miércoles, 24 julio 2024
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El dilatado calvario de los docentes jubilados y pensionados que buscan sobrevivir con los bonos de guerra

La Gaceta Oficial, al detallar los montos sólo en bolívares, dejó en una suerte de limbo la promesa presidencial de indexar los bonos, y aumentarlos mensualmente de acuerdo con la variación del dólar.

La lista de mercado semanal nuevamente es corta para Blanca Aguiar. Sus compras están compuestas por 140 gramos de ajo, cinco plátanos, cuatro tomates perita, tres cebollas, dos calabacines y unas ramas de cebollín. El total fueron 227,50 bolívares, casi 9 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aguiar no lleva en su compra pollo, carne, huevos o atún. Las proteínas se han ido poco a poco de sus prioridades alimentarias. La decisión no obedece a una dieta vegana, sino al alto costo de esos alimentos en comparación a los ingresos promedio que puede devengar un jubilado o pensionado en Venezuela.

“Soy profesora jubilada de básica y diversificada. Trabajé por al menos 29 años para el Estado y hoy me siento triste y hasta decepcionada porque ahora tengo que pensar muy bien en cada bolívar que invierto para subsistir cuando se supone que estos serían mis años para disfrutar del esfuerzo”, dijo Aguiar a El Tiempo.

Explicó que con su salario como jubilada solo puede pagar las medicinas y el condominio de su apartamento, pero “no me alcanza para nada más”.

De acuerdo con Aguiar, su ingreso es de menos de 400 bolívares quincenales y debe reunir  lo que recibe en un mes para poder cumplir con esos dos gastos básicos. Del resto, sus entradas como docente se resumen en los bonos del Sistema Patria y la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), actualmente en 130 bolívares mensual.

El 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro ajustó el bono de guerra económica, único beneficio adicional para el caso de los jubilados y pensionados, dejando el salario mínimo real, y los pagos del Seguro, en 130 bolívares (5 dólares). Asimismo todas las tablas salariales correspondientes a la administración pública permanecieron sin cambios.

En la Gaceta Oficial divulgada el 12 de mayo se definió que los montos en bolívares de este beneficio especial sería de mil 225 bolívares para los jubilados y 500 bolívares para los pensionados del IVSS.

En el caso de los trabajadores activos, se entregará, además de un bono de guerra de 750 bolívares, un bono de alimentación o cestaticket por mil (39 dólares).

No obstante, la Gaceta, al detallar los montos sólo en bolívares, dejó en una suerte de limbo la promesa presidencial de indexar los bonos, y aumentarlos mensualmente de acuerdo con la variación del dólar. En el decreto sólo se advierte que el Ejecutivo “pudiera ordenar su ajuste”, tomando como referencia el tipo de cambio del BCV.

Para Aguiar, los bonos solo forman parte de la política de desgaste que aplica el Estado venezolano que no cuenta con recursos para garantizar una pensión digna para al menos 5 millones de venezolanos dependientes de esos ingresos, de acuerdo con estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

“Los bonos no son de guerra. Solo sirven para sobrevivir. Están muy lejos de servir para cubrir los requerimientos mínimos”.

De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), los docentes del país -activos y jubilados- devengan salarios mensuales que van entre 264,69 bolívares -para un bachiller con carga de 40 horas semanales-, hasta 600,89 bolívares -en el caso de un Docente VI con carga de 53,33 horas.

Según los registros más recientes del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) la canasta alimentaria familiar de marzo tuvo un costo de 510,88 dólares, por lo que los educadores del país solo pueden cubrir, entre 15% y 17% de la comida.

Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, aseguró que la asignación del bono escasamente le permitió comprar medicinas para el control de la hipertensión arterial.

“Nuevamente el Ministerio de Educación se burla de sus trabajadores, en este particular, de los jubilados y pensionados, con este bono de guerra que se comenzó a depositar durante la segunda semana de mayo. Particularmente, el monto solo me permitió comprar tres de mis medicamentos esenciales para controlar la hipertensión”.

Señaló que lo que esperaban los jubilados era una adecuación de las tablas y las escalas que poseen dentro del sistema educativo, sin embargo, no fue así.

Aseguró que al menos a 10 mil jubilados del Ministerio de Educación apenas les alcanza su sueldo para tan solo cuatro días a la semana.

“Tenemos docentes que son jubilados y necesitan medicamentos específicos, que son mucho más costosos y deben poner sobre la balanza si compran comida para sus hogares o medicinas para sus enfermedades”, explicó.

Machado resaltó que hay sectores en la administración pública que devengan ingresos inferiores a los de un docente jubilado. “Por ejemplo, el personal administrativo jubilado recibe muchísimo menos que un educador y no hay nadie que vele por mejorar esas asignaciones”.

Belkis Bolívar, secretaria ejecutiva del Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros, relató cómo los bonos son insuficiente para costear el tratamiento médico de su madre que está bajo su cuidado.

