Como es costumbre desde hace dos años, jubilados, pensionados y trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana protestaron este miércoles frente a la sede en Alta Vista, para exigir la restitución de todos sus beneficios y el respeto a las contrataciones colectivas.
A propósito del 5 de julio, día en el que se conmemora la proclamación de la independencia en Venezuela, los manifestantes aseveraron que seguirán luchando para que el país vuelva a ser libre y se recupere la institucionalidad de los poderes públicos.
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“Aquí no hay libertad. No puede haber libertad cuando no hay Estado de Derecho. Si nosotros no tenemos a dónde acudir, no tenemos un tribunal, no obtenemos respuesta… Le recordamos al presidente que estaremos en la calle cueste lo que cueste”, Hugo Medina |
“Hoy miércoles 5 de julio, a 212 años de la firma de nuestra independencia, hacemos un llamado al alto comisionado de Naciones Unidas. Ustedes tienen la responsabilidad de presentar e investigar los crímenes de lesa humanidad que se viven en el país y son flagrantes. Antes este país era libre, hoy día ya no es así”, expresó Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar.
Bajo la consigna “no al exterminio” los presentes rechazaron las medidas que se han tomado contra los obreros que exigen mejores condiciones laborales, especialmente la detención arbitraria de los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero, quienes fueron apresados el pasado 11 de junio por encabezar una protesta laboral.
“Aquí no hay libertad. No puede haber libertad cuando no hay Estado de Derecho. Si nosotros no tenemos a dónde acudir, no tenemos un tribunal, no obtenemos respuesta. No existe libertad en Venezuela. Permaneceremos en la calle. Le recordamos al Presidente de la República que estaremos en la calle cueste lo que cueste”.
Accionistas clase B exigen mesa de negociación
El sidorista Jonis Luna, representante de los accionistas clase B de la empresa, hizo un llamado a la junta interventora para empezar a trabajar en torno a la problemática de los accionistas clase B de Sidor, quienes actualmente exigen que la estatal compre sus acciones puesto que estas no arrojan ganancias desde hace más de 10 años.
“La junta interventora siempre dice que no tiene poder de decisión. Ellos tienen la facultad de emitir un punto de cuenta al Presidente de la República y parece que eso tampoco lo quieren hacer. Sobre las acciones, dijeron que eso va a depender de las ventas de Sidor. Yo les quiero decir, con todo respeto, que no manejan el término como tiene que ser. El dueño de las acciones de Sidor es el Estado y en caso de reembolso del Estado debe salir el dinero. Eso no va a salir de las finanzas ni producción de la empresa. Tiene que salir de las finanzas del Estado”, expresó Luna.
El pasado 5 de abril los accionistas clase B lograron reunirse con la directiva de la junta interventora para plantear la posibilidad de crear una mesa de negociación, puesto que los accionistas desean que se fije el precio de sus acciones y que estas vuelvan a ser adquiridas por la compañía. Sin embargo, hasta ahora no hay respuestas.
“Le hago un llamado a la junta interventora para sentarnos a ver este tema. Hay sectores del gobierno que parece que les gusta que los trabajadores estemos en la calle reclamando. Los accionistas clase B somos adultos mayores, la mayoría pasa de 65 años de edad y tienen entre 35 y 45 años de servicio. Nos estamos muriendo esperando respuestas”.
