El pasado 1 de septiembre fue allanada la vivienda del presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), Josué Tremaria, quien lleva más de un mes detenido en Caracas con imputación de los delitos asociación para delinquir, tráfico de material estratégico y conspiración.
Tremaria fue arrestado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 7 de julio. El mismo organismo fue el encargado del allanamiento de su casa ubicada en la urbanización Las Garzas, en la parroquia Unare.
En el momento del allanamiento se encontraban en la residencia las tres hijas del sindicalista de 14, 13 y 8 años, así como su madre.
“Eso ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde. Aparecieron los efectivos en su vivienda, verificamos la situación y pudimos visualizar la orden de allanamiento emitida por el Tribunal Cuarto de Control. El allanamiento se iba a hacer sin nuestra presencia ni la de la Defensoría del Pueblo. Nosotros verificamos que se cumplieran todas las formalidades para cumplir con el procedimiento”, señaló el abogado defensor de Tremaria, José Gregorio Beria.
Según el testimonio de la defensa, lo único sustraído de la casa fueron uniformes deportivos restantes de la Copa Futseb, organizado por el sindicato.
“El allanamiento fue inoficioso. ¿Cómo van a ordenar en una causa cuya investigación ya terminó una orden en búsqueda de evidencia? Ya este tipo de diligencias no se pueden practicar. Si van a buscar nueva evidencia debe abrirse un nuevo expediente. La Fiscalía debe ser garante del respeto a la Constitución. Estamos en presencia de un salto a los principios constitucionales”.
Falta de pruebas y vicios en el proceso
Asimismo, el jurista destacó que el Ministerio Público, quien lleva la investigación, no ha presentado pruebas ni elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
“Realmente la Fiscalía hizo muy pocos aportes a la averiguación. Es una acusación sin sostén procesal que relacionen al detenido con esos hechos tan graves. Inicialmente se presentan solo testimonios”, alegó Beria.
En este sentido, la parte acusadora se compone de un trabajador y el excomandante de la Dgcim, hoy apresado por corrupción.
“Nuestra legislación prevé el derecho a la defensa y el debido proceso, este derecho no está siendo acatado por el Ministerio Público”.
La audiencia preliminar del sindicalista está prevista para el próximo 13 de septiembre; sin embargo, la parte defensora se muestra inconforme debido a que se convocó una videoconferencia, que en sus palabras, tiene como propósito que el trabajador no regrese a Guayana.
Hasta el momento se desconoce el porqué de su traslado a la capital del país, puesto que el caso está siendo llevado en Guayana.
“Tremaria está detenido en Caracas y nosotros venimos diciendo que la sede de detención debe ser en Guayana. No estamos de acuerdo con videoconferencias porque a la defensa no se le permite el contacto con el detenido. Hemos solicitado y estamos a la espera de respuestas, pedimos que sea traído al tribunal de Puerto Ordaz. El Ministerio Público no ha podido probar en 45 días su participación en ningún hecho punible”, alegó Beria.
