Docentes y profesores universitarios continúan con la ola de protestas iniciadas en el mes de enero para exigir mejoras salariales. Los educadores claman al Ejecutivo por salarios dignos y la restitución de beneficios contemplados en sus contrataciones colectivas como la seguridad social, el pago de prestaciones y las primas por profesionalización y antigüedad.
Durante los primeros meses de 2023, el gremio educativo mantiene sus exigencias y organiza jornadas de protesta multitudinarias a lo largo del país. Pese a que son muchos los problemas que les aquejan, el principal es cómo sobrevivir con un salario de 130 bolívares cuyo poder adquisitivo es de solo 5,6 dólares.
El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Experimental de Guayana (Apuneg), Raúl Brito, señaló que los empleados universitarios están siendo asesinados por los malos salarios, debido a la crisis inflacionaria y a la pérdida vertiginosa de poder adquisitivo de sus estipendios.
“El salario mínimo está en menos de 6 dólares. Es muy difícil llevar la comida a la casa, medicinas, zapatos… No recibimos una remuneración adecuada, persiguen a quienes salen a protestar. Hay un genocidio contra los jubilados, no les pagan las prestaciones sociales. A nivel nacional, en todos los estados, vamos a seguir protestando y manifestando el malestar que tiene la población”, expresó.
En este sentido, Bolívar es el estado con más empleados públicos en su haber, una población de aproximadamente 200 mil trabajadores que necesitan más de 100 salarios mínimos para hacer frente a una canasta básica valorada en 519 dólares, según Fedecámaras Bolívar.
Pensionados sin seguridad alimentaria
En medio del vitoreo y las consignas se encontraba la octogenaria Aura Rondón, licenciada en Educación con una especialización en Filosofía, quien, tras más de 30 años dedicados a impartir conocimientos, hoy pasa sus años de jubilada preocupada por rendir los 5 dólares que obtiene como remuneración.
A sus 80 años aseveró “no perderse una marcha”, ya que se siente responsable de apoyar a los docentes que permanecen activos, a su vez declaró que no esperaba vivir su vejez pasando tantas necesidades.
“Mi sueldo no me alcanza para comprar una caja de pastillas para la tensión. Estamos protestando hoy porque ya no soportamos esta situación económica. Nos están matando de hambre. Lo que nos pagan no alcanza para adquirir ni la décima parte de la canasta alimentaria. Estamos cansados de usar todas las vías posibles a través del diálogo. Con este gobierno no hay diálogo”, aseveró la pensionada.
Rondón sufre de hipertensión arterial, enfermedad que no podría costear de no ser por el apoyo de sus hijos, ya que lo que devenga no le alcanza para comprar si quiera un mes de tratamiento.
“Cuando a mí me pagaron la pensión, 130 bolívares, me alcanzó para comprar un pan integral y un pan árabe”, zanjó.
Instructivo Onapre: la debacle de todos los beneficios
Los protestantes hicieron referencia al detrimento que ha traído para su calidad de vida el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un documento que modificó las interescalas salariales y rebajó el tabulador por el cual se regían las instituciones para pagar a los docentes.
Un profesor con 30 años de servicio, según el tabulador, cobraba 60% más del salario base, sin embargo, con la llegada del instructivo esta prima por antigüedad se redujo a solo 30%. Es debido a ello que, pese a que el salario mínimo aumentó, los docentes alegan devengar menos ingresos.
Durante 2022 hubo polémica en torno a esta temática, ya que el Tribunal Supremo de Justicia sentenció como inadmisibles tres demandas de nulidad contra el instructivo, calificándolo como “inexistente” y castigando con multas a quienes demandaran su revocación.
“Nos quitaron las primas que teníamos por hogar, especialización. Nos han quitado todo. Cobramos seis dólares que no alcanzan para nada. Es hora de decirle a este gobierno: ya basta. Esta lucha no se puede acabar”, expresó Rondón.
A la manifestación también acudió el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Unexpo (Sintraunexpo), Manuel Salazar, quien condenó las amenazas por parte de las instituciones educativas contra los docentes de despojarlos de sus puestos laborales si siguen protestando.
“No solo queremos aumento salarial, también queremos discusión de contrato colectivo. Solamente con mantenerse activo el Instructivo Onapre y el memorándum 2792, los contratos fueron desaparecidos y aplanados totalmente”, esgrimió Salazar.
