25 de la contratación colectiva y pague el 100% de la matrícula escolar de sus hijos.
Según el contrato colectivo de todas las empresas básicas de Guayana, la CVG debe cancelar las colegiaturas de los hijos de todos los trabajadores que cursen estudios en planteles privados. Además, quienes asistan a colegios públicos deben recibir material escolar y uniformes.
Sin embargo, desde 2022, los afectados denunciaron que las filiales de CVG dejaron de cumplir con la cláusula, reduciéndola a un aporte de 55 dólares por trabajador en lugar de costear la totalidad de la matrícula. A su vez, el aporte se hace por empleado y no por número de hijos, lo que significa que un trabajador que tenga cuatro hijos recibirá lo mismo que uno que tenga solo dos por concepto de aporte educativo.
Los trabajadores denunciaron que sus hijos no han podido reincorporarse, ya que no cuentan con la diferencia requerida para pagar sus inscripciones y mensualidades. Aunado a eso, debido al déficit en el monto frente a colegiaturas de más de 80 dólares, tienen deudas del año escolar pasado con las instituciones.
“Estamos haciendo una solicitud a la junta interventora. Hemos entregado varias comunicaciones, pero no hay respuesta. La cláusula 25 indica que a los trabajadores que tengan hijos en colegios privados se le debe cancelar el 100% de la matrícula y no se está haciendo. No hemos podido inscribir porque tenemos deudas del año pasado y los planteles están diciendo que hasta que no paguen, no van a inscribir. Hay una ley que establece el respeto a la educación. Están incumpliendo. Tienen un peloteo con el presidente de Bauxilum, y aquel dice que los responsables son estos y estos que son aquellos. Hoy lunes los niños deberían estar en el colegio y están aquí con sus representantes buscando manera de que el Estado cumpla”, declaró José Sánchez, miembro del comité ejecutivo de Sutralúmina Bolívar.
Convenios incumplidos por falta de pago
Los acuerdos entre los colegios privados y las empresas básicas datan de varias décadas. Según estos, la empresa costeaba la totalidad de las deudas que adquirieran los trabajadores en ellas.
Sin embargo, según el expresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), John Lara, la mayoría de los colegios rompieron los convenios debido a que las estatales presentaban retrasos en los pagos.
“De manera desordenada la CVG eliminó el aporte educativo. Tenemos deudas con los planteles y no tenemos cómo pagar. El salario no alcanza. El trabajador que más gana percibe 1.500 bolívares (43 dólares). Un trabajador administrativo gana máximo 700 bolívares quincenales. La empresa no ha dado respuesta efectiva”, enfatizó Sánchez.
Sobre esto, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), abiertamente chavista, ha reconocido la situación; sin embargo, aseveró que los costos de las matrículas, específicamente en Puerto Ordaz, eran demasiado altos para la capacidad de las compañías.
“Estamos sumamente preocupados. Es lamentable que hoy que los niños debían arrancar las clases con entusiasmo nos vemos afectados. Prácticamente porque el Estado los está coaccionando. El salario que percibimos no nos alcanza para poder pagar un colegio privado. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que voltee la cara a Guayana. Aquí nos mermaron los salarios. Tengo una hija que estudia en el María Curie, la matrícula es de 83 dólares y aquí me dan 55 dólares. No están cubriendo el 100% de la cláusula. La empresa nos debe dinero y no hemos podido inscribir a nuestros hijos. Los colegios no quieren inscribir a los muchachos ni soltar los documentos hasta que paguen”, vociferó David Torres.
Padres se enfrentan con trámites administrativos bloqueados
En el caso de Francisca Rojas, desde que la compañía empezó a pagarle solo 55 dólares para la educación de sus hijos la situación se le empezó a salir de las manos, puesto que tiene dos hijos: una hija en la universidad y un hijo en sus últimos años de bachillerato.
En este sentido, el período escolar pasado Rojas decidió que su hija mayor congelara sus estudios universitarios para poder pagar el último año de bachillerato de su hijo menor. Tras inscribirlo, durante el año escolar canceló solo el monto entregado por la estatal, lo que generó un excedente y ahora adeuda más de 400 dólares a la institución.
Consecuencia de esto, su hijo no ha podido recibir los documentos que lo acreditan como bachiller y el plantel los mantendrá retenidos hasta que se salde la deuda.
“Tengo una deuda pendiente porque yo cancelaba 55 dólares y el excedente se me acumuló. El colegio decidió darme una carta donde me dice que no puede liberarme los documentos hasta que no pague la deuda. Si la empresa decide no pagarme el 100% y me acondiciona a una cantidad, cómo hacemos si ya los muchachos vienen con su colegio educativo”, alegó Rojas.
