El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, tendrá su audiencia de apelación el 28 de julio, a las 10:00 de la mañana, en el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, el mismo que lo condenó.
“Vamos a seguir demostrando que Rubén es inocente de todos los delitos que se le imputan”, señaló Jorge Machuca, uno de los abogados del dirigente sindical. Espera que la salida de González se concrete este mismo mes dado a que asegura tienen los argumentos necesarios para su libertad.
La audiencia de apelación a la sentencia condenatoria tendría lugar el 17 de marzo, pero esta fue aplazada luego que se anunciaran los primeros casos de COVID-19 en el país. González lleva 19 meses privado de libertad luego de ser detenido el 29 de noviembre de 2018 y posteriormente condenado el 13 de agosto de 2019 a cinco años y nueve meses de prisión.
En este tiempo, González ha sufrido graves crisis hipertensivas y problemas renales sin ser atendido de forma correcta. Su familia informó a finales de julio que el dirigente sindical corría grave peligro ya que a sus 61 años lo mantenían en una celda con otros cuatro presos militares, sin agua potable, en un espacio no apto y sin contar con medidas preventivas para evitar algún contagio de coronavirus.
Degrain Marichales, trabajador de Ferrominera y yerno de González, indicó que, aunque el dirigente sindical se ha visto afectado anímicamente al estar lejos de su familia, tienen altas expectativas para esta audiencia dado a los comunicados de organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y Amnistía Internacional donde solicitan la liberación del líder sindical.
Solicitudes internacionales
La Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación más alto de la Organización Internacional del Trabajo, señaló en septiembre de 2019 que los cargos y la condena impuesta contra el dirigente de Ferrominera constituyen una penalización y disuasión severa de la actividad sindical y una grave vulneración del convenio número 87, y sugirió la liberación inmediata de Rubén González.
Mientras tanto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas expuso que la privación de libertad de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad.
Determinó en el mismo documento que el arresto de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.
Para el coordinador de Exigibilidad de Provea, Carlos Patiño, es inexplicable que Rubén continúe siendo objeto de esa detención arbitraria dado que las máximas instancias de DD HH han exigido su liberación. Explicó en una entrevista al diario TalCual que la documentación del GDTA pasará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual podría solicitar la calificación del tribunal como delito de lesa humanidad por parte del organismo.
Señaló que hay que seguir documentando, visibilizando y exigiendo por cada una de las vías. Aunque organismos no gubernamentales tanto a nivel nacional como internacional han solicitado la libertad del secretario general, este sigue recluido en la cárcel de La Pica siendo expuesto a contagio por la pandemia y a crisis hipertensivas al no estar en un sitio seguro para tratar sus enfermedades.
