jueves, 22 febrero 2024
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Extienden hasta diciembre de 2024 la “vulnerada” inamovilidad laboral

La inamovilidad laboral en los sectores público y privado estará vigente nuevamente por dos años más, de acuerdo a su publicación en Gaceta Oficial.

La administración de Nicolás Maduro estableció nuevamente una prórroga de la inamovilidad laboral para los trabajadores de los sectores público y privado. Esta extensión estará vigente durante los próximos dos años, es decir, desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, según decreto N° 4.753 en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.723.

El artículo 2 del instrumento normativo establece que “las trabajadoras y los trabajadores amparados por este decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el inspector o inspectora del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y los Trabajadoras”.

La inamovilidad laboral integró el paquete de medidas que estableció en marzo de 2020 la administración de Nicolás Maduro a raíz de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, cuando se decretó un estado de alarma nacional. En esa oportunidad, esta medida se adoptó hasta finales de ese año y luego se extendió por dos años más (2021-2022).

Esta decisión de prohibir el despido no justificado y la desmejora de las condiciones laborales de los trabajadores ha sido una política de Estado desde la presidencia de Hugo Chávez, para proteger la estabilidad de los trabajadores en momentos de crisis. Sin embargo, la inamovilidad laboral ha creado costos significativos para las empresas y ha sido constantemente vulnerada en la práctica.

La ONG Acceso a la Justicia ha señalado que desde la aprobación de la Ley del Trabajo vigente la desocupación en Venezuela no ha hecho más que crecer. Así y a pesar de los varios decretos de inamovilidad, en 2013 el desempleo llegó a 5,3%, en 2015 saltó a 9,4% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos pues el INE dejó de publicar la data; y en 2017 alcanzó 27,1%.

El Fondo Monetario Internacional indicó también que Venezuela cerró 2020 con una tasa de desempleo de 58,3%. Este dato representó la cifra más alta del mundo al superar a naciones pobres como Sudáfrica (29%), Sudán (21%9) y Armenia (17,5%). Mientras que la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2022, preparada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) señaló que la población con empleo formal alcanzó 50%.

El artículo 3 señala que “en caso que la trabajadora o el trabajador protegido por este decreto sea despedido o desmejorado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento, podrá interponer denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora del trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida, según el procedimiento establecido en el artículo 425 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”.

Mientras que el artículo 4 ordena a las Inspectorías del Trabajo dar absoluta prioridad a estos procedimientos y el artículo 6 prevé que “a la patrona o patrono que obstaculice o desacate la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida de una trabajadora o trabajador protegido por la inamovilidad laboral, se le impondrán las medidas y sanciones previstas en la ley”.

El decreto establece igualmente que “los tribunales del Trabajo no darán curso a recursos administrativos de nulidad, hasta tanto se cumpla la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, conforme lo establece el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”.