El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas determinó que la detención de Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco es arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.
En el documento el Grupo de Trabajo expone que la privación de libertad de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.
“La privación de libertad de Rubén Darío González Rojas es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V”, sentencia el pronunciamiento.
El investigador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Carlos Patiño, explicó que esta decisión es histórica porque el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) es un procedimiento especial e independiente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. “Es el único procedimiento extra convencional que da un dictamen de responsabilidad del Estado (similar a un habeas corpus internacional)”, indicó.
Los casos como los de Ruben González, en los que el GTDA ha establecido que el encarcelamiento y otras formas de privación grave de libertad física pueden constituir “crímenes de lesa humanidad”, pueden servir como elementos de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), en donde ya cursa un proceso.
Esta exigencia se suma a las establecidas por organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo quienes también solicitaron la libertad del secretario general de Sintraferrominera.
González lleva 18 meses privado de libertad luego de ser detenido el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín en un proceso totalmente irregular e incongruente.
En este periodo detenido el secretario de Sintraferrominera ha sufrido crisis hipertensivas y sus problemas renales -los cuales padece desde hace 10 años- se han agravado. El Estado no ha garantizado que González tenga garantías de salud pese a su injusto encarcelamiento.
González antes de su privativa de libertad luchó por las reivindicaciones laborales, criticó los salarios insuficientes que reciben los trabajadores y denunció el estado de destrucción de las empresas básicas de Guayana.
Jacqueline Richter, abogada y especialista en Derecho del Trabajo, semanas atrás señalaba a Correo del Caroní que González es icono y un referente sindical que imposibilitaba al gobierno destruir la lucha por los derechos laborales. “Era un dirigente sindical incomparable”.
Exigir la salida de Nicolas Maduro y llamar corrupto al Gobierno nacional le sigue costando su libertad y volver a las calles para reactivar la lucha por las reivindicaciones laborales.
