martes, 18 febrero 2025
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Douglas González: “Quienes reclamamos nuestros derechos somos los que terminamos presos”

El obrero, quien estuvo cuatro meses detenido, cuestionó la falta de instituciones autónomas que le permitan al trabajador defender sus derechos, alegando que las centrales obreras y los sindicatos ahora los dirigen funcionarios del Estado.

Cuatro meses permaneció detenido el sindicalista de CVG Venalum Douglas González, quien fue aprehendido en agosto de 2022, cuando se dirigía hacia Caracas a introducir una denuncia por el incumplimiento de las contrataciones colectivas en Bolívar. González declaró para Correo del Caroní que lo que provocó su arresto fue precisamente el reclamo constante por el cumplimiento de la ley y la pérdida de beneficios laborales.

Durante la semana del encarcelamiento del dirigente laboral, su abogado informó que este fue apresado por estar solicitado debido a que recaían sobre él los cargos de agavillamiento, incitación al odio, represión, desacato a la autoridad y obstaculización de la vía pública.

“A mí me acusaron y estuve solicitado supuestamente por impedir la carga de un barco que se encontraba anclado en el muelle de Venalum. Supuestamente no le permitimos la carga. Sin embargo, los cargos que me imputaron no tenían nada que ver con esa situación. Supuestamente este barco tenía que cargar cuatro mil quinientas toneladas de aluminio. Eso fue el 14 de diciembre de 2018. Para esa fecha, cuando sucedieron esos hechos, yo no estaba en planta. El tribunal dio orden de captura para mi persona, bajo el mismo recurso de amparo que tenían otros detenidos”, alegó González, quien asegura desconocía seguir estando solicitado.

Asimismo, el trabajador declaró que no hay coherencia entre los cargos que se le imputan y la presunta situación irregular con el navío.

“Por lo que se me estaba acusando no tenía nada que ver con la situación por la cual me solicitaron a través del recurso de amparo. Yo quiero que me digan de qué nacionalidad era ese barco, qué tipo de material iba a cargar, dónde estaba la orden de carga del barco y a qué hora llegó al muelle de Venalum. Porque si me van a acusar de haber impedido la carga de ese barco, todos esos datos deberían estar allá. No me pueden acusar bajo un supuesto”, expresó el obrero.

Durante 2018 se registraron numerosas protestas laborales debido a la firma del memorándum 2792. Como consecuencia, varios dirigentes sindicales fueron apresados por su participación en protestas laborales bajo cargos similares a los de González. Sin embargo, su detención responde a la vinculación que presuntamente tiene con los hechos ya relatados.

“Estuve un mes en Puerto Píritu. Nunca se me mezcló con los demás presos. Estuve aislado. Me permitieron llamar y comunicarme con mi familia. Mi abogado, el doctor Aguilera, fue parte fundamental de mi defensa. No aparecía mi expediente, ni las razones por las cuales estaba solicitado. Nunca hubo malos tratos, pero no me querían recibir en San Félix. Estuve detenido en Soledad (estado Anzoátegui) hasta que me trasladaron a Ciudad Guayana”, recordó el trabajador, quien destacó que no sufrió maltratos durante su encarcelamiento.

Criminalización a la actividad laboral

Las violaciones a la libertad y autonomía sindical son una constante en Venezuela, esto fue comprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la comisión de encuesta aplicada al país en el año 2018. En este sentido, la organización sugirió al Estado venezolano cesar con la persecución contra los líderes sindicales.

“Las convenciones colectivas fueron robadas. La gente de la Central Bolivariana ancló eso al memorándum 2792 y aplanó los tabuladores salariales. Hay persecución hacia los líderes sindicales, cada vez es más la persecución. Yo no soy ningún delincuente. Por reclamar mis derechos me metieron preso”, adujo González, quien afirmó que su arresto se debió a su actividad sindical más allá de cualquier otra situación.

Esas empresas del Estado tienen prácticamente una esclavitud moderna. Con la menor cantidad de trabajadores y mano de obra barata. Buscan que no existan prestaciones sociales y que el salario esté basado en puro bono para que no tenga incidencia en las prestaciones sociales”

“Los que hoy dirigen desde la Gobernación hacia abajo fueron sindicalistas que debían estar defendiendo los derechos laborales. Pero hoy los vemos que cobran y se dan el vuelto: son sindicalistas y son los jefes. ¿Cuál es la institución donde nosotros podemos tener nuestra autonomía? No respetar la autonomía sindical es algo delicado. Todos los sindicatos de las empresas básicas les metieron candado y los cerraron a todos. Entonces, ahora los de la Central Bolivariana de Trabajadores ahora son jefes, presidentes de las empresas, gobernadores, alcaldes… ¿Cómo tú explicas que los que debían defender los derechos de los trabajadores son quienes dirigen este estado?”, cuestionó el empleado.

Estas declaraciones hacen referencia al nombramiento para ocupar cargos públicos de trabajadores que pertenecían al movimiento sindical y, según las apreciaciones de los obreros, hoy defienden los intereses del patrono.

Entre ellos figura el nombre de Pedro Perales, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, quien también ejerce como secretario de Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación. Asimismo el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, también cuenta con trayectoria sindical debido a sus labores en CVG Alcasa.

Destrucción de los salarios dignos 

Para Douglas González, como para la mayoría de los trabajadores que hacen denuncias para este medio, la implementación del memorándum 2792 fue la debacle de la clase obrera de Guayana, toda vez que se pulverizaron los beneficios laborales que correspondían a los obreros.

Al respecto, Pedro Perales declaró para Correo del Caroní que la firma de este documento fue “necesaria” para hacer frente a la crisis originada por el bloqueo económico. A través de este memorándum se da la oportunidad a las empresas del Estado de incumplir con los compromisos que considere demasiado “onerosos”, en pro de proteger la fuente de trabajo en detrimento de la calidad de vida del trabajador.

“Esas empresas del Estado tienen prácticamente una esclavitud moderna. Con la menor cantidad de trabajadores y mano de obra barata. Buscan que no existan prestaciones sociales y que el salario esté basado en puro bono para que no tenga incidencia en las prestaciones sociales”, finalizó González.

El trabajador fue puesto en libertad bajo régimen de presentación mensual, el cual deberá cumplir por los próximos dos años.