Trabajadores en Guayana marcharán este martes, 20 de agosto, a un año de violarse sus convenciones colectivas y tablas salariales por parte del régimen de Nicolás Maduro. La concentración iniciará a las 8:00 de la mañana en la plaza Monumento a CVG, en Puerto Ordaz.
Hace un año, trabajadores de las diferentes empresas básicas iniciaron una serie de protestas en reclamo de sus beneficios contractuales. Ninguno conocía lo que estaba devengando, las tablas salariales según su nivel de profesionalización, antigüedad y cargo, fueron pisoteadas.
La mayoría empezó a ganar entre 1 y 1.5 salarios mínimos, de acuerdo con el tabulador de la administración pública que les fue impuesto. Esto los desmejoró hasta en un 70%, de acuerdo con las denuncias de dirigentes sindicales. Además perdieron beneficios como pago de escuela para sus hijos, bono vacacional, HCM, entre otros.
La respuesta del régimen fue la persecución, deteniendo a trabajadores y dirigentes sindicales, y ejecutando despidos injustificados o jubilaciones adelantadas. En cuanto a las empresas, menos producción, que terminaron en irse a cero con el apagón de marzo de este año.
Gustavo Barrios, secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato de Ferroven y miembro de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), señaló que se cumple un año de la “aniquilación de los contratos colectivos, por un gobierno antiobrero que vulnera los derechos legales, sociales y contractuales como le da la gana, debido a sus malas políticas, las cuales nos ha llevado a los venezolanos a un empobrecimiento continuo”.
Recalcó que los planes de Nicolás Maduro solo ha traído el quiebre de las empresas básicas, pulverización del salario y prestaciones sociales, así como los contratos colectivos que significaron más de 100 años de lucha.
“Los movimientos sociales y laborales estamos comprometidos con el fortalecimiento y recuperación de las industrias básicas, para generar riquezas a la nación y mejorar la calidad de vida a la familia venezolana”, agregó.
Trabajadores también marcharán en rechazo a la condena que un tribunal militar dictó contra el dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, cuya sentencia fue de cinco años y nueve meses de prisión en la cárcel La Pica, en Monagas.
