Este 2 de mayo, extrabajadores de la Corporación Venezolana de Cementos (Vencemos) protestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, para informar a la colectividad que introdujeron una denuncia en el ente, con el fin de exigir que la empresa cumpla con los pasivos laborales que les adeuda por concepto de liquidación, toda vez que alegan haber sido obligados a renunciar.
Asimismo, los manifestantes acusan al presidente de la compañía, Neptalí Acosta Prieto, de haber hecho malos manejos con los recursos de la estatal, lo que se tradujo en la pérdida de areneras y plantas de concreto de la región.
Alegan que debido a las malas condiciones laborales, durante 2022 hicieron una huelga en la planta, la cual fue disipada con amedrentamientos y amenazas de aprehensión. En este contexto, aseguran que fueron obligados a renunciar y pagados con liquidaciones mal calculadas. Todo esto bajo la coacción de que, si no aceptaban el convenio, serían detenidos por daños al patrimonio y otros cargos.
Jhonny Linares, vocero de los trabajadores, destacó que se consignaron 15 demandas por pasivos laborales contra la corporación cementera.
“Estamos denunciando el incumplimiento en cláusulas contractuales y artículos de ley. Recibimos liquidaciones miserables. Un trabajador con 40 años de servicio no llegó a 1.600 dólares. Esto producto de que la empresa tiene más de 5 años sin ajustar salarios como ordena la convención colectiva. Se establecía un aumento del 20% cada seis meses. Aún no se hacen incrementos”, argumentó Linares.
La firma Moya y Asociados es la representante legal de los obreros en la disputa legal, quienes insisten en que la compañía debe cancelarles el diferencial de lo que les adeuda por sus liquidaciones.
“La empresa empezó a dar bonos que no eran partes del salario. Las plantas de concreto de Ciudad Bolívar, San Félix y las pedreras ubicadas en Concepción. La arenera que está en La Ceiba. Todos esos espacios que eran rentables fueron desvalijados por el patrono. Habría que revisar si hubo actos de corrupción o no. Queremos hacer público que a finales del año pasado esta empresa hizo una masacre laboral”, acotó el trabajador, quien fungió como secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cemento (Sintracem).
Según los denunciantes, todas las liquidaciones efectuadas entre 2022 y 2023 por la empresa están mal calculadas, lo que provocó un detrimento económico para los afectados.
Robert León, extrabajador con 11 años de trayectoria en la compañía, manifestó que el origen de los despidos fue una manifestación que hicieron para exigir al patrono reivindicaciones laborales.
“La empresa llevó a la policía y redactó un informe a los trabajadores que salíamos en el video. La asamblea no duró más de dos horas. Nos dijeron: o renuncias y agarras lo que te van a dar ahorita o vamos a un proceso penal. Nos dijeron que podíamos ir detenidos. No nos quedó de otra que firmar ese mal acuerdo después de prestar tantos años de servicio. Ya estando por fuera y viendo que están saliendo a la luz hechos de corrupción de compañeros con cargos similares, nosotros también haremos las denuncias pertinentes”, cerró León.
