Antes de finalizar julio, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, una ley esperada por el sector empresarial ante la voracidad fiscal en municipios y estados y la falta de una clara definición de los límites que debían aplicarse a la tributación regional.
El experto tributario y asesor de Fedecámaras Bolívar, Camilo London, explicó que los municipios emprendieron una voraz tributación contra empresas y ciudadanos producto de la disminución de ingresos por concepto de Situado Constitucional.
Con la nueva ley se pretende poner límites a las altas alícuotas de tributos municipales y estatales, irrumpiendo la autonomía municipal y la descentralización. “Se subordina a los legisladores municipales y estatales, a los dictados del ministerio que tiene competencias en el área financiera y económica que, por disposición de la ley, es quien fijará los límites de tributos de estados y municipios, dentro de los cuales deben adaptarse las leyes tributarias de estos entes político-administrativos”, explica London.
Con ello se limita la autonomía de los municipios, sin resolver el problema que condujo a muchas entidades a aplicar una tributación excesiva, explica el asesor. Para London “sin una mayor eficiencia en la gestión pública no habrá la debida racionalidad y se seguirá atentando contra el patrimonio de los ciudadanos”.
“Dependerá de la fijación de los nuevos límites de tributos, que se pueda atender la grave situación de la voracidad fiscal en el país”, indicó. “En tanto se logre poner límites a la tributación excesiva que afecta fundamentalmente a la economía formal, hay posibilidades de que se logre la debida protección e impulso de la actividad productiva de las empresas que generan empleo y bienestar económico para el país”.
Puntos positivos
Entre los puntos buenos de la nueva norma, London considera positivo la precisión técnica que hace la nueva ley sobre las tasas que pueden exigir los estados y municipios a los ciudadanos contribuyentes. “Se estaría poniendo un límite a la proliferación de tarifas, precios públicos, contraprestaciones y otras especies que se ha querido crear e imponer, al margen de la Constitución y las leyes”, agregó.
Explicó que con esta ley se ratifica que lo que debe pagar el ciudadano por el servicio de aseo urbano es una tasa, es decir un tributo, y no una tarifa que, como se aplicó en el municipio Caroní, llevó a obviar el principio de reserva legal tributaria y terminó generando daño al sector económico formal.
Otro de los aspectos positivos, según London, es que se dará oportunidad a los gremios y sociedad civil a que documenten violaciones que durante muchos años sufrieron la Constitución y las leyes. “Es propicio el paréntesis que abre esta nueva ley para hacer las rectificaciones necesarias para hacer más racional, coordinado y armónico, al sistema tributario del país de una forma integral”, detalló.
Incluir a más sectores
El experto tributario señaló que la ley pudo ser más amplia en lo que refiere al órgano consultivo que denominó como Consejo Superior de Armonización Tributaria. “Estará conformado por quien tenga a cargo el ministerio con competencia en finanzas y economía, el superintendente del Seniat, tres gobernadores y tres alcaldes. Allí pudo haber una representación parlamentaria nacional, estadal y municipal, así como del poder moral; y muy especialmente de los gremios empresariales y profesionales, así como las universidades y la academia nacional, por citar algunas de las instituciones de mayor representatividad de la sociedad civil organizada”, indicó.
Agregó que, por lo pronto, corresponde esperar que, en el marco del desarrollo de esta ley, el ministro o ministra fije los límites de tributos municipales y estatales, emitida la opinión del Consejo Superior de Armonización.
“Queda por verse, cómo los estados y municipios adaptarán a través de sus parlamentos las ordenanzas dentro de los límites que se impongan”, indicó. “Se espera que los gobernadores que, mediante decreto, dispusieron el cobro a los ciudadanos de conceptos que tienen carácter tributario y que excedían sus potestades constitucionales, rectifiquen ante el mandato claro de la nueva ley, de que debe respetarse la Constitución Nacional”.
La ley era necesaria
El abogado y profesor universitario de Derecho Tributario, Julio Díaz, expresó que lo más importante de la ley es su llegada porque antes no existía Ley de Armonización y Coordinación de Potestades Tributarias.
Consideró que, con esta nueva ley, los ciudadanos que demanden efectos de nulidad podrán recibir respuesta inmediata cuando las ordenanzas menoscaben derechos y violen principios de ley.
Entre los aspectos negativos, Díaz considera que el Consejo Superior de Administración Tributaria podría amenazar la autonomía legislativa. Este consejo tiene ocho miembros, de los cuales todos son del Poder Ejecutivo.
“El Ministerio de Economía tiene que establecer un clasificador armonizado, previa opinión del Consejo Superior que está presidido por el mismo ministerio. Se ve una posible pérdida del principio de autonomía y separación de poderes”, indicó.
Es muy temprano para saber el impacto de la ley
Díaz comentó que en la medida que la ley pueda contemplar garantías para una aplicación efectiva, se podrá avanzar en que no se cometan arbitrariedades o actos que menoscaben los derechos de los ciudadanos.
“Es muy temprano para saber si esta ley solventará los principales problemas de los estados y municipios”, indicó. “Podía atemperar algunos problemas, pero no solventarlos, porque hacen falta muchas cosas que hacer. Esta ley es perfectible”, opinó.
Destacó que cuando haya mejoras y reformas, las organizaciones civiles y gremiales deben participar para su mejora y avance constructivo.
Espera que pueda ser una solución
El presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, cree que esta nueva ley permitirá poner un “coto a esta desbordada situación con los impuestos en las diferentes alcaldías de Venezuela”.
Aunque resalta que aún debe tratarse aumentos de los límites de alícuotas como es el caso del sector licores que se cobra a 6.5%, lo que limita y merma las ventas del mismo.
“Vemos rubros que hay que revisar, como el sector licores, en el que el ron ha ido creciendo su exportación, pero su consumo interno ha caído precisamente por las altas tasas de impuestos en toda la cadena de comercialización”, dijo.
