miércoles, 18 de mayo de 2022

Fedecámaras Bolívar: 40% de los comercios se han adaptado al cobro del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras

Según el gremio, el acceso a créditos para comprar las máquinas fiscales agilizó el proceso de adaptación, que ha sido lento por los costos que implica su implementación y la reducida oferta de equipos.

Según el gremio, el acceso a créditos para comprar las máquinas fiscales agilizó el proceso de adaptación, que ha sido lento por los costos que implica su implementación y la reducida oferta de equipos.

@mlclisanchez

A un mes de la entrada en vigencia de la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), apenas 40% de los comercios en el estado Bolívar se han adaptado al cobro del tributo según estimaciones de Fedecámaras Bolívar.

“Por sí solos, 60% del sector comercial no estaba en la capacidad de reemplazar sus máquinas”, señaló Austerio González | Foto Laura Clisánchez

De acuerdo con el presidente del gremio, Austerio González, lo que ha agilizado el proceso de adaptación de los comerciantes ha sido la posibilidad de optar a créditos del Banco de Venezuela (BDV) para comprar los equipos fiscales a las empresas autorizadas por el Seniat.

“Vemos que los créditos han fluido, hay un protocolo para eso, y muchos pequeños comerciantes han sido beneficiados”, dijo González en entrevista con Correo del Caroní. “Por sí solos, 60% del sector comercial no estaba en la capacidad de reemplazar sus máquinas para cumplir con esa obligación fiscal”, agregó.

Catherine Wilson, presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), informó que hasta ahora el Seniat no ha sancionado a los comerciantes por no poder cumplir con la obligación fiscal.

“Tuve una reunión con los funcionarios, y de verdad creo que están buscando hacer las cosas de la mejor manera posible”, dijo.

El proceso de adaptación al cobro del tributo ha sido lento por los costos que implica su implementación y la oferta reducida de equipos fiscales: por el aumento de la demanda de equipos, la empresa fabricante puede tardar hasta dos meses o más en completar cada pedido.

Microcréditos para pequeñas y medianas empresas 

El IGTF entró en vigencia el pasado 28 de marzo entre incertidumbre, suspensión de pagos en divisas, error temporal de software fiscal y muy poco tiempo de preparación para los denominados sujetos pasivos especiales, que son, en este caso, los comercios y prestadores de servicios que por disposición de la ley deben cobrar el tributo de 3%, sobre los pagos en divisas o cripto activos.

A mediados de abril, el Seniat anunció la realización de operativos de ventas de equipos fiscales a través de un convenio con las empresas autorizadas por la instancia para venderlas a un costo inferior al establecido.

En paralelo, el Banco de Venezuela (BDV) comenzó a otorgar créditos a los empresarios para comprar los equipos: el banco paga la totalidad del precio de la máquina y el contribuyente debe cancelar al banco en un plazo de seis meses, con una tasa de interés del 16% y comisiones de 3,5%.

La tercera y última jornada de venta de equipos fiscales que se realizó en la sede del Seniat en Ciudad Guayana fue desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de abril. Extraoficialmente trascendió que el operativo continúa, pero directamente en las empresas autorizadas.

Correo del Caroní solicitó una entrevista con funcionarios del Seniat para determinar cuántos comerciantes han tenido acceso a los créditos bancarios para la compra de equipos fiscales en Ciudad Guayana, y para precisar si continuarán los operativos, pero no obtuvo respuesta.

Altos costos operativos 

Una cantidad importante de empresarios tiene que comprar nuevas máquinas porque 10 de los 21 modelos de equipos fiscales que comercializa el único proveedor autorizado por el Seniat en el país no pueden adaptarse al software requerido para facturar el cobro del IGTF.

Las impresoras, máquinas registradoras y demás equipos fiscales cuestan entre 500 y dos mil dólares. Los precios sobrecargan los costos operativos de -especialmente- los pequeños comercios.

La actualización del software fiscal por otro lado, oscila entre los 100 y 300 dólares.

 

La implementación del cobro del tributo es costosa y, por lo tanto, altera la estructura de costos de los establecimientos comerciales. Para recuperar la inversión, los comerciantes tienen que trasladar esos costos al precio de los productos que venden

 

“Yo no puedo adaptarme a esto, por eso tuve que pedir un crédito. Esto nos pone contra la pared por una cosa que no beneficia en nada al ciudadano común, beneficia a las arcas del régimen”, sentenció la dueña de una pequeña farmacia de Puerto Ordaz que solicitó mantener su nombre en reserva.

“Para nosotros adaptarnos sigue siendo difícil porque no ha habido la información adecuada. Los comercios no tienen máquinas y softwares para poder comenzar a cobrar el tributo de una manera más rápida…”, señaló el dueño de uno de los principales locales de víveres de Ciudad Guayana, que también solicitó el anonimato.

El empresario requiere al menos 30 mil dólares para reemplazar sus 25 máquinas fiscales e instalar el software. “Es costoso, por eso lo que haremos es comprar solamente cuatro y ponerlas en sitios estratégicos”, explicó. Por ahora, todas las compras en dólares se facturan en una sola caja, donde está el único equipo fiscal que ha podido comprar.

Sin incentivos para permanecer en la formalidad 

En suma, la nueva obligación fiscal de carácter nacional que favorece el uso del bolívar y oxigena las arcas del régimen por la dolarización transaccional, las altas alícuotas de impuestos municipales -especialmente en municipios como Caroní-, otras obligaciones fiscales, y las tarifas excesivas de servicios públicos, acorralan al sector comercial formal que experimenta un leve crecimiento tras dos años de pandemia por COVID-19 y una recesión económica de más larga data, y lo obliga a migrar a la informalidad.

El IGTF favorece la informalidad en un contexto de alta evasión fiscal. En 2021, 75% de los negocios migró a la ilegalidad en Caroní | Foto William Urdaneta

“Por supuesto que las personas preferirán comprar en un establecimiento que no sea agente de percepción y eso es desleal, no es justo que unos sean agentes de percepción y otros no. Cada cosa que perjudique a los comercios legalmente establecidos va a favorecer el comercio informal. Mientras más obligaciones surjan en este contexto, menos negocios formales habrá”, manifestó Wilson.

Antes de la reforma de la Ley de IGTF, ya en Bolívar había un alto porcentaje de evasión fiscal en el sector comercial. Para diciembre 2021, 75% de las pequeñas y medianas empresas del municipio Caroní agremiadas a Fedecámaras Bolívar migró a la economía informal de acuerdo con estimaciones del gremio.

“Yo no he podido comprar la máquina y no creo que lo haga tampoco, porque estoy rodeado de negocios que venden lo mismo que yo, y sin máquinas fiscales ni permisos. Es desleal”, denunció otro comerciante.

El hombre evalúa cerrar su local de comida -que tiene una trayectoria de 11 años en Ciudad Guayana- porque el nuevo requerimiento fiscal, el aumento del alquiler del local y las altas tarifas de los servicios de electricidad y agua asfixiaron el negocio.

“No hay ventas, el flujo de caja no compensa los costos operativos, y al final es probable que cierre. Por ahora, el próximo negocio que emprenda no será formal, porque es que no se puede”, lamentó.

El IGTF ha sido catalogado por especialistas -entre otras cosas- como:

  • Confiscatorio, porque no considera la capacidad contributiva de las personas, ni la capacidad de adaptación de los agentes de percepción.
  • Acumulativo y costoso, porque el 3% se cobra en cada etapa de comercialización de cualquier producto.

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