La exigibilidad de los derechos fundamentales, el deterioro del salario, normativas legales, además del sistema internacional de protección en derechos humanos fueron parte de los aspectos tratados en el Taller Herramientas para la exigencia de los derechos en tiempos de crisis salarial, realizado en la Casa del Educador en Ciudad Bolívar.
El taller organizado por la Federación Venezolana de Maestros del estado Bolívar y la ONG Provea contó con la participación de varios ponentes vinculados al área sindical, jurídico, laboral y derechos humanos.
La presidenta del gremio del magisterio, Lina Maradei de Beltrán, destacó la importancia del taller, asegurando que viene a fortalecer al sector con los mecanismos necesarios en función de sus derechos.
Los educadores viven en precarias condiciones por el alarmante deterioro salarial, llevándolo a extremas privaciones de la pirámide de Maslow. “Y hablar de las bonificaciones impuestas es hablar de sal y agua, que llevan a la migración magisterial”, dijo Maradei.
Este encuentro contó también con la participación de los presidentes de sindicatos del magisterio y de distintos municipios del estado Bolívar, entre ellos Eradio Armario, Aixa Viera, Yerina Martínez, Saúl Machado y Milagros Pérez, entre otros.
Presentando sobre la mesa el ya conocido panorama desolador en materia salarial, Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, enfatizó en la desalarización del trabajo en un país donde la brecha de la desigualdad se amplía. “El deterioro del salario ha destruido la capacidad de la carrera docente en poder potencial a las generaciones futuras del país”.
Destacó el caso de las universidades, en especial de la UCV, donde el tema de la investigación y la docencia ha sido trastocado, fundamentalmente por los precarios salarios de los docentes. Ya son 730 días, dos años, con el mismo salario mínimo, frente a una galopante inflación que pulverizó el salario.
Crespo señaló que los gremios universitarios, al igual que el resto, se han mantenido exigiendo salarios por su incidencia sobre las reivindicaciones y contrataciones colectivas. “Bono no es salario, y bono debilita el sistema de protección y previsión social”, dijo.
200 dólares salario mínimo
El gremialista reiteró la propuesta de 200 dólares de salario mínimo que se mantiene en la mesa, presentada por las principales centrales de trabajadores del país.
Esta obedece a una estrategia de recuperación del salario, que permita ir avanzando en el poder de recuperación de compra. Explicó que “esto tendría una incidencia en la escala salarial, por ejemplo, de un profesor instructor que hoy recibe 9 dólares de salario, pudiera pasar a 700 dólares, y un titular que percibe 15 dólares pasaría a 1.200 dólares. Que no sería lo ideal, ya que los salarios de profesores universitarios en América Latina ronda los 2.900 dólares, aproximadamente”, señaló.
Eduardo Torres, defensor derechos humanos y miembro del equipo jurídico de Provea, celebró el encuentro donde se compartieron conocimientos en la entidad, que tiene experiencia en la lucha por los derechos humanos laborales, y donde se hicieron reflexiones para cuidar la libertad personal, por supuesto exigiendo respeto al artículo 44 de la Constitución.
Torres pidió a los asistentes mantenerse exigiendo la libertad de quienes están detenidos, al tiempo que hizo un llamado a todos los dirigentes sindicales y sociales a mantenerse en defensa de los derechos constitucionales. Recordó que la libertad personal es un derecho inviolable e invitó a denunciar los arrestos arbitrarios y rechazar la criminalización de estos derechos.
Estamos ratificando las vías legítimas, constitucionales, pacíficas, democráticas y electorales, y no caer en provocaciones de quienes quieren que vayamos hacia un discurso de violencia, y de otros mecanismos inconstitucionales.
Rodolfo Montes de Oca, coordinador de exigibilidad de Provea, destacó los mecanismos internacionales de protección, y la importancia de concretar acciones sindicales tomando en cuenta los sistemas de derechos humanos, y recordó que en Venezuela el Estado no cumple el debido proceso.
Mientras, el abogado Francisco Medina paseó a los presentes por diversos procesos de defensa que involucran a dirigentes sindicales, frente a un Estado acabó con el derecho a la defensa, consagrada en el artículo 49.
