Habrá que tener más paciencia. Eso dicen expertos sobre los procesos abiertos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el informe de la Comisión de Encuesta, que se debatirá este 20 de marzo en un nuevo Consejo de Administración del organismo tripartito de Naciones Unidas.
“La OIT no tiene una facultad de dar órdenes a los gobiernos o de poner sanciones”, explicó Enrique Marín, exfuncionario de la OIT, en referencia a las denuncias por acciones más contundentes.
Las protestas por mejores condiciones laborales se reactivaron en Guayana hace poco más de cinco semanas. El movimiento de trabajadores de Guayana, tanto de activos como jubilados, ha denunciado la precarización del trabajo, el incumplimiento de contratos colectivos, la pérdida de beneficios y el silencio de la OIT.
Antes de finalizar el 2020, ya representantes de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), un movimiento de trabajadores articulado en los últimos cuatro años, exigían incluso medidas adicionales a los informes presentados y a los pronunciamientos, pero en esferas internacionales todo toma su tiempo.
Marín calificó el informe como un logro. “Hay que tener mucho cuidado con la impaciencia”, indicó. Señaló que no hay que menospreciar lo documentado y hay que seguir trabajando a partir de lo registrado. “Sin documentación tú no logras nada (…) no puedes decir estamos cansado de eso (informe), son 13 informes lo que ha habido en 100 años, es importantísimo”, dijo.
Es un proceso largo en el que se tiene que mantener un diálogo constante entre la OIT y el gobierno para conseguir resultados a largo plazo, subrayó. “¿Cuántas cosas hemos querido que se resuelvan de la noche a la mañana? (…) los problemas no tienen una solución rápida, los países no pueden contar que desde afuera le van a venir las soluciones rápidas”, advirtió.
Destacó que la lucha laboral y de los sindicatos tiene que ir orientada a continuar luchando con reivindicaciones, de forma unitaria y dialogando entre sí: “No sirve disgregación, que cada quien vaya por su lado”.
Expectativas
En 2019, la OIT a través de la Comisión de Encuestas presentó un informe donde documentó violaciones laborales como la detención de trabajadores, amedrentamientos contra organizaciones sindicales y la violación de tres convenios. En dicho documento recomendó al gobierno de Nicolás Maduro, además, reactivar el diálogo entre empleadores, trabajadores y Estado, sin embargo, desde hace dos años poco es lo que ha cambiado.
Siguen las imposiciones de salarios, la persecución y la detención de trabajadores bajo procesos irregulares. Pese a que se celebró un Consejo de Administración a finales de 2020, no hubo decisión y se espera la realización de otro encuentro dentro de una semana donde se discuta el tema venezolano.
“Lo importante de aquí es ver de qué manera el gobierno se engancha en un diálogo con la OIT”, consideró Marín. “Aunque el proceso de diálogo suele tomar tiempo, la OIT tiene una cierta influencia y a veces termina convenciendo a los gobiernos que tomen medidas. Ojalá se logre algo en este caso”, agregó.
Está previsto que el consejo considere un proyecto de decisión, pero hasta los momentos no se sabe qué incluye, indicó. Estima que dependiendo de lo que se discuta la OIT pueda contribuir a que el gobierno se siente con empleadores y trabajadores para la discusión de salarios mínimos. “La presión de la OIT puede ayudar”, insistió.
El gobierno ha dejado de lado organizaciones como Fedecámaras por trabajar con grupos afines a sus políticas. Explicó que en Venezuela no hay criterios objetivos establecidos para determinar cuál organización es más representativa, por lo que la OIT podría atender este problema con asistencia técnica.
Solo se han realizado 13 informes de la Comisión de Encuestas en 100 años, entre ellos el informe del caso venezolano. “Ahí se han establecido verdades sobre la situación venezolana que el gobierno no está en condiciones de desmentir”, recalca.
El especialista explicó que el gobierno no aceptó el informe de la Comisión de Encuestas de la OIT pero, además, decidió no recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que es el organismo que puede modificar, desaprobar o confirmar dicho documento.
La comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones sostuvo a final de año que el gobierno al no acudir a la CIJ quedaba obligado a aplicar las recomendaciones. “La comisión de expertos se va a pronunciar cada año, el mes de noviembre próximo de 2021 volverá a ver si el gobierno cumplió o no cumplió y le volverá a insistir que tiene que cumplir”.
Ser perseverantes
Héctor Lucena, experto en relaciones laborales, profesor de la Universidad de Carabobo, señaló: “Hay que tener mucha perseverancia, debemos tener mucha voluntad, la OIT no va a aplicar una sanción penal contra un funcionario, ni tampoco tiene capacidad de sanciones comerciales, que ya tenemos bastante”.
Lucena señaló que el gobierno le está dando atención formal, pero no ha hecho casi nada del informe de la comisión. “Viene una nueva oportunidad del Consejo de Administración para que el gobierno responda (…) tal parece que va a entrar a aceptar algunos de los planteos, pero la respuesta que dé para lo que no acepte deben ser convincente”, dijo.
Para el experto, pese a que el gobierno ha venido teniendo acercamientos con empresarios, prevalecen más los temas económicos, que lo documentado por la Comisión de Encuestas.
Tanto trabajadores como empresarios deberían estar más activos exigiendo que se creen las instancias para una mejora de acuerdo con lo establecido en el informe, recomendó Lucena. Insiste en que exigir respuestas es una de las principales acciones de cara a dichos encuentros.
El informe de la comisión recomienda el cumplimiento de los convenios internacionales 26, 87 y 144 que hablan sobre los métodos de fijación de salario mínimo, la libertad sindical y la discusión tripartita y el diálogo social.
Pero la crisis laboral sigue agravándose, aunque durante las últimas semanas ha habido conversaciones entre centrales y representantes del Ministerio del Trabajo, por otro lado, se firmó –sin discusión en asamblea– el contrato colectivo del sector petrolero que ampara a más de 15 mil trabajadores, lo que hasta ahora muestra las pocas ganas de retomar el diálogo tripartito por parte del gobierno y el poco respeto a las organizaciones sindicales.