“Mi mamá depende de mí y tiene una patología cardiovascular. El tratamiento de mi madre cuesta aproximadamente 100 dólares y con los bonos no puedo pagarlo”, explicó Bolívar.

Sostuvo que en todo el país han recibido reportes donde al menos 30% de los jubilados no les llegó el bono por diversas razones.

“Algunos no están registrados en el Sistema Patria, otros no han actualizado los datos de la plataforma y otro grupo son personas que no tienen contacto con la tecnología; o desconocen cómo utilizar la herramienta”, detalló.

Bolívar expresó que se trata de un derecho discriminatorio porque no se han dado opciones para todos aquellos que no tienen acceso real a internet.

“Esto no es más que una política de control y vulneración de los derechos humanos de todos los trabajadores”.

Insistió que buena parte de los jubilados y pensionados han tenido que ejercer actividades laborales extras para poder costear sus gastos básicos.

Inflación desacelerada y poco poder de compra

La inflación durante el primer cuatrimestre de 2023 fue de 86,7%, según informó recientemente BCV, luego de medio año sin publicar las cifras.

Por su parte, la inflación en Venezuela para el mes de abril fue de 2,5%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). Sin embargo, pese a la desaceleración del costo de la vida, el organismo destacó en su informe que no hay una mejora estructural en la economía.

Apuntó que la situación no ha beneficiado a la población. Indicó que la baja en la presión de la inflación se dio porque el tipo de cambio se ha mantenido estable y porque los sueldos y salarios se encuentran estancados tanto en la administración pública como en el sector privado, lo que ha mermado la capacidad adquisitiva del venezolano.

José Guerra, economista y miembro del OVF cuestionó que la política del Ejecutivo sea “bajar la presión inflacionaria: matando de hambre a la gente”.

Reclamos y resistencia

Carmen Sulay Rojas estaba en compañía de otros docentes cuando escuchó el anuncio del jefe de Estado, aumentando solamente los montos del bono de guerra y los cestatickets. “Fue devastador, porque parecía un plan para resistirse al aumento del salario mínimo vital. O sea, igual sigue siendo el más bajo de América Latina, cuando la canasta se sitúa en 510 dólares”.

Para ella no existen guerras económicas, “Basta ya de mentiras, lo que sí existen son más de 20 mil millones de dólares robados a Pdvsa”.

Rojas es licenciada en educación integral con especialidad en geografía e historia, magíster mención administración educativa. En 25 años de experiencia se ha dedicado a la defensa de los niños y adolescentes y se ha desempeñado en altos cargos en el sector.

Actualmente trabaja en el Liceo Bolivariano, Ángel Noriega Pérez, de Pampatar, el cual no está lejos de la realidad general de los centros educativos del país.

En Nueva Esparta, la lucha de calle es perenne, las asambleas generales son la forma en la que los docentes buscan alzar la voz, lo cual compaginan con su trabajo al cual asisten dos o tres veces por semana para cubrir las necesidades de los alumnos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 61% de las 489 protestas registradas en abril, fueron para exigir derechos laborales.

Rojas sabe que un aumento a 510 dólares es algo difícil. “Podían llevar el ingreso a 100 o 250 dólares. La excusa para no hacerlo sigue siendo la falsa guerra económica”.

Dice que la lucha no es sólo por el salario sino por la calidad de la enseñanza. “Esto es la debacle de la educación, pero seguimos prestando servicios”.

Yetsy Mayorga representante de la Alianza Todos por la Educación en Táchira, comparte los argumentos de Rojas. Observa una relación estrecha entre bajos salarios y la crisis educativa. “Es una cadena, la cual repercute en el deseo de formación y que terminó traduciéndose en la terrible migración de más de 7 millones de venezolanos y la elevada deserción, tanto estudiantil, como de profesores”.

“En el caso del estado Táchira por ser frontera, nos toca la realidad en la que nuestros docentes prefieren emprender en otras áreas como mecánica, barbería, limpieza, peluquería y repostería, para poder subsistir, dejando de lado sus responsabilidades como docentes”.

Por eso Mayorga cuenta que se ha vuelto habitual  encontrarse a profesores vendiendo chucherías en los autobuses o en los semáforos más cercanos a las casas de estudio.

Pero, la vocación puede más que la misma realidad, esa que Carmen Rojas describe como “calvario”. La razón es que el hambre golpea con fuerza. “Uno se desconcentra y ya cuando son las 11:30 am, no solo tienes que lidiar con esa fatiga, sino entender la de los estudiantes que empiezan a preguntar, uno tras otro, si ya terminaron la clase para poder irse”.

La situación no parece tener salida para los profesores y maestros del país, al menos en el corto plazo. Aun así, los reclamos continuarán siendo el verdadero “pan de cada día”, para un gremio que pesar de las dificultades, se niega a resignarse.