domingo, 14 abril 2024
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Ferromineros exigen reincorporación tras separaciones de cargo ilegales y despidos injustificados

Rodney Álvarez, uno de los afectados, manifestó que han agotado todas las instancias y vías administrativas con el fin de ser restituidos en sus puestos laborales.

Un grupo de más de 40 trabajadores de Ferrominera Orinoco -entre ellos Rodney Álvarez-, denunciaron ante el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Industrias, la separación ilegal de sus puestos de trabajo y la suspensión de sus salarios por parte de la estatal.

Los afectados aseveran que fueron separados de sus cargos de forma ilegal sin ningún tipo de justificación o documento en el que conste la causa de sus despidos y tampoco recibieron el pago de sus prestaciones sociales ni reciben el pago correspondiente a sus quincenas.

Héctor Delgado, trabajador de Ferrominera Orinoco, alegó que fue separado de su cargo en el año 2018, y al día de hoy (12 de septiembre de 2023) no ha recibido ningún tipo de notificación formal que explique el porqué de la suspensión de su salario.

“En el 2018 la empresa comenzó a incumplir con las cláusulas del contrato colectivo. Fuimos separados de nuestros cargos por hacer reclamos, terrorismo laboral y por exigir nuestros derechos. Comenzó una persecución laboral. Todo esto transcurrió en la gestión de Abel Jiménez. Nos venimos organizando para enfrentar todas las injusticias que venimos padeciendo”, manifestó el trabajador.

En el 2018 el Ministerio del Trabajo promulgó el memorándum 2792, un documento que exoneró a las empresas básicas de cumplir con los beneficios establecidos en la contratación colectiva, con el fin de salvaguardar la fuente de trabajo.

Luego, durante la pandemia, más de 6 mil trabajadores de las empresas básicas pasaron al estatus de “no requeridos”, y muchos de ellos, según denuncian, fueron despedidos de forma definitiva.

“En ese tiempo de pandemia, muchos salieron como no requeridos y cuando la empresa necesitó más personal para las distintas áreas, en lugar de llamar a los que estaban en sus casas, colapsaron la nómina de Ferrominera. No se hicieron los procedimientos necesarios para darnos una calificación de despido o para botarnos por algún motivo justificable. Fueron despidos masivos palabreados”, expresó Delgado.

Inspectoría patronal 

El grupo exige a la estatal la reincorporación inmediata a sus puestos laborales, así como la restitución de sus salarios. En este sentido, aseguraron que hay quienes tienen órdenes de reenganche y no han sido reincorporados.

Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, fue conocido en el ámbito nacional e internacional por haber sido privado de libertad durante 11 años sin pruebas en su contra, acusado de un asesinato que tuvo lugar en la sede de la industria en Puerto Ordaz.

Tras demostrarse la inocencia de Álvarez hace un año, y conseguir su libertad plena, el trabajador ha solicitado ser resarcido y reincorporado a su puesto laboral, pero no ha obtenido respuesta.

“En el 2018 la empresa comenzó a incumplir con las cláusulas del contrato colectivo. Fuimos separados de nuestros cargos por hacer reclamos, terrorismo laboral y por exigir nuestros derechos… Todo esto transcurrió en la gestión de Abel Jiménez”, Héctor Delgado 

“Casi todo el país sabe la aberrante situación por la que pasé. Fui privado de libertad sin ningún tipo de pruebas. Salí en libertad plena y el Estado venezolano no ha querido resarcir los daños que me ocasionaron a mí y a mi familia. He hecho las diligencias en la empresa, ellos mandaron mi solicitud a la Inspectoría del Trabajo. Lo que alega la inspectoría es que yo metí tarde mi reincorporación a la empresa. He introducido documentos en varias instancias del gobierno y lo que he recibido son negativas. Llevo un año y medio en libertad y todavía no se han resarcido los daños que me ocasionaron”, zanjó Álvarez.

Los afectados declararon que la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro se ha convertido en un organismo patronal, donde la mayoría de los casos se resuelven a favor de las empresas del Estado. Como prueba señalan que durante 2022, trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) introdujeron más de 12 recursos en el ente sin obtener ninguna respuesta.

“Estoy subsistiendo matando tigritos. De vez en cuando sale algo. La situación en el país está muy fuerte, las personas no tienen para costear sus necesidades básicas. Durante los 11 años que estuve preso mi familia y yo vivíamos de las colaboraciones que nos daban los compañeros de trabajo. Ya ha pasado un año y la única respuesta que me dan es que espere y que mi caso lo están estudiando”, manifestó Álvarez.

Violación a los derechos laborales 

Rodney Álvarez señaló que su caso y el de sus compañeros forma parte de una serie de violaciones a los derechos laborales que vienen ocurriendo desde el año 2018 y, hasta ahora, no han sido atendidas.

“Yo le pido al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que meta la lupa y eche un vistazo a mi caso y al de todos los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Estamos viviendo una situación de violación de los derechos humanos laborales. Es algo aberrante y catastrófico. Se nos violan los derechos y no hay un ente gubernamental que nos pueda asistir o atender como personas que somos”, acotó el trabajador.

Desde hace más de 5 años la situación de los trabajadores en Venezuela viene siendo denunciada ante instancias internacionales, en este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conformó en marzo de 2018 una comisión de encuesta, en respuesta a una queja presentada por varias organizaciones laborales en el 2015.

La investigación arrojó que en el país se violaban derechos laborales importantes como la autonomía sindical, el diálogo tripartito y el salario suficiente para los trabajadores, todos estos aspectos contemplados en los convenios internacionales de trabajo.